"No
es un secreto que los cárteles mexicanos de la droga han corrompido,
durante décadas, a las autoridades con dinero sucio. Sin embargo, a
pesar de lo grave de la corrupción, el juicio en Nueva York de Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga conocido como el Chapo, ha sugerido que el lodazal de sobornos es mucho más profundo de lo que se pensaba.
En
dos meses de testimonios, se ha relatado que casi todos los niveles del
gobierno mexicano están involucrados en el narcotráfico: custodios de
las prisiones, funcionarios de aeropuertos, policías, fiscales,
tasadores de impuestos y personal militar han estado involucrados, según
testimonios.
Un
general retirado del ejército, Gilberto Toledano, fue acusado hace poco
de recibir pagos de 100.000 dólares para permitir el tráfico de drogas a
través de su distrito.
Incluso se sospechó que el arquitecto de la guerra del gobierno contra Guzmán y sus aliados —Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública— recibió portafolios llenos de efectivo proveniente del cártel.
Los
fiscales federales han acusado a Guzmán, antiguo líder del Cártel de
Sinaloa, de ser parte de una empresa criminal de manera ininterrumpida
al transportar más de 200 toneladas de heroína, cocaína y marihuana por
toda la frontera de Estados Unidos desde la década de los ochenta hasta
su arresto en México hace dos años.
Para
demostrar su argumento, el gobierno planea llamar como testigos a por
lo menos dieciséis de los subordinados y aliados del capo, algunos de
los cuales fungieron como encargados de entregar el dinero de los
sobornos.
Aunque los relatos de violencia
han sido comunes en el juicio (que ha estado en pausa durante las
fiestas decembrinas), los testimonios de sobornos han sido aún más
extensos.
A
los miembros del jurado les han dicho que Guzmán ha participado en el
negocio de la corrupción desde los inicios de su carrera. A finales de
la década de los ochenta, según han dicho los testigos, comenzó a enviar
millones de dólares al primer funcionario en su nómina: Guillermo
González Calderoni, exdirector de la Policía Judicial Federal de México.
González
Calderoni, quien creció en parte en Texas, terminó por convertirse en
un funcionario legendario en México, quizá mejor conocido por haber
ayudado a las autoridades estadounidenses a resolver el caso de Enrique
Camarena Salazar, un agente de la Administración de Control de Drogas
(DEA) que fue capturado, torturado y asesinado por traficantes en 1985.
Sin embargo, en cuestión de dos años, de acuerdo con pruebas presentadas
en el juicio de Guzmán, el funcionario de la policía ya aceptaba
sobornos del cártel.
Miguel
Ángel Martínez, uno de los testigos, les dijo a los miembros del jurado
que González Calderoni le daba a Guzmán información secreta casi a
diario, incluyendo una valiosa pista sobre el sistema de radares que el
gobierno de Estados Unidos había construido en la península de Yucatán
para rastrear vuelos con cargamentos de droga provenientes de Colombia a
principios de la década de los noventa.
Martínez
también testificó que González Calderoni alguna vez le informó a Guzmán
que las autoridades mexicanas habían descubierto un túnel de
contrabando que había cavado debajo de la frontera con Arizona. Antes de
que la policía organizara una redada en el túnel, Guzmán pudo sacar un
enorme cargamento de cocaína.
No
obstante, a pesar de lo útil que fue para la operación del capo, la
vida de González Calderoni terminó de manera violenta. En 2003, un
sicario se acercó a su Mercedes plateado, estacionado en una calle de
McAllen, Texas, y le disparó en la cabeza. Las autoridades nunca
identificaron al asesino.
México no es el único país cuya reputación ha resultado mancillada en el juicio. El mes pasado, Juan Carlos Ramírez Abadía,
uno de los proveedores colombianos de Guzmán, apareció en la Corte
Federal de Distrito en Brooklyn y admitió haberles pagado a muchas
personas, desde periodistas hasta funcionarios fiscales en su país.
Ramírez,
antiguo dirigente del Cartel del Norte del Valle, les dijo con calma a
los miembros del jurado que toda un ala de su organización se dedicaba a
repartir los pagos. “Es imposible ser el líder de un cartel de la droga
en Colombia sin estar involucrado en la corrupción”, explicó. “Van de
la mano”.
La
lista de los que recibieron su dinero era impresionante: guardias de
prisiones, agentes fronterizos, abogados y varios funcionarios de la
Policía Nacional de Colombia.
Ramírez
fanfarroneó desde el banquillo de los testigos que en 1997 gastó más de
10 millones de dólares en sobornos para que todo el congreso colombiano
cambiara las leyes de extradición del país a su favor. También afirmó
haber pagado hasta 500.000 dólares a Ernesto Samper, expresidente de
Colombia, cuando fue candidato a la presidencia.
Incluso quienes trabajan en el sector privado, han dicho testigos, aceptaron efectivo de los carteles.
Hace
unas semanas, los miembros del jurado se enteraron de que Guzmán había
llegado a un acuerdo con una firma de banquetes colombiana para
transportar a hurtadillas cocaína por el aeropuerto de Bogotá y burlar a
los agentes de seguridad, para después subir los cargamentos a aviones
de la aerolínea venezolana Aeropostal. Cuando los aviones llegaron a
Ciudad de México, según se informó a los miembros del jurado, una
tripulación de empleados corruptos trasladaba la droga a camiones del
cártel.
Jorge Cifuentes Villa,
un traficante colombiano que también le envió cocaína a Guzmán, hace
poco testificó que, durante su carrera, lavó hasta 15 millones de
dólares en ganancias del narcotráfico a través de una empresa corrupta
de tarjetas de débito.
Cifuentes
también dijo que alguna vez le pagó a un gemólogo para certificar de
manera fraudulenta que había esmeraldas en una mina en la que había
invertido y que estaba usando como tapadera para la operación de
narcotráfico.
El jurado no ha escuchado algunas de las pruebas más atroces de corrupción, y probablemente jamás lo hará.
En
noviembre, por ejemplo, uno de los exjefes de operaciones de Guzmán,
Jesús Zambada García, se preparó para revelar que dos presidentes
mexicanos —que no fueron nombrados— habían aceptado sobornos enormes del
cártel. Sin embargo, el testimonio fue suprimido antes de que pudiera escucharlo el juez Brian M. Cogan, quien determinó que avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”.
No obstante, quizá se mencionen más testimonios de sobornos.
En
su declaración de apertura, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de
Guzmán, les prometió a los miembros del jurado que un testigo que aún no
se había presentado en el juicio, César Gastélum Serrano, podría hablar
de sobornos —si así se lo pedían— que recibieron candidatos
presidenciales en Guatemala y también de haber sobornado a un presidente
de Honduras.
Después
hubo otro posible testigo, Dámaso López Núñez, uno de los principales
subordinados de Guzmán, quien al parecer tenía a miembros de la Marina
mexicana, a funcionarios de inteligencia y a políticos locales en su
nómina.
“No hay ninguna parte del gobierno mexicano ni del sistema judicial que Dámaso no haya controlado”, dijo Lichtman." (Alan Feuer, The New York Times, 03/01/19)
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