"Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del
Ministerio de Justicia al que el fiscal César Estirado -que investiga un
caso de presunta corrupción en Hoyo de Manzanares- intentó denunciar
por prevaricación, ha rectificado el trámite que firmó para poder
inscribir en el registro de la propiedad una finca fruto de un
recalificación ilegal aprobada por el Gobierno municipal, en manos del
Partido Popular.
La denuncia contra el director general
del registro y del notariado del Ministerio de Justicia la frenó el
Fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, quien
retiró de la querella redactada por Estirado, especialista en urbanismo
y responsable de la investigación, el nombre del mando del ministerio.
Finalmente, en el escrito firmado por el fiscal jefe de Madrid y
admitido a trámite por un juzgado de Colmenar Viejo se acusa de
prevaricación al alcalde de Hoyo, Ramón Regueira, del PP, y a siete
concejales -seis del Gobierno y una de Ciudadanos que completa la
mayoría- junto dos asesores municipales, a dos ediles también del PP de
la legislatura anterior y a dos arquitectos de la Universidad Antonio de
Nebrija, promotora del terreno sobre el que se pretendía levantar una
edificación de un centenar de viviendas pasando por encima de las
normativas urbanísticas.
La
implicación del alto cargo de Catalá en la causa de Hoyo de Manzanares
guarda relación con su decisión del mando de Justicia de inscribir la
finca en el registro de la propiedad después de que una funcionaria se
hubiese negado a hacerlo, alegando que la parcela incumplía no solo la
normativa urbanística municipal, también la Ley del suelo.
El alto cargo
del Ministerio dio la razón a la universidad privada, la promotora del
suelo, en el recurso que esta había planteado contra la resolución de la
registradora de la propiedad quien había dejado por escrito que el
Gobierno municipal de Hoyo de Manzanares había autorizado "una
segregación de un terreno que incumple el planeamiento municipal,
admitiéndolo claramente".
En la respuesta al recurso, el director
general de Justicia avaló la inscripción de la finca con el argumento de
que la legalidad de una parcela compete a las administraciones o a los
juzgados pero no debe ser enjuiciado por un registrador de la propiedad.
Ese razonamiento supuso que la parcela fuese inscrita, aunque
posteriormente la Comunidad de Madrid acabó tumbando ese desarrollo
urbanístico por vulnerar las normativas de suelo.
La urbanización nunca
se llegó a levantar pero el fiscal que estudió el caso a raíz de la
denuncia de un partido independiente, Unidos por Hoyo, que se había
escindido del Partido Popular, acabó incluyendo al cargo de Justicia
entre los querellados en el borrador de denuncia que nunca llegó al
juzgado.
La imputación del director general de
Catalá deberá volver a decidirla el Fiscal Jefe de Madrid, José Javier
Polo, después de que desde el nuevo Fiscal General del Estado, Julián
Sánchez Melgar, haya invalidado la junta de fiscales de Madrid
del pasado 30 de noviembre, en la que se abordó el asunto pero se
impidió votar a los fiscales, tal y como es preceptivo cuando un miembro
de la carrera invoca el artículo 27 para solventar su discrepancia con
la orden de un superior.
De momento, el alto cargo de Justicia ya
se ha corregido a sí mismo y ha rectificado su decisión en un escrito
remitido el pasado 3 de Noviembre a la agrupación de electores que
denunció la operación urbanístico y que ha sido incluido en las
diligencias judiciales que investigan esta presunta corruptela
urbanística.
En el escrito con membrete del Ministerio de Justicia y
firmado por el propio Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Gobierno
de Mariano Rajoy alega que cuando autorizó la inscripción de la finca no
contaba con toda la información de la que hoy dispone.
En ese documento que corrige su informe
anterior y ahora rechaza la inscripción de la polémica parcela, el
director general del Justicia subraya que en el momento de adoptar
aquella decisión se desconocía que la Comunidad de Madrid hubiera
rechazado el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Hoyo
ni que el Gobierno municipal hubiera desistido de cambiar la
calificación de la finca.
"Toda esta información complementaria, muy
importante sin duda, no pudo ser tenida en cuenta al por esta Dirección
General al resolver el recurso, puesto que no constaba en la nota de
calificación o porque fueron posteriores a la nota de calificación",
escribe ahora el mando de Justicia, quien subraya que la única cuestión
resulta en julio de 2016 a la hora de autorizar el registro fue "la duda
fundada y razonable sobre la viabilidad de dicha segregación".
La marcha atrás del alto cargo de
Justicia en ese documento al que ha tenido acceso eldiario.es se conoce
solo nueve días antes de que los 211 fiscales de Madrid deban votar
(el próximo 10 de enero) sobre la decisión del fiscal jefe provincial
de apartarlo de la denuncia.
La opinión de la mayoría no es vinculante
para el responsable de la fiscalía en Madrid que puede imponer su
criterio. Y de momento, Polo ha repetido que no ve razones para
investigar al director general del Gobierno en el asunto de Hoyo de
Manzanares." (José Precedo, eldiario.es, 01/01/18)
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