"Los 12 consejeros de Acuamed (cuatro de Hacienda, cuatro de
Agricultura y dos de Presidencia entre ellos) vieron pasar por el
consejo de la compañía estatal la denuncia de los amaños realizada por
el Director de Ingeniería, las salvedades del auditor a las cuentas
anuales y la propuesta de asignación de 36 millones con cargo a los
Presupuestos de 2015, que incluían partidas para los sobrecostes y la
comisión de 9,5 millones para FCC. Ninguno de ellos alertó de los
desmanes que se estaban produciendo y sólo cuando la Fiscalía entró en
acción activaron las investigaciones internas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas controla el 100% del capital de Acuamed a través de Patrimonio del Estado y, por ello, cuenta con cuatro representantes en el Consejo de Administración de la misma.
El departamento de Agricultura gestiona la compañía y cuenta con otros
cuatro vocales en el máximo órgano de decisión. Por su parte,
Presidencia, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, sienta a dos miembros y Economía a uno. Además, uno de los cuatro consejeros de Hacienda, Ángel Álvarez, está en nombre de la Intervención General del Estado, organismo que tiene la obligación de velar por los intereses del Ministerio que dirige, en funciones, Cristóbal Montoro, y por extensión, por los intereses del Estado español y el erario público.
Los cuatro de Hacienda reportan a Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda, número 3 del Ministerio responsable de la Dirección General de Patrimonio del
Estado. Los cuatro de Agricultura reportan al Secretario de Estado de
Medio Ambiente, que como tal preside Acuamed, y que hasta junio de 2015
fue el ya dimitido Federico Ramos de Armas (ahora ocupa su puesto Pablo Saavedra).
Sólo uno (Ricardo de Alfonso López)
de todos los consejeros que representan al Gobierno en Acuamed mostró
interés en mayo de 2014 por la denuncia que destapó la trama y que había
sido presentada por Francisco Valiente, director de Ingeniería y Construcción hasta su fulminante despido el 2 de abril de ese año.
Es el único consejero que intervino preocupado por lo denunciado, según las actas. El resto del consejo, manejado por el director general, Arcadio Mateo,
supuesto jefe de la trama corrupta, no movió un dedo hasta que en
noviembre de 2014, siete meses después de la denuncia, se vieron
obligados a crear un Comité de Control Interno para auditar las obras
después de que la Fiscalía Anticorrupción mandara un requerimiento de
información a la compañía por las supuestas irregularidades que ya se
estaban investigando.
Según demuestran las actas de los consejos publicadas en los últimos días por Vozpópuli, la denuncia del amaño de contratos durmió el sueño de los justos hasta noviembre de 2014. Todos los consejeros, excepto uno, guardaron silencio, mientras el tándem Ramos de Armas/Arcadio Mateo trataba de posponer, mes tras mes, el estudio de la denuncia de Valiente.
Este supuesto pacto de silencio del Consejo de Acuamed era sólo el principio de la "indolencia que mostraron después ante las sospechosas partidas presupuestarias que
se propusieron para cubrir sobrecostes y pagar comisiones", añaden las
fuentes cercanas a la investigación consultadas.
El auto del juez Eloy Velasco afirma que "se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2015, manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones".
Los incrementos presupuestarios propuestos, que incluyen la comisión de 9,5 millones de euros que se iba a pagar a FCC, pasaron
por el consejo y fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda.
Ninguno de los cuatro consejeros del Ministerio, ni siquiera el
representante de la Intervención General del Estado, ni por supuesto el
resto de consejeros, alertaron de que esas nuevas partidas parecían sospechosas.
Además, estas partidas, tras pasar el filtro del consejo, son
revisadas por la Dirección de Patrimonio y, en última instancia, por el
Subsecretaría de Hacienda. Ellos no las abortaron.
Fue la denuncia de Valiente la que dio al traste con el plan propuesto conjuntamente por el presidente de la sociedad y entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, y su hombre de confianza, el ahora detenido Arcadio Mateo, presunto jefe de la trama corrupta. Uno correo electrónico intercambiado entre ambos los delata.
