28.2.24

El banco malo, rescatado con miles de millones de euros públicos, sigue siendo devorado por buitres y parásitos. La lista de sus exdirectivos que terminan anidando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB es demasiado larga, bajo la atenta mirada de los supervisores de turno, Banco Central Europeo (BCE) incluido

 "El caso más reciente es el de la ex número dos del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2], el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].

Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB, concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.

Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7]. Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].

Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión especializada de las viviendas en las que residen las familias vulnerables”.

Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.

Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva” [11].

Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de 2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al consejo de Administración del Banco Santander [12]. Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios valorados en 41.200 millones de euros [13].

La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”

La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].

A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [15]). Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].

“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].

Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre”. [19]

SAREB

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’, fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE (Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas.

En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000 activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público. Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300 millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial.

En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas, lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182 millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021.

En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’.

FROB

El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su participación en SAREB.

Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR).

El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública."                (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)

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