"Dolores Ripoll, abogada del Estado, tuvo en 2016 su minuto de fama cuando intervino en el caso Nóos y defendió a la infanta Cristina de la acusación de Manos Limpias: “El lema ‘Hacienda somos todos’ se limita al ámbito de la publicidad”, señaló en referencia a que solo la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, podía acusar en nombre de la Agencia Tributaria. Ripoll se encuentra hoy investigada por las concesiones sospechosas en los Puertos de Baleares, un caso que ha levantado un polvorín en su departamento, ya que fue un subordinado de esta abogada del Estado quien primero se plantó, en 2018, contra una de esas decisiones.
La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma reventaron en agosto de 2020 el negocio de las concesiones portuarias en Baleares cuando estas empezaban a caducar, y cuando el intento de la competencia por gestionar clubes náuticos se topó con la oposición de las islas. Había consenso político para prorrogar a favor del mismo adjudicatario el Club Náutico de Ibiza (CNI), cuya primera concesión se remonta a 1927, o la del Club Náutico de Palma. Son entidades arraigadas en la sociedad balear y los partidos quieren que todo siga igual con el argumento de que tienen un fin social. Las empresas que aspiraban a obtener esa concesión de Ibiza recurrieron y ganaron en la vía contenciosa, pero al seguir encontrando obstáculos para hacerla efectiva, entró la Fiscalía a investigar en la jurisdicción penal.
La semana pasada, la jueza Martina Mora levantó parte del secreto de sumario de la adjudicación de Ibiza: “No fue el resultado de la aplicación de los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y legalidad que han de presidir la contratación pública, sino que se trató de una decisión arbitraria, injusta y apartada de la legalidad”.
La jueza investiga a Juan Gual de Torella, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, que dimitió por este caso y es considerado próximo a la presidenta Francina Armengol (PSOE). Pero también incluye a la abogada del Estado Dolores Ripoll, asesora jurídica del consejo de administración de la Autoridad Portuaria cuando se otorgaron las concesiones. Aunque no decidió nada, sí redactó los informes jurídicos en los que se basó la adjudicación. La jueza señala que los cargos investigados contaron con “el respaldo imprescindible y concertado de Ripoll y los responsables del Club Náutico de Ibiza (además de otros miembros del consejo de administración y autoridades políticas) para que fuera este club y no otro quien siguiera explotando la dársena”. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de Ripoll.
Los criterios para adjudicar la concesión primaban el arraigo, de una manera que la adjudicación solo podía recaer en el Club Náutico de Ibiza (CNI). Los pliegos valoraban este mérito con el doble de puntos que la suma de todos los demás. La justicia falló que la inclusión de dicho criterio suponía una “adjudicación directa encubierta”, y que se vulneraba el principio de igualdad.
La jueza señala que la abogada del Estado fue la ideóloga de esas cláusulas y de repetir la adjudicación cuando ya había sentencias en contra: “La actuación de Ripoll fue determinante para que los consejeros, ajenos a la sentencia y confiando en las explicaciones jurídicas que ofrecía la que, a sus ojos, era la mayor autoridad jurídica de dicho consejo, votaran a favor de la propuesta del presidente”.
En mayo de 2018, tras la primera sentencia contra la adjudicación de la dársena al CNI, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Gual de Torrella, llevó a un consejo de administración un nuevo informe favorable “en un intento de que se aprobara la nueva adjudicación a favor” del CNI, pero no salió adelante “dada la oposición de los consejeros Enrique Braquehais [abogado del Estado] y Jesús Gesé [ingeniero de Puertos del Estado]… tras un tenso debate”, según la jueza.
Braqueais era entonces el número tres de la Abogacía del Estado en Baleares y dependía de Ripoll. Él se sentaba en el consejo (una forma de cobrar dietas que tienen muchos abogados del Estado y asesores del Gobierno) y ella era la asesora jurídica. Braqueais votaba y Ripoll, no.
Con su negativa, Braquehais había prendido una mecha que, dos años después, le estalló a Ripoll. Braqueais dimitió días después de la Autoridad Portuaria y más adelante fue trasladado a la Agencia Tributaria en Baleares. El consejero propuesto por Puertos, el ingeniero Gesé, también dimitió un mes después “tras recibir de sus superiores, a través de Begoña Ballano, entonces directora de Puertos del Estado, la instrucción de votar a favor de la adjudicación al CNI o bien de no asistir al Consejo. No constan razones objetivas y fundadas en derecho para dicha instrucción, desprendiéndose indicios de arbitrariedad en la misma” según el relato judicial.
La Autoridad Portuaria de Baleares y Puertos del Estado, de acuerdo con los poderes públicos, hicieron todo lo posible por prorrogar la concesión al CNI, según la investigación judicial. En la Abogacía del Estado defienden a Ripoll. Consideran que, si acaso, contribuyó a dar forma jurídica a una pretensión legítima, que el club náutico de Ibiza, entidad sin ánimo de lucro, tuviera ventaja ante las marinas privadas y que así lo pidieron los partidos en Baleares.
La jefa del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, Rosa Seoane, ha asumido la defensa de Ripoll, según fuentes jurídicas. En casos en los que la abogacía se persona como acusación no puede defender a funcionarios, pero sí lo hace cuando, tras un primer análisis, considera que no hay delito. Aunque la Fiscalía y la Abogacía suelen ir juntas como acusación en casos de corrupción, en este asunto están enfrentados. “Para la Abogacía del Estado ha sido una agresión en toda regla”, señala un miembro del cuerpo. Otro añade: “Con este criterio, cualquier abogado del Estado puede acabar en el banquillo por hacer un informe consultivo”.
La jueza investiga también
si el presidente de la APB ofreció al Club Deportivo 12 millas,
competidor del CNI, “dádivas, recompensas, favores o retribuciones de
cualquier clase” si cesaban en sus reclamaciones o si fue esa empresa
quien pidió favores a cambio de no entorpecer la adjudicación." (Rafael Méndez, El País, 05/06/22)
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