"Los investigadores han descubierto un nuevo sistema
subterráneo de circulación del dinero negro con destino en la caja B del
Partido Popular de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre. Ese sistema,
según concluye la Guardia Civil en un informe del caso Púnica, incluía
legislar para facilitar que el dinero público de la publicidad
institucional atrayera otros fondos de empresarios en beneficio del
partido y sus campañas electorales de 2003 y 2007. Según el
procedimiento acordado, las empresas de Daniel Horacio trabajaban gratis
para el PP y cobraban de empresarios adjudicatarios de la
Administración autonómica.
"Con el objetivo de controlar desde la administración
autonómica de la CAM los recursos destinados a la publicidad y las
empresas adjudicatarias que realizarían esos trabajos, desde la
Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la CAM, dependiente
de la presidenta Esperanza Aguirre, se acutó sobre el marco normativo",
recoge el informe ordenado por el juez a la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil.
En
concreto, los agentes señalan la introducción de una disposición
adicional en la Ley de Presupuestos para 2006 relativa a la Contratación
de Publicidad, Promoción, Divulgación y Anuncios. El cambio otorgaba
todo el control del proceso a la Vicepresidencia y Portavocía que
ejercía Ignacio González, de tal forma que todos los organismos
autónomos de la Comunidad de Madrid, incluida su radiotelevisión
pública, deberían "solicitar autorización previa" de González para
contratar publicidad y certificarle los "abonos correspondientes", al
tiempo que le habilita para "desarrollar el procedimiento" como
considerase. La propia Vicepresidencia de Ignacio González dictó una
orden, la 4/2006, desarrollando el anterior texto legal.
Dicho y hecho, los agentes de la UCO plasman en su
informe las reuniones consecuencia de aquel cambio legal. "Sin poder
precisar la fecha exacta, se tiene constancia de la celebración de
varias reuniones de trabajo donde participaron, entre otros, los cargos
de la CAM, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados
(consejero de Presidencia y Justicia), Alberto López Viejo
(viceconsejero de Presidencia), Isabel Gallego (directora general de
Medios), Manuel Lamela (al frente de Sanidad) y el empresario Daniel
Horacio".
Sobre lo que se acordó en esas reuniones declaró
Manuel Lamela ante el juez. Dijo que "se impartieron instrucciones
precisas para que se incluyera a OVER (empresa de Horacio) en el
conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de
publicidad y comunicación. Este testimonio coincide con el del propio
empresario, quien en sede judicial afirmó que en esas reuniones se le
trasladó que sus "esfuerzos" en las campañas electorales citadas "serían
recompensados mediante la adjudicación de contratos públicos", recoge
el citado informe.
González y Granados, añadió Horacio, lo redirigieron a
distintos cargos de las consejerías de la Comunidad de Madrid para
cerrar los contratos y que del asunto de los pagos se encargaría una de
las figuras claves de la presunta financiación irregular del PP
madrileño, su gerente entonces, Beltrán Gutiérrez. Más adelante, el
empresario recibió instrucciones de quién pagaría las cuñas de radio,
publicidad en cabinas y faldones de prensa elaborados por sus empesas:
los pagadores serían "empresas constructoras adjudicatarias de contratos
de la Comunidad de Madrid".
La declaración del propio Daniel Horacio resultó
ilustrativa para los investigadores, que la reproducen en su informe.
"La Ley les marca un límite (a la administración), entonces cuando les
marca un límite en inversión, tienen que hacerlo por fuera, a este caso,
factura a una empresa Pepito que lo pague, porque de esa manera ellos
no pasan límite que les autoriza la ley para el gasto electoral. Pero
nosotros el servicio lo hicimos para el PP de Madrid, sólo que le
facturamos a un listado de empresas que ellos nos dieron, que son
empresas conocidas de ellos".
La Guardia Civil se incautó de un pendrive en el domilicio de Beltrán Gutiérrez
con los trabajos de los proveedores para el PP en 2007 y los más de
800.000 euros que se les debían. Un total de 88.708,68 correspondían a
Over. En este punto ejerce la figura de David Marjaliza,
el antiguo amigo de Francisco Granados sobre el que gira buena parte
del sumario de la Púnica. Es él quien abona 87.878,16 euros a Over, la
práctica totalidad de la deuda del PP con Daniel Horacio.
La publicidad de los hospitales de Aguirre
Otra línea de investigación de este sistema de
financiación para el PP se centra en su consejería de Sanidad y en las
obras de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Cuatro de
las empresas de Horacio fueron contratadas para las campañas de
publicidad y marketing para la construcción de esos hospitales y otros
centros médicos, que cobraron de constructoras y adjudicatarias. "Se ha
observado que los conceptos facturados, a juicio policial, no parecen ir
derivados a la publicidad e información de la obra, sino más bien a
encumbrar la gestión política que en materia de sanidad se estaba
realizando desde la Consejería de Sanidad de la CAM", dice el informe.
En los contratos para la construcción o renovación de
los edificios sanotarios se incluyó una cláusula en el presupuesto que
establecía que hasta el 1% se debería abonar por parte del contratista
en concepto de "publicidad e información de las obras del contrato. Los
pliegos, declararon los técnicos que los redactaros, eran tipo y ya
incluía la cláusula referida, procedentes de la Consejería de Sanidad.
Las empresas publicitarias eran indicadas por Presidencia de la
Comunidad de Madrid.
"La cláusula es, a juicio policial, contraria a
derecho y manifiestamente ilegal, y sirvió para el desvío de un
porcentaje del presupuesto del contrato con destinio al pago de
servicios impuestos desde la consejería de Sanidad", asegura la Guardia
Civil. Una de las constructoras, Dragados, ha admitido que la
contratación de Over le "fue aconsejada" por la Comunidad de Madrid." (Pedro Águeda, eldiario.es, 26/04/19)
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