"El caso Koldo:
Un guardia civil se acerca con cuidado a una Scooter Suzuki Burgman 400 con matrícula 7922 HMH aparcada junto a la estación de trenes de Chamartín de Madrid y coloca en un lugar no visible de la moto una baliza para localización y seguimiento del vehículo. Es jueves, 14 de septiembre de 2023. Se trata de un espionaje protegido por la ley: el discreto agente hace su trabajo con permiso del juez Ismael Moreno. Solo seis días antes, el instructor de la Audiencia Nacional había abierto una investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción contra una trama corrupta que, supuestamente, anidó en el Ministerio de Transportes durante lo peor de la pandemia (marzo de 2020) y ganó 15 millones de euros en muy poco tiempo con la venta de millones de mascarillas a 2,5 euros por unidad.
La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre (Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta 2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier precio.
Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes. En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión, para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...
Entre el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo investigación judicial.
El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante 2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.
Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a 54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio, según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15 vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las escuchas y los seguimientos.
Las conclusiones de quienes han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un material de calidad inferior a la comprometida.
Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia. La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer. Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros). Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de 138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además, la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de 2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021 (123.000).
De otra parte, la Fiscalía no encuentra reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.
La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia, hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la reclamación se puso en marcha en julio.
Las pruebas del sumario tan solo aclaran que los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a funcionarios o políticos para evitar la reclamación.
Koldo García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.
Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí aparece en algunas ocasiones.
La Guardia Civil llegó a fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor. Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se han saldado, de momento, sin resultados claros.
La acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez.
La Guardia Civil puso en marcha un operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese organismo.
La Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos: “Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4 de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos: “Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos artículos.
Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas.
Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de
Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15
vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los
implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna
conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que,
según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a
su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por
la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la
investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del
exministro de Transportes en los hechos." (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)
"Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
Todo empezó el pasado 21 de febrero con la detención de Koldo García, antiguo asesor del exministro, exsecretario general del PSOE y diputado José Luis Ábalos, y otras 19 personas por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en los peores meses de la pandemia a comienzos de 2020. Desde ese momento, no han cesado de sucederse nuevos detalles del caso que han implicado a políticos y empresarios y que han derivado en la suspensión de militancia de Ábalos y su paso al grupo mixto.
La Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para "mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:
Koldo García
Ostentó cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios contratos.
A cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA Vicente Calzado.
Víctor de Aldama
Es el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de 5,5 millones de euros.
Ambos tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes en contrataciones.
Joseba García
Es el hermano de Koldo García. Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición" de su hermano.
La Guardia Civil registró su piso el 20 de febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.
Patricia Úriz
Mujer de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del exasesor de Ábalos.
José Luis Rodríguez
Es el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.
Juan Carlos Cueto
Otro de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto, aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros.
Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en 2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en 2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670 euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones-.
Íñigo Rotaeche
Es el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo Cueto.
Israel Pilar Ortiz
Es empresario. Aunque la querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta al posible cobro de comisiones.
Otros actores relacionados con el caso
Además de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en distintos medios:
- José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a Ábalos como intermediario de la trama para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.
- Jacobo Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama.
- Francina Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.
- Ángel Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.
- Miguel Tellado. El portavoz del PP en el Congreso se ha visto salpicado por una conversación en la que Koldo García habla a Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro del caso, de una reunión con él.
- Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."
"Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó caducar la reclamación.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa.
La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE) saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga Prohens (PP).
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”.
Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.
El “intermediador” Jacobo Pombo
Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten “concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales. Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado enero.
El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión habrían “surtido efecto”.
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