El pulso al Estado de un comisario en apuros. El policía Villarejo maniobra desde prisión para lograr su libertad con las grabaciones que durante 25 años registró en secreto a políticos, jueces y empresarios. “Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”

"Los investigadores de la Operación Tándem, que el pasado noviembre envió a prisión preventiva al comisario por cobrar por "servicios de inteligencia", se desayunaron esta semana con la bomba. Los agentes desconocen si la grabación a Corinna es un “proyecto personal” de Villarejo.

 O el encargo de alguno de los adinerados clientes que durante décadas tocaron a su despacho de la novena planta de la Torre Picasso de Madrid para contratar sus servicios de “gestión de crisis en el ámbito judicial y policial”. Un eufemismo para describir un chiringuito especializado en la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario, según fuentes policiales.

Si Villarejo grabó por voluntad propia a Corinna fue para acopiarse de munición para forzar su libertad. El policía estaría aplicando la misma hoja de ruta que ofrecía a sus clientes. Pero ahora para salvarse él, según fuentes próximas al caso. 

“Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”, apuntan fuentes próximas al caso en referencia a una supuesta treta para “intimidar al Estado y las instituciones”.

Los agentes conocen la larga sombra del investigado. Un hombre que ha hecho del fisgoneo a empresarios, jueces, periodistas, políticos de PP y PSOE, altos funcionarios y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un suculento negocio. Por sus “proyectos” de “gestión de crisis” llegó a pedir hasta 30 millones a ocho clientes entre 2013 y 2017, según fuentes judiciales. Y su entramado ingresó 20,4 millones solo entre 1992 y 2010. El desafiante policía siempre defendió que el Ministerio del Interior conocía sus negocios y autorizó su compatibilidad.

José Manuel Villarejo Pérez es un hombre con dos caras. Una pública, la del comisario comprometido con los asuntos calientes del Estado. Y otra privada y vidriosa, que se extienda como una hidra por una compleja madeja de negocios. La historia de este agente desconfiado comienza a escribirse en los Ochenta. El policía trabajaba entonces para la agencia de detectives Kroll International, conducía un Porsche y tenía una oficina a las afueras de Madrid. 

En 1993 Villarejo se reenganchó al Cuerpo Nacional de Policía. Y despuntó entonces como un funcionario que no se arrugaba con los expedientes más putrefactos ni al descender a asuntos sensibles como la lucha antiterrorista. Un trabajo que prestó para los Gobiernos de PP y PSOE.

Durante el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, el policía ejecutó encargos inconfesables sobre la deriva independentista en Cataluña y su nombre se conectó con la denominada “policía patriótica”.

La nómina de personalidades en apuros que recurrieron a sus servicios es amplia. E incluye a ejecutivos del IBEX 35, empresarios como Javier López Madrid y Adrián de la Joya, el bufete Herrero & Asociados y un presunto blanqueador conectado con el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Todos ellos se beneficiaron de una de las señas de identidad del policía: la confidencialidad. Villarejo no firmaba contratos. Suscribía una hoja de servicios. E imponía una “comisión de éxito”. El premio por conseguir sus objetivos alcanzaba el 100 % de la cifra pactada en los casos más complejos.

 Por uno de sus vidriosos “proyectos”, que es como denominaba cada trabajo, llegó a pedir seis millones de euros. Las 174 llamadas que cruzó en 60 días en 2014 con su cliente Adrián de la Joya para resolverle los problemas con una finca demuestran la implicación del comisario con sus negocios. 

Unos manejos denunciados por el CNI, el servicio secreto con el que el policía estaba enfrentado a cara de perro.

La investigación acredita que el primer contacto entre Villarejo y el cliente –que quedaba registrado con el micro espía- servía para desplegar la cartera de servicios ilegales. Los trabajos incluían desde presuntas campañas de intoxicación y desinformación hasta el acopio de datos fiscales, cuentas bancarias, tráfico de llamadas, sumarios bajo secreto…

Villarejo disponía de una telaraña de colaboradores. Tenía a su cargo a una decena de comisarios jubilados. También a funcionarios de la Agencia Tributaria y empleados de bancos y compañías de telecomunicaciones. “Era muy generoso, pagaba muy bien a los suyos con dinero y regalos”, explica una fuente judicial.

 Los archivos secretos de este hombre que se definía a sí mismo como “agente encubierto” son una metáfora de los agujeros del stablishment. Incluyen “imágenes escatológicas” y salpican a decenas personalidades de los últimos 25 años, según fuentes judiciales, que advierten: “La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aguantarán las presiones”.

Y es que el comisario siempre intentó desplegar sus redes sobre la judicatura. Durante años organizó con el empresario Adrián de la Joya comidas mensuales “muy divertidas” en Madrid donde las fotos estaban prohibidas. A los encuentros asistían supuestamente magistrados de la Audiencia Nacional y dirigentes de PSOE y PP, según un informe policial. 

Además, su instituto de práctica jurídica Schola Iuris pagó a algunos jueces y fiscales por impartir clases. Y la Asociación Transparencia y Justicia, donde figuró como secretario el hombre de confianza del comisario, el abogado Rafael Redondo, actuó como caballo de Troya para introducirse como acusación popular en sumarios calientes como el caso del pequeño Nicolás.

El microemperio de Villarejo engordó con los años. Y se extendió a empresas de investigación, despachos, webs y agencias de “gestión de crisis”, su especialidad. Una de las piezas de su entramado, la sociedad Servicios de Investigación y Detección, presumía de “estar dirigida y coordinada por miembros de la Seguridad del Estado” y ofrecía un laboratorio de audio, según un informe policial.

Un equipo de ocho agentes de asuntos internos trabaja a destajo para desencriptar varios terabytes incautados a la red del comisario. Los funcionarios barajan la hipótesis de que el policía guardó copias de su dinamita informativa en la nube. Y también que confió el material a sus colaboradores que supuestamente filtraron la grabación de Corinna. Un hecho que el abogado del policía niega en un comunicado.

Los agentes escuchan con sus cascos decenas de horas de material inflamable. Y emiten informes a la Fiscalía Anticorrupción y al juez de instructor de la Audiencia Nacional Diego de Egea cuando encuentran indicios delictivos. Los audios que afectan a la Seguridad del Estado -confidentes, pago de fondos reservados, operaciones judicializadas en los que no se aprecian irregularidades- quedarán protegidos por la Ley de Secretos Oficiales, según fuentes próximas a la causa."              (José María Irujo  ,Joaquín Gil , El País, 16/07/18)