"¿Existe corrupción en el Registro Mercantil? ¿Es posible que un
sujeto con dinero y agallas sea inscrito como miembro del Consejo de una
gran empresa sin que ese Consejo haya adoptado el acuerdo
correspondiente? Pues parece que sí, si nos atenemos a lo ocurrido en la
sociedad Mazacruz, S.L., en la que se engloban los activos que componen
la ya famosa fortuna Larios, hoy valorada en 600
millones de euros.
El sorprendente episodio que aquí se relata, uno más
de la batalla que por la fortuna del difunto Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Pries, marqués de Paul, mantienen desde hace décadas las dos ramas familiares, parece venir a demostrar que, además de las sospechas de corrupción judicial existentes en la Audiencia Provincial de Albacete aquí ya relatadas,
también es posible hacerse miembro del Consejo de Mazacruz siempre y
cuando uno cuente con los amigos adecuados en el Registro. Una historia
alucinante y alucinada, de plena actualidad en la ola de corrupción que
nos invade.
Hace justamente cuatro años, el 14 de octubre de 2010, Mazacruz
celebró una más que polémica Junta de Socios. A ella asistieron los
cuatro accionistas que se reparten el 100% del capital, a saber: Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna (alias Carlitos a efectos del relato), actual marqués de Paul; su madrastra, Bárbara Kalachnikoff, y las dos hijas de ésta habidas con el anterior marqués de Paul: Cristina y Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikoff.
Conviene aclarar que desde el fallecimiento del anterior marqués de
Paul, ocurrido en 2004, hasta la fecha de esa Junta, el Consejo de
Administración de Mazacruz había estado compuesto en exclusiva por Doña
Bárbara y sus dos hijas, respetando así la voluntad del marqués,
expresada en su testamento, según la cual quería tener a Carlitos lo más lejos posible del Grupo “en aras a la paz familiar”.
Aquel 14 de octubre de hace 4 años saltó la sorpresa, porque, contraviniendo la última voluntad de su padre, Carlitos propuso cesar a las hasta entonces integrantes de Consejo y nombrar uno nuevo formado por él y sus compinches,
los miembros de la firma Price&Waterhouse que desde 1999 le vienen
asesorando, de espaldas al resto de socios, sobre cómo hacerse con el
control de Mazacruz y con gran éxito, por cierto, ya que antaño
consiguió arrancar a su padre enfermo una donación de participaciones
sociales y un voto quíntuple a favor de las mismas.
Como no podía ser de otra forma, el 72,54% del capital social votó en
contra de la propuesta, mientras el 27,46% del mismo, el representado
por el propio Carlitos, votó a favor. El notario presente en la
junta dio fe del resultado de la votación y del consiguiente rechazo
del golpe de mano propuesto, lo que quedó reflejado en el acta
correspondiente. Como no podía ser de otro modo, la presidenta de la
junta declaró, en consecuencia, no adoptado el acuerdo.
Pero Carlitos, resuelto a no asumir tan fácilmente su
derrota, decidió por su cuenta y riesgo que el Consejo había sido cesado
y que existía uno nuevo integrado por él y por sus acólitos de Price,
de suerte que procedieron a crear un documento ad hoc que elevaron a público ante un notario de su confianza: ellos eran el nuevo Consejo de Administración de Mazacruz S.L.
El paso siguiente del gran Carlitos consistió en intentar inscribir ese falso acuerdo en el Registro Mercantil.
Y, con un par, la escritura pública del documento por él creado, junto
al acta notarial donde claramente se especificaba que el acuerdo había
sido rechazado, fue presentada a inscripción ante el registrador Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga (miembro
de la nobleza asturiana, notario y registrador de la propiedad, vocal
del Patronato de la Fundación de Príncipe de Asturias y propietario de
la mayor finca de caza del Principado), quien se negó en redondo a inscribir tal pretensión por imposible.
Una llamada secreta procedente de Miami
Aquí hubiera acabado la broma de no ser porque, en un momento
determinado y sin que se sepa muy bien por qué –dicen que una misteriosa
llamada desde Miami obró el milagro- Navia-Osorio cambió de opinión y
decidió inscribir lo que sin duda era un auténtico golpe de mano
protagonizado por Carlitos para hacerse con el control del
Grupo Mazacruz y poner en la calle a madrastra y hermanastras, a las
que, desde entonces, les niega el pan y la sal. ¿Uno de los más
flagrantes casos de corrupción registral que se recuerdan por estos
pagos? El tiempo lo dirá.
