"El PP ha hecho un nuevo esfuerzo este viernes por proteger a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella,
negándose a recurrir su absolución por la venta de viviendas sociales a
fondos buitre cuando estaba al frente del Consistorio.
El Tribunal de
Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre, por debajo del precio de mercado; la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena con los votos de dos consejeros nombrados por el PP -una de ellas, exministra de José María Aznar, esposo de Botella-, y hoy el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida ha hecho el último esfuerzo por blindarla a la exalcaldesa.
Con los votos de los consejeros de Ciudadanos,
el PP logró el viernes que el Consejo de Administración de la Empresa
Municipial de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobase no recurrir ante el Supremo esta
venta, frente a las críticas de la oposición de Más Madrid y PSOE, y
con un tercer voto en contra del partido ultraderechista Vox (6-3). Lo
hizo en uno de los dos Consejos de la EMV celebrados a partir de las
14.30 horas: en uno se abordó formalmente el cese de la exdirectora de los Servicios Jurídicos de la EMV, Paloma Arranz.
En otro se pulsó la tecla que permite a Almeida afirmar que la decisión
correspondió a este órgano, controlado por el PP, y no únicamente a su
partido.
La EMV iba a reunirse durante la semana, pero un
defecto de forma registrado por el PSOE en la convocatoria ha obligado a
aplazarlo hasta el viernes, exactamente el día en el que expiraba el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo.
De hecho, el cese de Paloma Arranz tuvo lugar al
arranque de septiembre: era la encargada de redactar el recurso, quien
conocía el caso, y Almeida decidió prescindir de ella. También anunció
que el Ayuntamiento no recurriría la absolución de Botella, para él una "venganza estéril".
Según el Tribunal de Cuentas, el perjuicio para
las arcas públicas por esta venta fue de 25,7 millones de euros, pero el
alcalde incidió en que no gastaría dinero del Consistorio en esta
operación. Arranz estaba en plantilla, el único gasto habrían sido los
honorarios de un procurador, y el Ayuntamiento tiene contratos marco que
habrían permitido rebajar este coste.
Por si fuera poco, la decisión de PP y Cs es contraria al acuerdo de pleno del pasado 27 de julio, en el que Más Madrid y PSOE lograron aprobar -con
la abstención de los ultraderechistas de Vox- una moción que reclamaba
al Ayuntamiento que no tirase la toalla. Como cualquier iniciativa de
este tipo, no tenía carácter vinculante, pero expresaba el
posicionamiento político de la mayoría del pleno, y de nuevo fue ignorada por Almeida. En la misma línea, el Gobierno de PP y C's ha hecho caso omiso de los escritos registrados este mismo mes por inquilinos afectados por este y otros casos de ventas de vivienda a fondos buitre.
El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda
y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Botella era
alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de
Economía y Hacienda, y el Tribunal de Cuentas concluyó que el Gobierno
municipal vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que
valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una
negligencia grave”.
Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas
públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones.
No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la
EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.
La batalla legal de la oposición y la supuesta interrupción de los plazos
El primer pleno del Ayuntamiento en el mes de septiembre ya arrancaba fuerte. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, amenazaba el martes con querellarse contra Almeida -sin dar más detalles-, y la edil del PSOE Mercedes González daba un ultimátum al Consistorio: de no presentar recurso de casación, lo haría ella misma.
El jueves, González se personó ante el Tribunal de
Cuentas para reclamarle que le legitime para ejercer la acción
sustitutoria [ya que el Ayuntamiento no lo hará], para después presentar
recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al
artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
Desde el entorno de la concejala aseguran que esto
ha servido para paralizar los plazos para presentar recurso, y precisan
que, de no acceder el Tribunal de Cuentas a legitimarles, presentarán
recurso de queja ante el Supremo.
Además, el miércoles se conoció que se cerraba otra opción de recurrir, cuando la Fiscalía decidió rechazar la petición de dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid para dar esta batalla, al entender que no quedaba acreditado el "perjuicio" para las arcas públicas de esta operación. La Fiscalía declinó intervenir, pero se confesó "sensible" ante este caso." (Alejandro López de Miguel, Público, 28/09/19)
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