"Lesmes denuncia 1.373 días después el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ y amenaza con su dimisión
Un órdago. Eso es lo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, planteó este miércoles en el acto solemne de apertura del año judicial 2022-2023. O el PP desbloquea “en semanas” la renovación del CGPJ del con arreglo a la legislación vigente, proponiendo los vocales que le corresponden y poniéndose de acuerdo con el PSOE para que el Congreso y el Senado pongan fin a la interinidad de casi cuatro años, o Lesmes dimitirá.
Ese órdago parte de un Lesmes desprestigiado por su histórica afinidad con el PP y sitiado ahora por los vocales más conservadores. Pretende sacudir al principal partido de la oposición para que ponga fin al boicot que inició en 2018 con el objetivo de que el Consejo mantenga una mayoría conservadora afín a sus intereses y no renueve su composición para adaptarse a la mayoría progresista salida de las urnas.
En el acto estaba, en las primeras filas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha negado a negociar la renovación con el Gobierno. Según Feijóo, el motivo ha sido hasta ahora una reforma legal aprobada por el Congreso para permitir que el CGPJ pueda nombrar, aún estando en funciones, a los dos magistrados del TC que le corresponde designar en estos momentos para cubrir la mitad de las plazas vacantes del tribunal arbitral (las otros dos los nombra el Gobierno).
El PP trata, por todos los medios a su alcance, de boicotear esa renovación del Constitucional, que de consumarse pondrá fin a años de dominio conservador en un tribunal que en los últimos años ha condenado en varias ocasiones al actual Gobierno, en dos de ellas por la declaración de estado de alarma que había validado el Congreso de los Diputados durante la pandemia.
El sesgo político del TC, que tal y como establecen la Constitución y las leyes se adapta periódicamente a las mayorías políticas del Congreso y el Senado, se considera decisivo para la suerte que puedan correr en el futuro muchos de los recursos que PP y Vox han planteado contra iniciativas clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre ellas la Ley de Educación, la Ley de Eutanasia o la del Aborto de 2010, cuya ampliación será debatida en el Congreso en las próximas semanas.
Como parte de esa estrategia, alentada por la derecha política y mediática, un grupo de ocho vocales conservadores del actual CGPJ —en funciones desde hace casi cuatro años— se han puesto de acuerdo para boicotear la legalidad e impedir, o al menos retrasar, el nombramiento de los dos vocales del TC que le corresponde nombrar. Se trata de una posibilidad que el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, descarta por completo, porque supondría poner al Consejo, que gobierna nada menos que a los jueces españoles, “en rebeldía” frente a las ley.
Presiones
La presión del PP sobre sus afines en el Consejo y del Gobierno sobre los vocales considerados progresistas —los primeros para incumplir la ley, los segundos para cumplirla— está contaminando aún más las deliberaciones de un órgano cuya interinidad prolongada no ha hecho otra cosa que alimentar su descrédito.
Ese fue, precisamente, uno de los argumentos utilizados por Lesmes en su discurso para dirigirse pública y directamente a Sánchez y a Feijóo y pedirles que resuelvan la grave situación a la que ha abocado la falta de renovación del CGPJ una vez entró en vigor la reforma que impide a un Consejo en funciones hacer nombramientos.
“Los efectos de esta ley son devastadores”, subrayó. “El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley ya que las vacantes no han podido ser repuestas”.
“Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición y máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo sea renovado en las próximas semanas”. De no producirse, reclamó, debería al menos “ser restituido en la plenitud de sus competencias” para que pueda volver a hacer nombramientos aunque lleve cuatro años en funciones y su composición no se corresponda con lo previsto en la ley y en la Constitución.
Por primera vez en los 1.373 días que lleva en funciones (tres años y nueve meses), Lesmes no tiene dudas sobre la responsabilidad del PP en el bloqueo. En su discurso recordó que sólo “una vez cumplido el deber de renovación” que impone la Constitución, “y solo entonces, será hora sin duda de abordar otros debates, como el que afecta a la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces”. Y subrayó, en clara alusión al partido de Feijóo: la renovación ”no se puede supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”.
Feijóo no se da por aludido
El líder del PP, sin embargo, no se dio por aludido después de escuchar el discurso del presidente del CGPJ en funciones. En un corrillo con periodistas aseguró estar dispuesto a hablar de este asunto con Sánchez en cuanto el presidente le llame, pero fuentes del partido precisaron más tarde que mantiene las condiciones que puso el pasado mes de julio para poner fin al bloqueo y renovar el Consejo.
Nada más concluir el acto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se dirigió a Feijóo para pedirle que cuanto antes proponga a sus candidatos para el nuevo Consejo. Fuentes del PP aseguran que declinó la oferta diciendo que “no se trata de repartir nombres, sino del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros y posibles candidatos”.
