Un funcionario de Industria se negó a firmar los informes falsificados que tenía que auditar y cuya resolución ya le habían ordenado... En una reunión donde se decidió cancelar por incumplimiento (poner en Reintegro Total) todos los proyectos de una serie de compañías, independientemente de su contenido, desarrollo o resultado de auditoría que ni siquiera se habían comenzado... El propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado...

 "Crónica Libre desvela, gracias a un documento en exclusiva, cómo un funcionario de Industria, se negó a firmar los informes falsificados que tenía que auditar y cuya resolución ya le habían ordenado. El propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado

 En las dos entregas anteriores del #IndustriaGate, Crónica Libre ha desvelado como se utilizó el Ministerio de Industria para favorecer al partido popular en las elecciones generales, autonómicas y locales, y como el PP defraudó 2.000 millones del Ministerio.

En esta nueva entrega, Crónica Libre desvela, en base a unos documentos exclusivos, cómo la situación fue tan irregular que el propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado para cuando les denunciaran, situación que parece ya anticipaba. El viernes 13 de marzo de 2015, tuvo lugar en el Ministerio de Industria una reunión donde se decidió cancelar por incumplimiento (poner en Reintegro Total) todos los proyectos de una serie de compañías, independientemente de su contenido, desarrollo o resultado de auditoría que ni siquiera se habían comenzado.

A esa reunión, asistió el funcionario David Ginard Pariente que en ese momento era el Jefe de Unidad de Servicios en la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Según el perfil de Linkedin de Ginard, éste funcionario tiene una formación impresionante: es Ingeniero Aeronáutico, Doctor en Astrofísica, Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. A día de hoy, Girard es Coordinador del Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.

#INDUSTRIAGATE

El martes 17 de marzo de 2015, Ginard escribió un email a su superior, Antonio Alcolea Muñoz con copia a otros 9 funcionarios del Ministerio.  (...)

 Ginard, expone su preocupación con respecto a una de las empresas que estaban auditando, en concreto al Grupo Tecnológico ZED:“El viernes pasado tuvimos que indicar si los proyectos iban a tener reintegros totales o parciales.” Esta información choca con la realidad de los informes de auditoría que ha podido confirmar el equipo de investigación de Crónica Libre. A pesar de tomar la decisión de auditoría el viernes 13 de marzo de 2015, las fechas de los informes son extraordinariamente posteriores.

Crónica Libre ha constatado, en los 18 expedientes a los que hemos tenido acceso, que la auditoría de proyecto más cercana está fechada 2 meses después. Y la más lejana, más de 2 años . En la mayor parte de ellos, ni siquiera se había realizado una sola acción de comprobación o auditoría en el momento que se tomó la decisión de cancelarlos.

Crónica Libre ha contactado con varios auditores registrados en el ICAC (Instituto de Censores y Auditores de Cuentas), el organismo que regula todas las auditorias que se realizan en España, que han confirmado que esta práctica es simple y llanamente un fraude.

Por ello, es muy razonable pensar que Ginard, con su extensa formación, era consciente de la prevaricación que se estaba cometiendo, pues el mismo dice en el email: “Como este tema es muy “extraordinario” y no sabemos dónde va a llegar”.

 Para curarse en salud, el funcionario propone una serie de medidas para protegerse ante las posibles consecuencias jurídicas: “Respecto a las firmas de los informes finales, ¿no podríamos intentar que firmase una comisión y no nosotros?” Es decir, vuelve a ser consciente de la ilegalidad e intenta evitar tener que firmar los informes. La preocupación por una posible denuncia es latente: “¿Nos podrían denunciar individualmente? ¿Nos defiende la AE?“. Está claro que el funcionario estaba pidiendo la asistencia jurídica a la Abogacía del Estado ante las denuncias que anticipaba que se iban a producir.

En su cuarto punto, pregunta por el procedimiento de realización de los informes que tiene que hacer con la decisión sobre su resultado ya tomada: “Supongo que seguiremos como hemos dicho el procedimiento normal: TACI, TAER, etc”. Y continúa diciendo: “todos los de ZED (excepto Ilion Studios) pecan de la parte de personal“, en referencia a la información que Crónica Libre desveló ayer sobre la inclusión de la norma sobre control de gastos de personal que se inventó el gobierno del PP para cancelar los proyectos.

Ilion Studios y Planet 51

Debemos explicar que Ilion Studios era una filial de ZED que fue la autora de la película Planet 51, cuyo estreno en 180 países del mundo la convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine español (180 millones de dólares) y fue ganadora del Goya a la mejor película de Animación. Según ha podido constatar Crónica Libre, la sociedad Ilion Studios no fue víctima de la cacería de proyecto por parte de Industria, pero sí su matriz, a pesar de que la coordinación e interlocución con el Ministerio de todos los proyectos la llevaban las mismas personas. Fuentes de la administración consultadas por Crónica Libre confirman que se decidió no aplicar la persecución a las empresas del mundo del Cine por la repercusión mediática de las mismas."              (Patricia López , Crónica Libre, 18/08/22)