Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). (...)
Esta trama tiene un doble vínculo con el PP. Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.
La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Por ejemplo, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.
Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. (...)El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado.
Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.
Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate." (El País, ed. Galicia, España, 07/02/2009, p. 10)"Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan." (El País, ed. Galicia, España, 07/02/2009, p. 11)
"Sobre el tesorero del PP: "Le he llevado 1.000 millones a Génova"
Correa: "A [Luis] Bárcenas [tesorero del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". A renglón seguido, amaga con conocer el patrimonio secreto en un paraíso fiscal de un ex ministro de Aznar vinculado a las obras públicas. Sus interlocutores se admiran de sus datos: "Por eso te tienen miedo. Los tienes pillados". Pero Correa les tranquiliza. "Pero yo nunca cantaré". (El País, Ed. Galicia, España, 09/02/2009, p. 11)
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