"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha
confirmado la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo
buitre Azora-Goldman Sachs por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), llevaba a cabo durante el Gobierno del PP de Ignacio González.
La Sección Octava del TSJM rechaza en una sentencia, a
la que ha tenido acceso Efe, los recursos interpuestos por la Comunidad
de Madrid y el fondo Azora Gestión, y confirma la decisión judicial
adoptada en mayo de 2018, que anulaba la venta de las casi 3.000 viviendas por un valor de 200 millones de euros al fondo buitre.
En esa sentencia, la adjudicación que dictó el IVIMA
nunca fue debidamente "explicada ni justificada" y tampoco aprobada por
el Consejo de Administración de esta institución dependiente del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Esta consulta, según la sentencia, era un requisito
necesario en una venta de estas características, que supone "una
alteración de todo un programa de actuación" del IVIMA, al tratarse de
casi 3.000 inmuebles que cumplen la "función social" de proporcionar una vivienda a las clases más desfavorecidas.
Esta adjudicación fue emitida el 29 de agosto de 2013 por el IVIMA sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la trasmisión de la propiedad de sus viviendas.
Fue una de las afectadas, beneficiaria de una
reducción del alquiler del 90 por ciento de su vivienda en Navalcarnero,
que emprendió acciones judiciales ante el Juzgado número 29 de lo
Contencioso-Administrativo.
El TSJM confirma ahora esta decisión, y declara que la justificación de la "innecesariedad"
por parte de la Comunidad de Madrid de las 32 promociones que
conformaban estas viviendas "es imprescindible" para que pudieran ser
enajenadas.
La sentencia conocida este martes, fechada el 14 de
mayo y contra la que cabe recurso en un plazo de 30 días, menciona la
función social de estos pisos, y que el traspaso de las mismas a un
nuevo titular no obliga al fondo buitre a limitar un precio en los alquileres,
por ejemplo, respecto del precio de mercado, siendo inquilinos con
escasos recursos para acceder a una vivienda o por estar en riesgo de
exclusión.
Además, recuerda que el Gobierno regional "ha
prohibido la realización en lo sucesivo de operaciones de enajenación" y
cita a la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que permite la
enajenación de promociones completas salvo a la vivienda con protección
pública "cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid, que no
podrá ser objeto de transmisión a terceros distintos de los inquilinos o
sus causahabientes".
Esta actuación se realizó en paralelo a otra
operación similar llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en 2013
con Ana Botella al frente, y cuya investigación ha ordenado abrir la
semana pasada la Audiencia Provincial, puesto que a diferencia de la
venta del IVIMA, en este caso prosigue por la vía de lo penal ante un
posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos." (Público, 04/06/19)
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