"El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de
Presidencia del Gobierno, Federico Ramos, participó en la presunta
reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40
millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de
2015.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, testigos exempleados
de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al
juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en
el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió el actual número dos
de Soraya Sáenz de Santamaría.
En ese encuentro se acordó supuestamente con FCC una compensación ilegal de 40 millones de euros, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales del Estado 2015, según afirma el juez Velasco.
Esta es una de las posibles ilegalidades que investiga el juez en el caso Acuamed y que el miércoles reflejó en su auto enviando
a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes
por este fraude, entre ellos el director general de la empresa pública,
Arcadio Mateo del Puerto.
Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a
la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la
desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.
Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora,
pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40 % de su
valor y que FCC pagara el 60 % (40 millones), cuando, insiste Velasco,
esas reparaciones no eran “responsabilidad de la Administración”.
La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las
inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora
pactaron que se le resarciría de ese gasto “mediante compensaciones en
otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio”
de Agricultura, del que depende la empresa pública.
Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la
descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180
millones de euros, inflándolo con partidas “irreales”.
Según Velasco, se previó cubrir esa “compensación indebida” pactada
“entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio”, entre
ellos Ramos, en los presupuestos generales del Estado de 2015.
Aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la
investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se “persistió” en la
idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.
Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016
“a una compensación de 8 y 14 millones”, asegura el juez, y las fuentes
consultadas este jueves han detallado que esa reducción se debió a que se rebajó en un 8 % el conjunto del presupuesto destinado en las cuentas de este año a Acuamed.
Esta investigación a Acuamed desembocó en la detención el pasado lunes de 13 personas y en varios registros a domicilios relacionados con los arrestados, entre ellos el del director general de la empresa pública.
En el domicilio de Arcadio Mateo se encontraron, según las mismas fuentes, 120.000 euros en billetes de 500 euros guardados en libros.
Según el juez, Mateo urdió desde mediados de 2014 “un conjunto de
actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de
‘presiones’) para imponer en el seno de Acuamed numerosas
irregularidades” para conceder contratos. “A cambio, recibía regalos en
especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía…-, a
favor de diversos contratistas de obra pública”.
En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la
cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto,
“presionaban” a los directivos de la empresa pública “para que
incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de
falsedades e irregularidades” (República.com, 21/01/16)
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