"Las autoridades hondureñas detuvieron al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández el martes para enfrentar una potencial extradición y cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Es el colofón de una espectacular caída para uno de los hombres más poderosos de Centroamérica.
“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo”, dijo Hernández en un mensaje de audio publicado en su perfil de Twitter a las 5:00 a. m. del martes.
“Estoy listo para llegar a presentarme voluntariamente y defenderme de acuerdo a la ley”, dijo en otro mensaje de Facebook poco después.
Los fuegos artificiales explotaron en Tegucigalpa, la capital hondureña, casi inmediatamente después de que las autoridades sacaran a Hernández de su casa, y alrededor de cien manifestantes se reunieron cerca de su residencia para celebrar su detención. El expresidente es profundamente impopular, y lo acusan de permitir que el crimen organizado y la corrupción penetren en los niveles más altos del poder, manteniendo a Honduras como uno de los países más pobres y violentos de América Latina.
“Se hizo justicia para Honduras”, dijo Ana María Torres, una estudiante universitaria que vino a deleitarse con el arresto de Hernández. “Dejó destruido el país y ahora se lo llevan los gringos para que pague por narco”.
Camiones de policía y camionetas SUV negras con vidrios polarizados rodearon su casa la noche del lunes, solo minutos después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país reveló que habían recibido de Estados Unidos una solicitud de extradición de un político. El martes en la mañana, Hernández recibió a las autoridades en su casa y fue detenido.
La solicitud de extradición, presentada por la Corte Suprema de Honduras y vista por The New York Times, asegura que Hernández participó en una “conspiración violenta de narcotráfico” que desde 2004 había transportado 500 toneladas de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia con destino a Estados Unidos, vía Honduras. El documento asegura que Hernández recibió millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar los envíos y proteger a los traficantes de ser procesados.
El hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Otro traficante convicto de cocaína, Geovanny Fuentes, quien implicó al expresidente en el comercio de drogas, recibió una sentencia similar la semana pasada.
Se espera que Hernández sea presentado ante el tribunal el miércoles. En el pasado, ha negado todas las acusaciones relacionadas con drogas y ha dicho que las grabaciones de voz no especificadas realizadas por la Administración de Control de Drogas estadounidense demuestran su inocencia.
No está claro si Hernández será extraditado a Estados Unidos ni cuándo sería ni tampoco si será acusado de crímenes en su país. Se espera que la Corte Suprema de Justicia de Honduras se pronuncie sobre la solicitud de extradición.
El juez de la Corte Suprema de Justicia que se designó el martes para atender el caso de Hernández está afiliado al partido del expresidente y tiene antecedentes de absolver a sospechosos en casos de corrupción, indicó Gabriela Castellanos, líder del Consejo Nacional Anticorrupción, un organismo independiente creado por el Congreso.
Honduras, que depende intensamente de la asistencia estadounidense, jamás ha rechazado un pedido de extradición de Estados Unidos, dijo Marlon Duarte, abogado residenciado en Tegucigalpa que ha participado en cinco casos de extradición. Lo que no tiene precedentes es un caso en contra de un presidente reciente y Hernández conserva apoyo considerable en el poder judicial, dijo.
La batalla legal que decidirá el futuro de Hernández podría prolongarse durante semanas o incluso meses, dijo Duarte.
“Estamos poniendo a prueba las instituciones del país”, dijo. “Estamos a punto de ver si el sistema judicial es parte de la misma estructura criminal de la que se acusa haber creado al presidente”.
La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, había acusado a Hernández de convertir al país en una “narco dictadura”. En noviembre obtuvo la victoria electoral con la promesa de transformar el sistema de corrupción e impunidad que prosperó durante la presidencia de Hernández y que contribuyó al éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos.
Aunque la detención de Hernández parece mostrar la determinación de Castro para perseguir a los opositores corruptos, sus acciones iniciales han sembrado dudas sobre la lucha contra la cultura más amplia de corrupción. Sus aliados en el Congreso aprobaron una ley que efectivamente otorgaría inmunidad a los miembros del gobierno de su esposo y expresidente, Manuel Zelaya. Y Castro ha designado a varios miembros de su familia para que trabajen en su gobierno.
La extradición de Hernández sería una importante victoria en política exterior para el gobierno de Biden, que ha luchado por ejercer influencia en Centroamérica y cumplir su promesa de reducir la corrupción en la región para ayudar a detener la migración.
Es probable que el destino del expresidente hondureño sea seguido de cerca en países vecinos, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyos líderes han desmantelado las instituciones anticorrupción, a pesar de las protestas de Estados Unidos, y cuyos círculos internos han estado implicados en escándalos de corrupción.
Hernández es impopular en Honduras, sin embargo, a muchos les sorprendió cuán rápido fue detenido. Es miembro del Parlamento Centroamericano, lo que técnicamente le otorga inmunidad judicial, y su partido político sigue siendo una fuerza importante en el congreso de Honduras.
“Este es el primer paso fundamental en la lucha iniciada por los ciudadanos contra un sistema de impunidad en Honduras”, dijo Josué Murillo, analista político hondureño y jefe de país de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una organización sin fines de lucro que se enfoca en los derechos humanos.
Pero Murillo dijo que el país no puede avanzar hasta que la justicia deje de ser un arma política utilizada para atacar a los opositores del gobierno. La posible extradición de Hernández, agregó, demuestra que el sistema judicial del país muchas veces es incapaz de castigar los crímenes cometidos por los poderosos.
“La justicia está contaminada por la corrupción”, dijo. “Necesitamos reformarla urgentemente para despolitizarla”.
(Joan Suazo informó desde Tegucigalpa y Anatoly Kurmanaev desde Oaxaca, México. Oscar Lopez colaboró con reportería desde Ciudad de México. The New York Times, 15/02/22)
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