"Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en
mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la
reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al
único designio de acabar judicialmente conmigo.
Todo conduce, de uno y
otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas
—el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la
financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con
creciente insistencia y claridad— de esta formación política como
estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión
territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.
La
consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el
procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y
obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia.
Hay
que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los
argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la
ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado,
incluso con menos garantías de las que yo empleé. (...)
A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias
que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a
este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran
conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a
tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o
Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes
ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes.
Unas
intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia,
por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que
persiguen.
Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a
este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que
instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho
que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el
aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en
una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro
gravísimo de la justicia.
Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen
ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la
acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo
único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción
popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un
determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre
una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o
coacción.
Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos
medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más
o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o
que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable
de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes.
Aunque para la
regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más
que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y
conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado
a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican
comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.
En este contexto se desarrolló la específica y especialmente
diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La
afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho
denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio
al principio de seguridad jurídica.
No fue ni siquiera una presunción,
sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una
tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las
reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis
defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la
celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos
instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano
Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable,
como mi defensa puso de manifiesto en su momento.
Si alguna duda tenía
de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese
momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que
dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El
resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia
suprema en la que ya no creo.
Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me
sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron
algunos de los magistrados que participaron en las causas que se
siguieron contra mí.
Que no se abstuvieran los magistrados que habían
participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas
en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la
escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a
la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías
necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los
bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos
ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento
Nacional.
No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con
la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha
ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no
constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de
inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había
cometido delito alguno." (Baltasar Garzón, 09/10/16)
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