20.11.12

Felip Puig cobró 250.000 euros del Palacio de la Música. Los Mossos d’Esquadra pudieron ocultar o destruir, directamente, pruebas del ‘caso Palacio de la Música’ que tenían relación con CiU

"No solo las familias de Pujol y Mas aparecen en el borrador del informe policial ligado al caso Palacio de la Música, también Felip Puig, actual consejero de Interior de la Generalidad y ex consejero autonómico de Política Territorial y Obras Públicas (2001-2003) y de Medio Ambiente (1999-2001), está implicado en el posible caso de corrupción que rodea a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detallado en su informe interno, que ha publicado estos días El Mundo y este lunes apunta a Puig, que entre la documentación intervenida al que fuera responsable del Palacio de la Música y saqueador confeso, Fèlix Millet, se han encontrado anotaciones de ‘pagos a FP’. Según la policía, estas iniciales corresponden con el actual miembro del Consejo Nacional de CDC Felip Puig.

¿Cómo supone la policía que las siglas FP corresponden a Puig? Junto a la nota figura la dirección del domicilio particular del consejero de Interior. En los archivos intervenidos a Millet figura la siguiente frase textual: ‘Llevar 250 en efectivo a su casa en el Golf de Vallromanes’.

Según ha recordado el diario de Unidad Editorial, no es la primera vez que Puig se ve salpicado por el supuesto pago de comisiones ilegales. Un pariente lejano suyo, José María Penín, llegó a declarar en otro procedimiento que el político de CiU estaba al corriente del pago de comisiones en la empresa de construcción Adigsa de la Generalidad, dependiente de su departamento cuando era responsable de Obras Públicas.
 
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha dedicado un apartado de su informe interno a detallar el ‘pago de comisiones’ a CiU y a sus principales líderes. Tras subrayar que estas se canalizaban a través del Palacio de la Música y que ascendían al 4% del montante total de las obras adjudicadas (‘el 2,5% revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalidad y el 1,5% restante servía para pagar gastos, comisiones y colaboraciones de Fèlix Millet [...] así como a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos y/o de sus familiares directos más allegados’), describe algunas de las pruebas documentales existentes.

La UDEF ha señalado que ‘gestiones practicadas señalan que dichas iniciales podrían corresponder a Felip Puig, actual consejero de Interior de la Generalidad’. Los agentes llegan a esta conclusión después de constatar que ‘coinciden dichas iniciales con su nombre, así como los datos de la dirección que consta como su domicilio particular‘.
Salpicado por el caso Adigsa

Puig es uno de los hombres de confianza del presidente autonómico en funciones y candidato a la Presidencia de la Generalidad, Artur Mas. El consejero autonómico ya se vio salpicado por el escándalo desatado después de que Pasqual Maragall (PSC) denunciase en el Parlamento autonómico, durante el periodo en el que este fue presidente autonómico, que el problema de CiU era ‘el 3%’.
 
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona que investigó entonces el caso acreditó que un constructor pagó, en 2003, una comisión de hasta el 20% a la empresa pública de construcción de la Generalidad, Adigsa, por adjudicar la rehabilitación de viviendas sociales.

Penín, uno de los imputados en este caso, declaró ante la Fiscalía que tanto el entonces responsable del ramo, Felip Puig, como Oriol Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, actualmente número dos de CDC, estaban al corriente de esta operativa. Luego, Penín se desdijo. La policía concluyó que Puig ‘debía de tener información de actividades de Penín como colaborador de Adigsa, al menos por dos fuentes diferentes’.

¿Los Mossos escondieron o borraron pruebas?

Por otro lado, según ha informado también El Mundo, la Brigada de Blanqueo de Capitales asegura en su informe interno haber ‘detectado irregularidades en lo referido a la custodia de algunos documentos requisados’ durante los registros del caso Palacio. Según sostiene la Policía Judicial, los Mossos d’Esquadra procedieron a ocultar o directamente a destruir pruebas clave para la investigación.

El borrador policial ha puesto como ejemplo de estas prácticas el hecho de que se eliminara un archivo en el que la directora financiera del Palacio de la Música aludía a un pago al hijo de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Esta anotación precisaba que dicha entrega se había realizado ‘en efectivo’ y añadía que había sido comunicada ‘a su padre, como siempre’.

Asimismo, los agentes han denunciado que los Mossos no incorporaron ‘a la masa documental del sumario’ un anónimo enviado el 24 de noviembre de 2011 que relataba el ‘entramado societario’ controlado por el padre de Artur Mas en Liechtenstein para recibir comisiones de las que, apuntaba este mismo documento, una ‘parte’ era desviada al propio presidente de la Generalidad, ahora en funciones.

‘En un principio la investigación, así como todos los registros [del denominado caso Palacio que investiga el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona] se adjudicaron a los Mossos d’Esquadra, detectándose irregularidades en lo referido a la custodia de algunos documentos requisados durante los registros e incluso la sorprendente destrucción de algún soporte que, a pesar de todo, pudo ser recuperado’, ha señalado el borrador de la UDEF.
 
Sin embargo, aunque uno de los archivos aparecía como borrado, se ha podido recuperar el archivo que se intentó hacer desaparecer. La UDEF ha detallado lo que aparecía en su interior: ‘Pendiente de pago el 20% de lo asignado a Palacio, a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual‘. Junto a esta anotación, otra: ‘Su padre ya ha sido informado como siempre’.

Este y otros archivos son, a juicio de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, ‘algunos de los documentos encontrados durante los registros practicados por los Mossos d’Esquadra que, sin embargo, no se incorporaron en su momento a la masa documental del sumario abierto por tal causa’.

En este mismo sentido, la Policía Judicial ha hecho referencia a una carta ‘con fecha de matasellos de 24 de noviembre de 2011, coincidiendo con la mayoría absoluta que el PP había obtenido en las elecciones generales’, que también habría sido escondida al juez instructor del caso Palacio, Josep Maria Pijuan, y que ha señalado que el informe que salpica a las familias de Pujol, Mas y ahora a Felip Puig no está en su poder.

‘Según testimonios de los Mossos d’Esquadra, se había recibido junto con una carta explicativa, una muy detallada documentación que contenía una serie de entramados societarios, que decían corresponder a la familia Pujol, así como a las comisiones que el padre del actual presidente [autonómico] Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que según se señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo‘, ha apuntado el borrador del informe.

En relación a este documento, los agentes de la UDEF han dejado escrito que ‘no ha tenido conocimiento ni esta unidad policial ni menos aún su señoría, aunque existe la promesa de entrega de la misma por parte de alguno de los Mossos d’Esquadra integrantes del dispositivo del registro que no están conformes con la decisión de sus mandos políticos de detraer dicha documentación del conocimiento de la autoridad judicial’.

‘Desean colaborar en la investigación’

Finalmente, se apunta que ‘actualmente en proceso se encuentra la verificación de una serie de documentos entregados, así como datos facilitados voluntariamente por una serie de personas, en algunos casos muy vinculadas políticamente con CiU y en otros, que colaboraron transportando dinero en efectivo a Andorra y Londres y que dicen sentirse engañados’.

Pero también señalan a ‘otros colaboradores que por tener la impresión de no habérseles cumplido sus compromisos pactados, desean colaborar en la investigación y en alguno de estos casos podrían incluso declarar en sede judicial, siempre y cuando se les garantizara su seguridad y, en todo caso, pudieran tener la consideración de testigos protegidos’.           (lavozdebarcelona.com, 19/11/2012)

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