Durante los 33 años en los que se renovó con normalidad el CGPJ, a veces con el PSOE en el poder y otras con el PP en el Gobierno, la negociación ha versado sobre cuántos vocales propone cada grupo político y no sobre sus nombres, doce de los cuales salen de la lista de 50 personas que eligen las asociaciones de jueces y magistrados y el resto, como establece la Constitución, de juristas de reconocido prestigio designados por los partidos con representación en el Congreso y el Senado.
Las condiciones que el PP puso en julio para abrir las negociaciones, que luego suspendió indefinidamente cuando supo que el Gobierno iba a permitir al Consejo cubrir las vacantes que le corresponde destinar en el TC y que a día de hoy mantiene, incluyen desde reformas para impedir que la Fiscalía General del Estado pueda ser ocupada por alguien que haya servido en cargos políticos a la modificación de la ley vigente para que el Consejo pueda volver a hacer nombramientos aunque lleve años en funciones.
También exigen que en el cupo de juristas de prestigio no pueda haber jueces o magistrados en ejercicio, un punto con la que intentan impedir que el PSOE proponga al juez José Ricardo de Prada, autor de la primera condena al PP por el caso Gürtel. Y piden que se ponga en marcha la reforma del modelo de elección del Consejo que defienden la derecha y las asociaciones judiciales y que el Congreso rechazó hace ahora un año por amplia mayoría.
Son “excusas para no cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ en tiempo y forma”, según fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre. Feijóo lo único que hace es añadir “un pretexto más a sus maniobras dilatorias”. Ante la Constitución, subrayan las mismas fuentes, “sólo hay dos actitudes” posibles: “cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como insiste en hacer el PP. El Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual y bajo el mandato constitucional”. Si el PP quiere, “se puede hacer hoy mismo”. (Fernando Varela, InfoLibre, 07/09/22)
"Lesmes se moviliza para desactivar el intento de conjura de un sector conservador del Poder Judicial.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces busca apoyos para renovar el Constitucional este mes. Ocho vocales del Consejo bloquearán el pacto en el pleno del jueves, pero no excluyen el acuerdo en los siguientes plenos si se respetan “sus tiempos de decisión”
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afrontará este jueves el pleno convocado para elegir a dos magistrados del Constitucional, al que se llega con un alto grado de incertidumbre. El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, reactivó el martes sus contactos con varios vocales para impedir que prospere cualquier intento de impedir la renovación del tribunal de garantías. En paralelo, sin embargo, los miembros del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces mantuvieron en la noche una cena en la que se examinaron distintas alternativas, pero siempre desde el convencimiento de que no se dan las circunstancias para tales designaciones. La conclusión del encuentro fue que antes de hablar de candidatos se tiene que pactar cómo se los elige, es decir, con qué procedimiento de votación. Ello equivale a bloquear este primer pleno, aunque el grupo conservador subraya que aceptará “llegar a acuerdos debidamente consensuados” si se respetan “los tiempos de decisión del Consejo”, lo que deja abierta la posibilidad del pacto.
La cena del sector conservador partió del núcleo duro de dicho grupo, compuesto por siete vocales, los que en julio votaron en contra del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Se trata de José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, quienes en esta ocasión extendieron la invitación a otros tres miembros del Consejo a los que atribuyen una visión igualmente crítica hacia la estrategia seguida por el Ejecutivo para conseguir la renovación del Constitucional. Estos tres vocales conservadores son Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya y Vicente Guilarte, quien, sin embargo, dijo no haber sido convocado. De ellos, solo asistió Martínez Moya.
El propósito de la reunión era analizar el posible desarrollo del pleno extraordinario convocado para el jueves y tratar de conjurarse para dar una respuesta común ante este intento de renovación del Constitucional desde el órgano de gobierno de los jueces. En el sector progresista, las actuaciones del bloque conservador, incluida su reunión de anoche, han sido vistas como una maniobra exclusivamente tendente a imposibilitar, o como mínimo complicar en extremo, la posibilidad de que el Constitucional pase a tener una mayoría progresista. Ese sería el resultado de que ahora se renovara con la designación de los dos magistrados que le corresponde nombrar al Poder Judicial y los otros dos que debe nombrar el Gobierno.
El bloque progresista del Consejo sí es partidario unánimemente de nombrar a los dos magistrados del Constitucional, y, según fuentes de este sector, ya tiene el visto bueno de al menos cinco magistrados del Supremo que aspiran al tribunal de garantías. La idea es acudir al pleno del jueves con uno o dos candidatos, pero no quieren poner ningún nombre en firme sobre la mesa hasta conocer los candidatos del sector conservador. Para que salgan adelante los dos nombramientos, hacen falta 12 votos, y ningún bloque en solitario suma este número, por lo que el acuerdo pasa por que consejeros de una y otra sensibilidad se avengan a votar a su candidato y a uno del otro sector.
