"Funcionarios de la Consejería de Transportes denunciaron
hace más de seis años ante responsables políticos lo que les parecía, y
era, un evidente caso de corrupción: cómo el PP de Madrid desviaba
dinero público para pagar sus campañas electorales a través del 1%
destinado a publicidad en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores públicos, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas
de esta supuesta malversación desde 2009 y lo denunciaron ante los
responsables públicos. Presentaron esa denuncia por varias vías: a
través de documentos por escrito y de forma presencial en una reunión en
la que estuvieron presentes políticos y técnicos de la Administración
regional.
A principios de 2013, los funcionarios del
Gobierno regional que presidía Ignacio González enviaron una carta
denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras"
al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. La Junta
de Personal (una suerte de comité de empresa del funcionariado) aprobó
una segunda carta también dirigida al mismo consejero con copia a la
mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios.
También
mantuvieron una reunión con el entonces número dos
de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida, un
encuentro que adelantó infoLibre y cuyos detalles revela ahora eldiario.es.
Todas aquellas alertas fueron ignoradas. Hoy las malas
prácticas que estos funcionarios denunciaron, hace ya seis años, están
siendo investigadas por la Justicia. El juez Manuel García Castellón y
la Fiscalía Anticorrupción han puesto la lupa en una cláusula
administrativa que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González
incluyeron en los pliegos de los contratos públicos.
Esa cláusula
obligaba a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de
cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban
por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Ese dinero
finalmente acababa en el partido o en el bolsillo de dirigentes del PP,
según el último auto de García Castellón en el que imputa, entre otros, a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Ahora
dos documentos, que obran en poder de eldiario.es y que se reproducen
al final de esta información, demuestran que los trabajadores alertaron
de estas prácticas que consideraron cuanto menos “una inmoralidad”. La
primera carta fue registrada por la Junta de Personal en la Consejería
de Transportes el 4 de marzo de 2013.
La alerta se
produjo después de que los directores de obra manifestaran su miedo a
que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, ya que como
comprobaron, algunas de esas campañas de publicidad no se estaban
realizando y porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles
permiso por esos gastos.
"Nos extrañó mucho la forma
de enviar facturas a adjudicatarios de obras por parte de empresas que
nada tenían que ver en el contrato, que no habían sido revisadas ni
contrastadas por los funcionarios responsables de los contratos y que
desconocían su existencia", asegura a eldiario.es un director de obra de
la Consejería de Transportes de aquella época. “En ocasiones, se
llegaron a recibir dos facturas de sendas empresas por los mismos
supuestos trabajos efectuados. Ni los conceptos ni los precios ni las
cantidades habían sido objeto de control alguno”, añade.
En
el escrito remitido a la dirección política de la Consejería de
Transportes, la Junta de Personal manifestó que “este tipo de prácticas”
chocaban “de manera frontal” con el “buen hacer, con atención a las
leyes y sus reglamentos” de su trabajo y solicitaron el listado de las
empresas publicitarias elegidas a dedo por los gobiernos de Esperanza
Aguirre e Ignacio González, el importe total destinado a este objeto y
los criterios de contratación que se habían seguido para su elección.
Los trabajadores públicos pidieron también una reunión con el entonces
consejero de Transportes, Pablo Cavero.
En una segunda
carta aprobada por la Junta de Personal y que se dirigía también al
consejero, a la Mesa de la Asamblea de Madrid y a todos los grupos
parlamentarios representados en ella, los trabajadores públicos
manifiestan su preocupación por esta cláusula e insisten en las posibles
irregularidades. Los trabajadores públicos querían incluso que se
pusiera en marcha una comisión de investigación en el parlamento
madrileño.
"La falta de control nos parece sumamente
grave; en primer lugar porque no se puede exigir este pago de manera
directa y, aparentemente, sin mediar ningún tipo de gestión por parte de
los adjudicatarios, y en segundo lugar porque se atenta contra la
libertad de mercado. Dichas prácticas se vienen llevando a cabo, al
menos, desde el 2009 hasta la actualidad", detalla el escrito.
