Su clientelismo se ha fraguado a lo largo de un sistema de concesión de pequeños favores y de un conocimiento muy preciso del ordenamiento territorial de Castellón, plagado de pequeños municipios donde sólo ocho ciudades superan los 20.000 habitantes (88 pueblos tienen menos de mil). "Su padre, a quien también llamaban Don Carlos, hizo parte del trabajo durante los últimos años del franquismo. Por entonces, era usual que todo pequeño alcalde se desplazara a la capital a pedir un favor de Don Carlos. Era el paso necesario para solucionar pequeños problemas", dice un ex alcalde. (...)
Los pequeños favores han llegado a extremos muy personales, desde un puesto de trabajo (entre sus 35 asesores en la Diputación hay ex alcaldes, primos, hijos, hermanos de cargos de la provincia, sin considerar empleos en sociedades públicas, patronatos y concesiones) hasta una subvención, pasando por un trato exquisito en el Hospital Provincial, dependiente de la Diputación. "Mi madre se encontraba muy enferma y llamé a Don Carlos. Me dijo que no me preocupara y a los dos días estaba ingresada en una habitación para ella sola", cuenta una ciudadana. "Ése es el tipo de favor menor que angustia mucho a la familia y produce una enorme gratitud", explica un político de la oposición.Carlos Fabra se convierte así en el Gran Conseguidor que todo lo puede: el pequeño favor para el modesto ciudadano y la recalificación multimillonaria para el empresario, el puesto de trabajo por un lado y un aeropuerto para Castellón por el otro. (...)
Fabra ha tenido la habilidad de adaptar este sistema clientelar a la política actual para conseguir actuar como un cacique dentro de un sistema democrático de partidos. Ése ha sido su éxito hasta el momento y quizá el origen de su declive. Dotado de don de gentes, de una extraordinaria memoria y de una capacidad de trabajo sobresaliente, ha tejido una red impenetrable en Castellón que no escapa a su dominio y que envuelve al propio Partido Popular. Todos cuantos intentos hicieron tanto Eduardo Zaplana como, actualmente, Francisco Camps para infiltrar gente afín en cargos de la provincia han fracasado, de manera que Fabra se ha convertido en elemento decisivo para inclinar cualquier balanza en la lucha por el poder en la Generalitat valenciana. (...)
Durante 1999 se registran en sus cuentas ingresos en efectivo por un importe cercano a los 600.000 euros cuya procedencia Fabra no pudo justificar ante la Agencia Tributaria, por lo que el organismo presentó contra él una denuncia por delito fiscal. Los ingresos en efectivo se realizaron en 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como autorizado. Con la declaración de la renta que presentó a Hacienda en 1999, el erario público le devolvió cerca de 3.000 euros. Una declaración que resultó negativa tras haber declarado cerca de 73.000 euros como ingresos del ejercicio.
Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. Fabra pagó un total de 131.000 euros como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 euros, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos. Además, la documentación que la policía judicial y los peritos han recopilado en los bancos durante los últimos días desvela la existencia, entre 1999 y 2004, de seis millones de euros sin justificar.
El caso tiene su origen en un asunto donde se mezclan las relaciones personales y el sistema de favores. Diríase que el Gran Conseguidor fue traicionado. Vicente Vilar y su esposa, Monserrat Vives, formaban parte del círculo privado de Fabra. Las respectivas mujeres llegaron a ser socias en la mercantil Artemis 2000. Vilar tenía una empresa de productos fitosanitarios, Naranjax, y le pidió a Fabra que acelerara la concesión de autorizaciones para su distribución a través de sus amistades en los ministerios de Agricultura y Sanidad durante el Gobierno de Aznar. Los documentos que forman parte de la instrucción demuestran cómo no sólo Carlos Fabra, sino más diputados y senadores populares, se interesaron por la situación en la que se encontraban las autorizaciones de Vilar. Presuntamente, Vilar pagó algunas cantidades a Fabra por dichos favores.
El "negocio" se rompió a causa de las desavenencias conyugales de la pareja Vilar. Su mujer le denunció por violación y Fabra la apoyó. La venganza de Vilar se convirtió en una denuncia: llevó documentos al juzgado y contó detalles de las gestiones realizadas. El caso sigue abierto desde entonces y ha colocado a Fabra ante la opinión pública española. (El País, Domingo, 05/10/2008, págs. 2 a 5)
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