"Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino y un notario corrupto se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades. Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez de instrucción 32 de Barcelona después de siete años de una costosa y laboriosa investigación que acumula más de 100 tomos y que ha dejado sin vivienda a 128 familias catalanas en la que se ha convertido en la mayor estafa inmobiliaria de España.
En el auto al que ha tenido acceso La Vanguardia , el juez deja a un paso del juicio a 17 personas –hay dos más en paradero desconocido y dos fallecidos en este tiempo– como presuntos responsables de la gran estafa. No la cuantifica, pero el montante del engaño es de varios millones de euros. Como líderes de una organización criminal, el juez sitúa al abogado y modelo de pasarela, Francisco Comitre; al notario –suspendido de funciones– Enrique Peña, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que, según el juez, se encuentran en paradero desconocido, pero es sabido que cumple condena por aquel asesinato en un correccional de Bangkok donde en un primer momento fue sentenciado a la pena capital que luego le fue conmutada por cadena perpetua.
La trama, liderada por estas tres personas, se apropiaba de viviendas de personas mayores, aprovechándose de sus necesidades económicas y de su incapacidad para entender el papeleo jurídico. Les hicieron firmar documentos notariales y de compraventa que resultaron ser engañosos para quedarse con sus propiedades. En el auto, el juez sostiene que los acusados realizaron “distintas operaciones financieras” “aprovechándose de la situación económica acuciante en la que se encontraban las víctimas y de su escasa formación”.
La estafa empezó con un anuncio en la prensa publicado a toda página en enero del 2013. “Rentas vitalicias para superar la crisis”, decía el eslogan. “Si tiene más de 65 años y un piso de propiedad consiga otra pensión”. Aquella publicidad ofrecía la posibilidad a personas mayores de hacer una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio, por el cual los propietarios cedían la propiedad pero seguían ostentando el disfrute de la vivienda–el usufructo– hasta que murieran a cambio de percibir una renta mensual. En aquella época en la que todavía se notaban las consecuencias de la crisis económica del 2008, hubo personas mayores que querían saldar sus deudas y otras que quisieron complementar su jubilación a cuenta de sus propiedades y que se vieron atraídas por aquella oferta.
Cuando estalló el caso en el 2014, la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya decidió personarse en la causa para ejercer la acusación particular contra los responsables de la trama que estafaba a ancianos porque uno de los supuestos líderes era el notario, Enrique Peña. El colegio, en una decisión sin precedentes, solicitó al Ministerio de Justicia la suspensión cautelar que finalmente fue aceptada en febrero del 2016. Desde entonces, este notario no puede ejercer. El colegio reafirma su compromiso con las víctimas y asegura que seguirá hasta el final para que se aclaren los hechos que son objeto de la investigación a fin de defender a los afectados y reafirmar la respetabilidad de su profesión.
Los estafadores se anunciaban con el nombre de Gestió Vitalícia, aunque después fueron creando hasta 42 nuevas sociedades con otros nombres pero que ofrecían productos similares. Cuando los ancianos llamaban a la empresa quienes les visitaban eran Comitre, abogado con buena presencia, y Segarra, comercial de buena labia y verborrea. Cuando debían elevar la escritura pública, los clientes eran siempre derivados al mismo notario, Enrique Peña, que tenía un despacho en la Diagonal de Barcelona, lo que a ojos de todo el mundo era sinónimo de respetabilidad. A los ancianos les hacían firmar un poder para cancelar las cargas– un trámite que siempre hace el banco–, y luego los estafadores utilizaban ese poder para vender la propiedad a una tercera persona, que era un testaferro de su misma trama.
Los ancianos “terminaban por firmar, sin conocimiento y sin ser debidamente informados de ello, las ventas de sus propiedades por un precio muy inferior al real valor de los inmueble”, establece el juez. Así, por medio de esta ingeniería jurídica, los abogados, notarios y demás miembros de la trama, entre los que también había abogados y oficiales de la notaría, lograban apoderarse de las viviendas de los ancianos, que en muchas ocasiones fueron obligados a abandonar sus casas. Y, por si fuera poco, por medio de los testaferros solicitaban una hipoteca para comprar la vivienda que después dejaban impagada
. En otras ocasiones, simplemente los clientes pedían un préstamo poniendo sus casas como garantía, pero en realidad firmaban la venta de sus domicilios. Estas eran las fórmulas del engaño que utilizaron en 128 ocasiones, aunque se sospecha que puede haber muchas más que no han podido demostrarse. Las viviendas estaban situadas en Catalu-nya, en la zona alta de Barcelona, Teià, Santa Coloma de Gramanet, Viladecans, Terrassa, Calella, Arenys de Munt, Vielha...
La causa estalló en el 2014, se denominó operación Cocoon y desde entonces las víctimas no han podido recuperar sus viviendas. Se encuentran paralizadas en el registro de la propiedad con órdenes de prohibición de disponer, lo que significa que nadie puede tocar la titularidad a expensas de lo que determine el proceso judicial, pero que en este caso sigue a nombre de los estafadores.
Este diario ha intentado contactar con algunas de las víctimas, pero la mayoría son personas de avanzada edad que no se encuentran capacitadas para hablar de lo que les ocurrió. Otras tantas han muerto, con lo que son sus herederos los que empujan para que los estafadores de sus familiares acaben condenados. A pesar de que hay más de un centenar de afectados, solo veinte familias han querido o podido personarse. “Es indignante lo que han tenido que vivir estas personas”, cuenta un abogado que prefiere mantener el anonimato.
“Las victimas son todas personas muy mayores, que no pueden entender cómo un proceso judicial pueda durar tantos años y que no puedan recuperar sus propiedades cuando ya se ha descubierto que fueron víctimas de una estafa. Están desesperadas, tristes y algunas con graves problemas económicos derivados de los hechos”, relata otra abogada que destaca la impotencia que sintieron las víctimas. “Nadie les creía, cada afectado denunció por su cuenta la estafa y jueces y fiscales archivaban sus denuncias porque confiaban más en la palabra de un notario que en la de una persona mayor humilde. No fue hasta que se destapó el caso que se pudio unir a todas las víctimas y comprobar que, efectivamente, todas habían sido victimas de gravísimas estafas perpetradas en una notaría de la Diagonal”.
Comitre pasó varios
meses en prisión preventiva y ahora sigue ejerciendo como abogado en el
turno de oficio. El notario Enrique Peña, que fue encarcelado, fue
suspendido a petición del Col·legi de Notaris de Catalunya." (Toni Muñoz, La Vanguardia, 05/12/21)
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