Los máximos
responsables de la consejería solicitaron entonces una reunión con los
funcionarios. El encuentro se produjo el 22 de abril de 2013, según
confirman a este periódico cuatro de los asistentes. Los trabajadores
públicos expusieron de nuevo sus dudas por el cobro del 1% que llevaba
produciéndose durante años. No asistió el consejero pero sí su
viceconsejero, Borja Carabante, que ocupa actualmente el cargo de
concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid que
preside José Luis Martínez-Almeida. Por parte del Gobierno regional
también estuvieron Matilde García Duarte, entonces secretaria general
técnica de la Consejería, y Eva García Camaño, subdirectora de personal
(cargo que continúa ostentando).
En representación de
los trabajadores asistieron Francisco Barrueco (secretario de la Junta
de Personal), José Luis Soria (vocal de la Junta de Personal), Federico
Millán (Vocal de la Junta de personal) y Mariano Martín (CSIF).
"La
reunión fue muy desagradable. Carabante la empezó diciéndonos que si la
Junta de Personal no tenía otra cosa de la que preocuparse que del 1%”,
recuerda en declaraciones a eldiario.es José Luis Soria. “Se puso a
gritar y negó que hubiera alguna irregularidad”, añade Francisco
Barrueco, secretario de la Junta de Personal. El encuentro se terminó
sin que los funcionarios lograran la información que habían solicitado,
recuerdan ambos. "No entiendo cómo Carabante no ha sido llamado a
declarar ni como testigo", afirma Soria.
“A raíz de
esa reunión esta práctica que se estuvo produciendo durante años se
terminó”, asegura Barrueco y otros funcionarios con los que ha
contactado este periódico. El edil del PP ha declinado hacer algún tipo
de valoración cuando este periódico se ha puesto en contacto con él para
recabar su versión, aunque ha admitido la reunión.
La
subdirectora de personal, Eva García Camaño, asegura a este diario que
no recuerda el encuentro: “Podría ser, no lo niego, pero no me acuerdo
de absolutamente nada”.
Por su parte, Matilde García
Duarte, secretaria general técnica de la Consejería de Transportes desde
enero de 2012 nombrada por el Gobierno de Aguirre hasta 2015, asegura a
este diario que tampoco la recuerda, aunque tampoco la niega: “Si hay
personas que me sitúan allí, será así". García Duarte defiende que al
poco de su llegada, la cláusula del 1% de eliminó de los pliegos de los
contratos, versión que coincide con la del funcionariado que recuerda
que la reunión con Carabante fue un punto de inflexión. Aunque los
motivos que esgrime la exsecretaria técnica de Transportes Matilde
García Duarte para poner fin a esas prácticas son distintos: “Al poco de
entrar yo esa cláusula se eliminó porque no tenía sentido. Estábamos en
plena crisis y suponía incrementar los presupuestos de las obras”.
Empresas elegidas a dedo por el PP
Las
empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran
escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran
los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga
la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos
hacia el Partido Popular. Fueron el Gobierno de Aguirre primero y
después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación
cobrarían ese porcentaje de la contratación pública. La Audiencia
Nacional acumula indicios de que en muchos casos el dinero acabó
financiando campañas electorales del PP o en cuentas personales de
algunos dirigentes populares.
Según detallan a
eldiario.es varios funcionarios de la Consejería de Transportes, la
persona encargada de comunicar el abono de estos conceptos era Arturo
Rodríguez Escribano, entonces asesor de Carabante y concejal de
Hacienda, Personal, Régimen Interno y Seguridad del Ayuntamiento de
Loeches. Rodríguez Escribano tenía un despacho en uno de los altillos
del edificio de la Consejería y era el que llamaba a las empresas
adjudicatarias para anticipar que otras empresas facturarían el 1%. Este
medio ha intentado ponerse en contacto con Rodríguez sin éxito.
Varios
contratos de diferentes consejerías están siendo fiscalizados, entre
ellos Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial,
García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las
arcas públicas a través de estos supuestos contratos de "publicidad
simulada" por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el
caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de
carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se
encuentra todavía en una fase preliminar. "Se investiga qué personas se
situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de
reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes",
recoge el último auto judicial del pasado 2 de septiembre." (Fátima Caballero, eldiario.es, 23/09/19)
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