"Una de las cuestiones que se han analizado durante la instrucción del caso Villarejo es si el BBVA hizo regalos a policías a cambio de un “trato de favor”, algo que estaría prohibido en el código de conducta del banco. En el sumario de la investigación sobre las relaciones entre la entidad y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se inició en octubre de 2018, constan archivos sobre gratificaciones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que partían del departamento de seguridad corporativa que dirigía Julio Corrochano, investigado por ser el nexo de unión entre el BBVA y el agente encubierto. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro ha retomado este asunto y en su último informe, en el que solicita al juez instructor Manuel García Castellón que proponga juzgar a la entidad y a una docena de ex altos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González, ha incluido las pruebas documentales que acreditarían el pago de donativos con motivo de sus fiestas patronales, algunos enmascarados en facturas “por la compra de juguetes”, o el envío de cestas, vinos y aguinaldos por Navidad.
Según el fiscal Cabaleiro, estos regalos tenían como objetivo mantener una “buena colaboración” entre el banco y la Policía e incluso garantizar un “trato de favor o de confianza” ante determinados favores que el BBVA pedía a altos cargos policiales. También era una forma de recompensar las “relaciones privilegiadas con importantes mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, señala. El representante de Anticorrupción enfatiza que esta actitud era “conocida tanto por la alta dirección como por el propio consejo de administración”.
Para justificar estas afirmaciones, el fiscal expone en el escrito con fecha del pasado 17 de mayo los indicios que probarían que todos los investigados a los que pide poner a un paso del banquillo de los acusados, entre ellos el BBVA como persona jurídica, son responsables de la comisión de un delito cohecho y una pluralidad de ellos relacionados con descubrimiento y revelación de secretos por los encargos de espionaje que hicieron a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. Pero también por todos los pagos extraordinarios que se hicieron llegar a policías del entorno del comisario jubilado.
En este sentido, Cabaleiro dedica 16 páginas de su informe —de más de 240 folios— para reproducir los correos electrónicos de empleados del BBVA y directivos, como Corrochano o el actual responsable de auditoría interna, Joaquín Gortari, y en los que se ponía en copia, en algunas de las ocasiones, al exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, para tramitar los regalos. En ellos se solicitan “instrucciones oportunas” para “atender necesidades del servicio surgidas en el área de seguridad especial que presta sus servicios a Presidencia y la alta dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Este mensaje iba seguido de la solicitud de autorización de “donativos” de miles de euros con motivo de actos conmemorativos de la Guardia Civil o la celebración de la fiesta del Día de la Policía en honor a su patrón, los Santos Ángeles Custodios.
Uno de los mensajes incorporados es el enviado el 19 de septiembre de 2011 por parte de un empleado del banco a Gortari para comentarle que con motivo de la fiesta patronal de la Guardia Civil se habría realizado un donativo “en efectivo mediante el pago de la factura correspondiente por la compra de juguetes por parte de esta institución”. En los cruces de correos también figuran los trámites para enviar cestas de Navidad, en las que se incluían vino, o “aguinaldos para nuestros colaboradores externos, que pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como otras instituciones oficiales, a los que solicitamos durante todo el año colaboración necesaria para el desarrollo de nuestra función”, según reza uno de los emails destacados.
Listado de policías
De hecho, el fiscal afirma que era una práctica habitual que el departamento de seguridad corporativa del BBVA realizara un listado anual sobre los policías que recibían atenciones por Navidad, “algunos destinados a la sede oficial y otras a domicilios particulares”. “El grado de detalle del personal del Cuerpo Nacional de Policía, así como la reiteración en los regalos se prevé como constante”, subraya el escrito. En ese grupo de policías se encontraban comisarios cercanos Villarejo, algunos de ellos imputados en la macrocausa, como Carlos Salamanca, quien fuera responsable de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel; o Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), conocido como El Gordo, que ha sido excluido de la causa por su estado de salud.
También el comisario Santiago Sánchez Aparicio, ex jefe de la Policía Judicial, que declaró como testigo en la línea de investigación centrada en el BBVA y admitió su relación de amistad con el exresponsable de seguridad del banco; o José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue interrogado para aclarar si el BBVA estaba detrás de la denuncia anónima que motivó la investigación judicial contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.
El cohecho, que es el delito que sustenta toda la macrocausa, castiga tanto al funcionario público que ha recibido una dádiva o retribución de un tercero, como al particular que ha ofrecido o entregado dichas recompensas. Precisamente este ilícito ha estado durante un tiempo en el aire debido a que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el primer juicio del caso Villarejo absolvió a todos los acusados por esta conducta ilegal, si bien la Sala de lo Penal ha ordenado corregir este extremo, lo que ha hecho que vuelva a ser un elemento de cargo para Anticorrupción.
Algunos investigados afirmaron ante el juez García Castellón que desconocían si se hicieron “entregas de dinero en efectivo” a policías para patrocinar sus festejos, ya que no existían partidas específicas en los presupuestos para ello, como señaló Nazario Campo Campuzano, directivo del área de seguridad del BBVA, para quien el fiscal ha pedido el archivo de la causa; o el expresidente Francisco González, que aseguró que dichos pagos no encajaba dentro de su código de conducta, el conocido en el sector bancario como Código FG, una guía de buenas prácticas que instauró en el banco. Sin embargo, el fiscal considera que existen numerosas pruebas acerca de que “de forma reiterada y continuada durante todos los años objeto de investigación [desde 2004 hasta 2017], desde la alta dirección y con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia [entonces dirigido por Joaquín Gortari], se hacían regalos, tanto en metálico como en productos a miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, disponiendo de información detallada de los nombres y cargos de muchos de ellos”.
Información sobre problemas internos en el Banco Santander
Asimismo, el fiscal apunta que estas gratificaciones no son solo atenciones en fechas concretas, sino también “contrapartidas” a algunos mandos policiales por determinados favores a altos cargos policiales, como la gestión de visados de allegados a directivos y consejeros del banco o información sobre personas que querían reunirse con altos cargos del BBVA. De hecho, el fiscal incluye uno de los correos que Enrique García Castaño envió a Julio Corrochano sobre las denuncias de trabajadores del Banco Santander por “acoso laboral” contra la dirección de seguridad corporativa de la entidad, incluso una carta que el entonces jefe de dicho departamento, el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Salom Clotet, envió al fallecido presidente del banco Emilio Botín sobre este asunto.
Con todo ello, Anticorrupción concluye que el BBVA y sus altos cargos incumplieron su propia norma interna
sobre “entregas de regalos y organización de eventos promocionales”,
que establecía que, además de tener que rellenar un anexo, los regalos
tenían que ser “de carácter promocional o detalles de cortesía”, cuyo
valor no podía superar los 150 euros. El fiscal Cabaleiro se acoge a
este reglamento porque, según indica, no ha podido analizar el contenido
de la normativa especial del banco sobre “atenciones especiales de
Navidad” porque “la defensa del BBVA, en ejercicio de su legítimo
derecho de defensa, ha preferido no aportarla.” Por este mismo motivo,
añade, tampoco ha podido revisar la norma de la entidad sobre la
contabilización y pago de facturas recibidas en vigor durante los años
investigados, pero aun así señala que la de 2018 (año que ya no es
objeto de las pesquisas) prohíbe las donaciones al “Estado, las
comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos
del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las
comunidades autónomas y de las entidades locales”. (Nuria Morcillo, Cinco Días, 10/06/24)
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