"Dos
consejeros nombrados por el PP han librado a la exalcaldesa de Madrid
Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena
millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013.
El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia que había dictaminado el
mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y
parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo
por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del
fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la
Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo tras el recurso de los
condenados.
La absolución, por dos votos contra uno,
la firman dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de
Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal
de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de
Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que ha mantenido los
argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera
sentencia condenatoria: que la operación de venta fue "lesiva" para el
patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad,
concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.
Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra
de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo
Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la
vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos
años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser
miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Ese mismo día,
Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también era
nombrado miembro del Tribunal de Cuentas.
José Manuel
Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a
Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez
Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual
presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la
que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado
cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de
Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los
tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre
ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedos y los
enchufes de familiares de políticos.
En julio de 2018
la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez
Robledano pertenece fue renovada, y por primera vez en democracia, pasó a
estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una
jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE
impusieron la configuración.
La actuación de Suárez
Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica. En
abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del
organismo público, en concreto, para el puesto de subdirector técnico de
la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada fue
avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP
tienen en el Tribunal de Cuentas.
La vía penal por
esta venta sigue abierta pero Botella ha quedado excluida de ser
juzgada. La Audiencia Provincial ordenó en junio al juez que sobreseyó
en dos ocasiones la causa que diera por concluida la investigación y pasese a la siguiente fase,
que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos
que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales
públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni
estará la exalcaldesa, pese a que la Junta de Gobierno que ella
presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.
Diferencias con la primera sentencia
La
primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del
Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa,
"incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el
perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles
de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos
protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos
del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado
más de 151 millones.
Sin embargo, la nueva resolución
del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de
inversión) llegaron a un "punto de equilibrio de mercado" y concluye que
en 2012 la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debe
olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", tras el
"desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a
refinanciar créditos inmobiliarios. En ese sentido, el Tribunal de
Cuentas en su nueva sentencia argumenta que "los precios de la vivienda
acumulaban años de continuas caídas. La EMVS había sacado a subastas
decenas de pisos en 2011 y 2012 pero dicho procedimiento demostró ser
ineficaz, puesto que las ofertas fueron bajas y escasas". "Ha quedado
acreditado su ajuste a las normas y principios del ordenamiento
jurídico", insiste.
La sentencia dictada por el
Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio
al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado
en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e
ilegalidades que rebosan el expediente.
Según la
argumentación del tribunal en la primera sentencia condenatoria, era
indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo
precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un
procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase
una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El
procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14
días. La primera sentencia concluyó que no era tiempo suficiente para
preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes
de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos
lotes, jugaron con ventaja.
El fallo concluye que en
el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo
Blackstone que se hizo con los 100 bloques de pisos, que el Gobierno de
Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos
millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya
probado su participación en la compraventa.
El nuevo
fallo de la Sala de Enjuiciamiento da la vuelta a esa argumentación y
considera que se llevó a cabo un concurso público para la adjudicación
de un servicio de intermediación destinado a la búsqueda de posibles
compradores del inmueble. "Este concurso fue publicado oportunamente",
dicen los consejeros del PP en contra del primer criterio del Tribunal
de Cuentas y añaden que se presentaron diferentes ofertas al proceso de
venta.
El Gobierno de Almeida no recurrirá
El
Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena demandó en diciembre de 2017 a
través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte
del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación
de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas
muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de
condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión. El
Gobierno de Carmena también recurrió la primera condena y pedía que se multiplicase por más de seis el importe de la misma: de 25,7 a 162,8 millones.
Desde
Más Madrid, la formación que encabezó Carmena para las municipales y
primer grupo en el Ayuntamiento, Marta Higueras reclamaba que se elevase
a casación ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal de
Cuentas. Por su parte, el PSOE afeaba que Mariscal y Suárez Robledano no
se hayan inhibido en la votación.
Pero el
procedimiento tiene visos de quedar en este punto de absolución para
Botella y parte de su gobierno. El nuevo Gobierno de José Luis
Martínez-Almeida formado por PP y Ciudadanos no recurrirá el fallo ante
el Tribunal Supremo, ha confirmado este mismo miércoles la portavoz,
Inmaculada Sanz. Para Sanz, la nueva sentencia "deja claro que existió
un concurso público" y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los
tribunales por criticar que una exministra de Aznar haya absuelto a
Botella.
"No hemos tenido demasiado tiempo para
estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso
público, con una serie de informes, entre ellos el de la intervención,
que abalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso
como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos
las conclusiones que ya se han dado", ha expresado ante los medios de
comunicación desde el hall de Cibeles." (Fátima Caballero, eldiario.es, 17/07/19)
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