"Una parte que se olvida al describir el sistema del
caciquismo que ha existido en varias zonas de España desde el siglo XIX
es que el cacique siempre da algo a cambio de la sumisión que recibe. No
es cuestión de generosidad, sino de cálculo político para hacer posible
el control social. Crea una situación de dependencia que requiere un
suministro constante de empleos, dinero y favores. La maquinaria debe
estar perfectamente engrasada para que funcione.
El
siglo XIX acabó hace tiempo, pero ciertas formas de caciquismo
perduran cuando son compatibles con las instituciones democráticas
gracias a la corrupción. No se ganan simplemente así las elecciones,
pero se obtiene una ventaja nada desdeñable.
"No podemos competir con la maquinaria electoral más
poderosa de España", dijo con aire derrotista el candidato del PP Juanma
Moreno Bonilla al empezar la campaña de las autonómicas de 2018.
Curiosamente, fue esa la primera vez en que el PP pudo llegar al poder
en Sevilla después del pacto con Ciudadanos y Vox. Quizá el
caciquismo no sea ya infalible, pero en absoluto es irrelevante.
La
Justicia ha hablado finalmente sobre el caso de los ERE, el mayor caso
de corrupción económica en el que han intervenido dirigentes del PSOE
desde los tiempos de Filesa. Organismos públicos de la Junta asignaban
fondos saltándose la ley para obviar los mecanismos internos de control
del gasto a los que está obligada cualquier institución. La sentencia que condena
a José Antonio Griñán a seis años de prisión por prevaricación y
malversación y Manuel Chaves a ocho años de inhabilitación por
prevaricación, entre otros, establece con claridad que no podían ignorar
lo que sucedía con esas subvenciones desde sus cargos de consejero de
Economía y presidente de la Junta durante los años del desfalco. El
montante de dinero que se canalizó fuera del control requerido por la
ley ascendió a 680 millones de euros.
Chaves, Griñán y
otros altos cargos socialistas de la Junta dimitieron de sus cargos y
abandonaron el partido hace tiempo cuando fue progresando la instrucción
judicial. No es que se declararan inocentes de cualquier acusación de
haberse quedado con fondos públicos, como así hicieron. Ni
siquiera aceptaron su responsabilidad política.
El escándalo sólo era una "discrepancia"
En una entrevista en 2013 cuando
era presidente de la Junta, Griñán demostró hasta qué punto era capaz
de negar la responsabilidad que tenía en el momento en que, siendo
consejero de Economía y Hacienda (2004-2009, luego presidente hasta
2013), funcionaba el mecanismo fraudulento que hizo posible la comisión
de delitos entre 2001 y 2009. Y no es que todo sucediera tan rápidamente
que hubiera sido imposible atajarlo. Ese sistema corrupto existió
durante cerca de una década.
Todo se redujo a una
"discrepancia" entre la Intervención y la Consejería de Empleo, dice
Griñán en la entrevista. Sólo cuando hubo un segundo aviso se cambió el
sistema en 2010. "La Intervención no descubrió nunca fraude ni menoscabo
de fondos públicos", alega el entonces presidente. El periodista le
recuerda después que "la Intervención sitúa el procedimiento al margen
de la ley". "No", responde Griñán. Sólo era una discrepancia con la
Consejería de Empleo. Eso no obligaba a intervenir a la de Hacienda,
dice. En el mundo real, las consejerías no mueven una hoja en términos
económicos sin que la de Hacienda sepa lo que están haciendo.
La
sentencia lo deja claro: "El uso indebido de las transferencias de
financiación fue reiteradamente denunciado en los informes de la
Intervención". Varios años antes se había producido el cambio que
permitía evadir el control presupuestario, establecido por las normas de
la Consejería de Hacienda existentes desde los años 80: "El resultado
fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones
sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización
previa en la Consejería de Empleo", afirma la sentencia.
Subvenciones,
subsidios y ayudas sociales son algunas de las respuestas que puede dar
un Gobierno ante los problemas económicos. No es un error ni muestra de
corrupción que algunos sectores económicos en las zonas de España más
desfavorecidas las necesiten más que otras. La diferencia viene cuando
se violan las normas legales para supuestamente hacerlo todo más rápido,
pero en la práctica para favorecer a los que forman el tejido social
del partido en muchas poblaciones.
El partido te
protege con dinero de la Junta y sólo te pedirá algo a cambio cuando
lleguen las elecciones. Por eso, ser militante socialista en Andalucía
era la mejor pasarela para acceder a empleos y ayudas públicas. Ese era
un factor fundamental en la maquinaria que dirigieron y de la que se
beneficiaron políticamente Rafael Escuredo, José Rodríguez de la
Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. 40 años de
Gobierno socialista en Andalucía que ahora llevan colgado un enorme
asterisco que remite a la sentencia de los ERE.
Un escenario desequilibrado por las trampas
Un resultado
electoral se explica por múltiples razones. Por ejemplo, tiene su
influencia que dirigentes del PP adornaran las campañas con referencias
despectivas hacia los andaluces supuestamente a causa del Gobierno
socialista (Moreno Bonilla dijo el año pasado que los niños andaluces no
saben que "existe el Ebro").
Aun
así, el escenario queda totalmente desequilibrado si un partido goza de
fondos obtenidos de forma ilegal –el caso del PP con la Gürtel– o
emplea las ayudas públicas de forma opaca sabiendo que eso le permite
favorecer a sus partidarios, como sucedió con los ERE en Andalucía.
El
PSOE andaluz tuvo el martes una reacción tan escasa como interesada.
Demostró que no estaba interesado en la lectura de la sentencia. "Mantenemos la defensa
de la honorabilidad de los expresidentes de la Junta. No se han
enriquecido ilícitamente, no se han llevado ni un euro al bolsillo",
dijo su secretario de Organización.
La honorabilidad
no consiste sólo en no robar si has sido elegido por los ciudadanos para
gestionar fondos públicos. También te exige no permitir que otros roben
y gobernar a través del cumplimiento escrupuloso de la ley. Que es lo
que no se hizo en Andalucía.
En nombre del PSOE, José
Luis Ábalos podía al menos presumir de que Chaves y Griñán tuvieron que
abandonar sus escaños y el partido por la presión de Pedro Sánchez. Los
dos habían sido presidentes del PSOE.
Pero en su
empeño de marcar distancias, acabó negando la realidad: "No es un caso
del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta". El hecho
de que todos fueran del PSOE, trabajaran para el PSOE o intentaran
beneficiar al PSOE con sus decisiones debe de ser sólo una
coincidencia.
Siempre es igual con los
partidos. Tienen la tendencia de sacar las conclusiones equivocadas de
las sentencias sobre corrupción. " (Íñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 19/11/19)
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