En estas estábamos cuando, tan cerca como el 24 de junio de este año,
el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid dictó una sentencia, que
devino firme a principios de octubre, en la que se repite hasta 13
ocasiones que en la junta de 14 de octubre de 2010 jamás se adoptó el
acuerdo de cese del Consejo de Administración. El resultado de dicha
sentencia es que, a día de hoy, Bárbara madre y sus hijas Christina y
Bárbara siguen siendo consejeras de pleno derecho de Mazacruz, no
obstante lo cual Carlitos se niega a acatar la sentencia y les mantiene a raya en la toma de cualquier decisión que afecte a la gestión del grupo.
Como es de imaginar, el conflicto estaba cantado. Las tres citadas
presentaron el 24 de octubre pasado un escrito al Registro pidiendo la
anulación de la inscripción registral que las mantiene por cesadas en
sus cargos, ello como una mera cuestión de acatamiento de la sentencia
judicial mencionada. Pero como las sorpresas no terminan nunca cuando de
la fortuna Larios se trata, resulta que la decisión sobre dicho escrito ha correspondido al supradicho Navia-Osorio García-Braga, ¡ello a pesar de los varios registradores que componen la nómina del Registro Mercantil de Madrid…!
A lo largo de la semana pasada, Bárbara hija y su abogado han
intentado ser recibidas por el registrador de marras. “En el Registro
Mercantil nos han dado con la puerta en las narices”. Varios días
acudieron a media mañana a la sede registral, con la intención de
presentarse sin cita ante Navia-Osorio.
Armados de paciencia, esperaron
sentados en el sofá existente a la puerta del despacho hasta las 2 de la
tarde. Ni rastro del registrador. Por fin el viernes 31, repitieron la
jugada pero adelantando su visita a las 9 de la mañana para, oh
sorpresa, toparse con Navia-Osorio en su despacho. La incredulidad del
susodicho es fácil de imaginar tras oír las presentaciones
correspondientes. Presa de un incontrolable nerviosismo, repetía que ya
había calificado el escrito en cuestión, de modo que no había nada más
que hablar, porque, además, “tenían que haber pedido ustedes cita”.
El
ilustre asturiano se quejó de las presiones recibidas 4 años antes,
cuando tuvo que calificar la inscripción reclamada por Carlitos,
acusando a los visitantes de ser los responsables de tales presiones,
momento en el que Bárbara reveló lo que es un secreto a voces en el
Registro: las continuas visitas del marqués de Paul al despacho del
registrador hace justamente 4 años. Acorralado y sin argumentos,
Navia-Osorio terminó ordenando a su secretaria llamar a Seguridad para
echar a los visitantes del edificio.
Responsabilidades civiles por importe de 7 millones
El ínclito asturiano tiene motivos para estar alarmado, porque el
escrito aludido es paso previo obligado para, al amparo de lo
establecido en los artículos 296 y siguientes de la Ley Hipotecaria,
exigirle la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que su
actuación haya podido causar.
A bote pronto, las tres consejeras
ilegalmente cesadas como consecuencia de su actuación han estado 4 años
sin cobrar las retribuciones que como tales les hubieran correspondido.
Por el contrario, Carlitos y sus cuates se han
embolsado más de 3 millones en estos 4 años en sueldos y salarios, a
razón de más de 750.000 euros año. Ello sin mencionar el escandaloso
tren de vida con el que se obsequia el señor marqués con cargo a las
empresas del grupo.
Carlitos, en efecto, dispone a día de hoy
de 3 chóferes, y varios secretarios/as personales, amén del centenar de
personas que trabajan para él en la Finca Los Llanos (Albacete). Como
último capricho, ha mandado construir varias fuentes de mármol ante la
puerta de su casa en Albacete, y ha importado de Italia más de un millar
de pinos, gastándose 500.000 euros en el envite. Todo con cargo a las
empresas del grupo, naturalmente. La cifra total a exigir al registrador
en concepto de responsabilidad civil podría rozar los 7 millones.
Por desgracia, la gestión del grupo es un desastre. Mazacruz, efecto,
lleva 4 años de pérdidas continuadas bajo la supuesta dirección de Carlitos,
ello con el visto bueno de la firma de auditoría Deloitte, cuya
actuación en el caso Bankia le ha merecido una sanción ejemplar del ICAC
nada menos que de 12 millones de euros. La historia sigue. ¿Se puede
“comprar” la condición de consejero de una sociedad teniendo aliados
bastantes en el Registro Mercantil? La Justicia tiene la palabra." (Jesús Cacho, Vox Populi, 04/11/2014)
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