El auto de Velasco deja claro que estas partidas pasaron todos los
filtros y fueron recogidas en los PGE de 2015 y 2016: "Los presupuestos
Generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa 'compensación
indebida' pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio [de Agricultura], fijando un monto de diez millones, más veinte millones para hacerlo [el proyecto de los arreglos de la desaladora de Bajo Almanzora en Almería tras
una inundación], no llegando a ejecutarlo inicialmente al conocer la
denuncia que ha originado la presunta a usa en Fiscalía".
Hacienda miró para otro lado
Acuamed depende jerárquicamente de Agricultura, que es el Ministerio
responsable de su gestión, pero "Hacienda es el propietario y el
Ministerio de tutela, de forma que cualquier partida presupuestaria
o incrementos presupuestarios para proyectos concretos tienen que ser
visados por los consejeros que defienden los intereses del accionista
[los cuatro en representación de Hacienda] y luego revisados por la
responsable de la Subsecretaría y de Patrimonio [Pilar Platero, número 3
de Montoro]", remacha una fuente cercana al Gobierno al tanto de la
situación creada tras la Operación Frontino de la UCO de la Guardia Civil.
Lo que no ha quedado aún definido por la investigación es si los 9,5
millones de euros [que Velasco redondea a 10 millones en su auto] de comisión que se iban a pagar a FCC se vieron de forma desagregada en el Consejo de Administración. El 23 de junio de 2013, el presidente de Acuamed enviaba un correo electrónico a Arcadio Mateo preguntando
"si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación
pendiente de la obra al consejo de administración del mes de julio por
valor de 9,5 millones de euros. (…)
Así vamos avanzando con esta gente a
la que debemos bastante dinero en otras obras". El correo iba con copia
a otro alto cargo de Agricultura, la directora general del Agua, Liana Ardiles,
que era vicepresidenta de Acuamed. Fuentes oficiales de Hacienda
afirman que fueron los consejeros de Acuamed los que echaron para atrás
la comisión que se iba a pagar a FCC.
Agricultura se justifica
Consultado por Vozpópuli, el Ministerio de Agricultura
matizó que "en los presupuestos anuales deben constar los gastos que se
prevén para el ejercicio, según información que suministra la empresa,
pero no implica su pago.
En este sentido, y tal y como se explicó en el
comunicado [del martes] que emitió el Ministerio: ni la liquidación
correspondiente a los trabajos ejecutados por la UTE en el marco del
contrato de proyecto, obra, operación y mantenimiento de la planta
desaladora Bajo Almanzora, ni la liquidación del
proyecto complementario suscrito con la misma UTE en 2009, ni la
reclamación de dicha UTE relativa a los daños ocasionados por la riada
de septiembre de 2012 han sido abonados por la sociedad Acuamed, ya que
su consejo de administración nunca procedió a aprobar ni estas
liquidaciones ni el pago de los costes de reparación de la planta
desaladora.
La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed
relativa al concepto “Reparación desaladora de Bajo Almanzora”
corresponde a los presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito, sin constituir obligación alguna de gasto".
"Pese a que el consejo de Acuamed debió sospechar, y quizá conocer,
algunos de los sobrecostes injustificados en los últimos años, todos sus
miembros procedieron a firmar, año tras año, las cuentas de la compañía
y sus estados financieros", reseña la fuente cercana a la investigación
consultada por este diario, que además recuerda que siempre "se pasó por alto las salvedades realizadas por el auditor durante seis años y
que, aunque no tenían relación con la trama, sí que avisaba de la
contabilidad incorrecta de sus costes que hacía Acuamed".
Los consejeros
de Acuamed jamás pusieron en marcha medida alguna para corregir estos
errores de contabilidad que, año tras año, el auditor reseñaba en su
apartado de salvedades. No ha trascendido si alguno de los consejeros ni altos cargos del Gobierno relacionados con Acuamed ha sido citado por el juez para declarar." (Baltasar Montaño / Ó. López Fonseca, Vox Populi, 01/02/16)
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