La jueza de Vilagarcía y el fiscal especial antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, coordinaron el operativo en el que se han intervenido 58 inmuebles, valorados en más de 12 millones de euros, y bloqueado unos tres millones de euros en varias cuentas en entidades suizas.
Los hermanos Manuel, Óscar, Melchor y Teresa Charlín Pomares, así como la hija de esta última, Natalia Somoza, y la de Josefa, todavía en prisión, Noemí Outón, fueron detenidos junto a otras seis personas presuntamente vinculadas. Entre ellos figura un conocido constructor y empresario de Vilanova de Arousa, Ramón Rodríguez Paz, y uno de sus hijos, así como un supuesto testaferro de Los Charlines, el abogado Adán Allo, de A Illa de Arousa, pero con despacho profesional en Pontevedra.
El objetivo de la investigación era detectar el patrimonio oculto de la organización que le ha podido permitir recuperar bienes embargados por la Justicia pujando en las subastas. El caso del cocedero Sochar, SL, por el que pagaron 800.000 euros, fue una de las primeras pistas.
En esta puja participó Teresa Charlín, el único miembro de la familia que fue absuelta por el Tribunal Supremo de blanqueo de dinero. Ella dio las indicaciones necesarias a su hija Natalia Somoza para que hiciera las ofertas. Precisamente el nombre dado a la operación, Repesca, hace alusión a la recuperación de los bienes ocultos que la familia evadía del embargo judicial.
Los agentes han constatado un presunto delito de alteración del precio en concursos públicos y subastas cometido por miembros del grupo que, valiéndose del poder que Los Charlines tienen en la zona, se presentaban a subastas para la compra de bateas, previa advertencia a los vecinos de la comarca para que nadie acudiese o lo hicieran sin pujar.
El abogado y testaferro detenido era administrador aparente de una sociedad para el blanqueo de dinero, junto a varios empresarios vinculados a los negocios de marisco y pescado. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal y alteración del precio en concursos públicos y subastas. El constructor, Ramón Rodríguez, estaría imputado, además, por un delito de estafa. Intervenciones telefónicas en esta investigación permitieron descubrir que las deudas que en su día reclamó el empresario a Teresa Charlín, por la vía judicial, eran un montaje de ambos.
Con este golpe a Los Charlines, el Estado podría recuperar el patrimonio que le fue decomisado a la familia en virtud de una sentencia de 2004, revocada tres año después por el Supremo. El alto tribunal sólo decretó el embargo de los bienes si no se hacían efectivas las multas por delito fiscal, lo que permitió a Los Charlines recuperar su emporio." (El País, ed. Galicia, Galicia, 07/07/2010, p. 1)
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