Mientras el Consejo actual podía hacer nombramientos discrecionales, este tipo de negociaciones era habitual y culminó con éxito en la mayoría de las ocasiones. Los pactos se planteaban con muchos días de antelación, a veces con semanas, pero esta vez está todo en el aire a 24 horas del pleno. Vocales progresistas admiten que daban por hecho que los conservadores, o al menos Lesmes, moverían ficha en agosto para buscar un acercamiento, pero el mes transcurrió sin llamadas y a finales de la pasada semana saltaron las alarmas. El lunes, dos vocales de este grupo intentaron indagar con el propio presidente del Consejo, pero no sacaron nada en claro, señalan estas fuentes., que consideran “muy difícil” que haya acuerdo el jueves. “Tenemos poco tiempo, nos hemos puesto tarde”. No obstante, la opción de que Lesmes consiga convencer a tres conservadores para alcanzar un acuerdo con los progresistas sigue abierta. Lesmes mantuvo el martes contactos con varios vocales para intentar que finalmente no se ponga en riesgo la oportunidad de que el Poder Judicial ejerza las competencias parciales que ha recuperado para efectuar nombramientos.
El presidente del Consejo ya dijo el lunes que se oponía a que el Consejo se declarara “en rebeldía”, y consecuentemente ha redoblado esfuerzos para conseguir que a lo largo del actual mes de septiembre se desbloqueen dichos nombramientos. Desde el sector progresista se le ha querido facilitar la negociación mediante la anticipación de los nombres que se pueden tener en cuenta para la negociación con los conservadores. De entrada, los cinco magistrados del Supremo que tienen el respaldo del grupo progresista son Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Jacobo Barja de Quiroga y Eduardo Espín.
Los conservadores, en cambio, siguen
aferrándose a la idea de que no hay candidatos que puedan presentar,
porque algunos de los que han sido sondeados durante las últimas semanas
han rechazado presentarse, entre ellos Manuel Marchena, presidente de
la Sala Penal del Supremo. Sin embargo, hay miembros del alto tribunal
pertenecientes al ámbito conservador que sí han hecho llegar al Consejo
el mensaje de su disponibilidad para ocupar una plaza en el
Constitucional si obtienen el respaldo necesario para ello. En este
grupo están Rafael Fernández Valverde, recientemente jubilado como
magistrado de la Sala III del Supremo y como vocal del propio Consejo
del Poder Judicial, Francisco Marín, Diego Córdoba e Inés Huerta, y en
medios judiciales se da por hecho que podría haber más candidatos en
cuanto se viera que las negociaciones avanzan." (José María Brunet , Reyes Rincón , El País, 07/09/22)
"El también presidente del Supremo califica de “insostenible e inaceptable” la situación de la justicia.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, afronta una semana clave, con el acto de apertura del año judicial —presidido por el Rey y en el que Lesmes pronuncia este miércoles su discurso más importante del año— y el pleno del jueves en el que el Consejo debe elegir a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación. Ambas circunstancias han puesto al presidente del CGPJ en el foco político y mediático, y Lesmes, poco dado a mostrar en público sus inquietudes, se ha despachado este lunes en una comparecencia ante los medios improvisada tras la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley. Y no lo hago porque tenga interés en ir al Tribunal Constitucional, sino porque es nuestro deber”, ha asegurado en referencia a informaciones publicadas en los últimos días que dan cuenta del rechazo de un grupo de vocales del Poder Judicial a propiciar la elección de los dos nuevos magistrados del Constitucional.
Cuatro de los 12 magistrados del Constitucional están pendientes de renovación desde el pasado 12 de junio. La elección de dos de ellos corresponde al CGPJ, que celebrará este jueves un pleno para intentar llegar a un acuerdo sobre los elegidos. Los otros dos deben ser designados por el Gobierno, que ha dado de plazo al Consejo hasta el 13 de septiembre para que elija a los suyos. El presidente del CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años, se ha mostrado convencido de que el órgano elegirá a sus dos magistrados, aunque ha admitido que no puede asegurar que el acuerdo se alcance en el pleno de este jueves. “El nombramiento ha de hacerse sin ninguna duda, el día 8 si es posible. Si no es posible, en días sucesivos”, ha señalado, descartando así la posibilidad de que se imponga un sector del Consejo que abogaba por hacer fracasar esta elección en respuesta a la reforma legal del Gobierno que devolvió al CGPJ las competencias para designar a los magistrados del Constitucional, pero mantuvo el veto para el resto de nombramientos discrecionales, incluida la designación de magistrados del Supremo.
Lesmes ha admitido que en el Consejo existe “desafección” por esa decisión del Ejecutivo y que él la comparte. “Me parece inaceptable que el consejo recupere las competencias para [elegir magistrados de] el Constitucional y no para el Supremo, cuando la situación del Supremo es mucho peor que la del Constitucional”, ha dicho. Pero “el que uno esté quejoso”, ha añadido, “no debe impedir” que cumpla con su obligación.
Lesmes ha desmentido una información publicada este lunes por El Mundo que asegura que él tiene intención de dar el salto al Constitucional en un futuro próximo y que el Gobierno le ha amenazado con impedirlo si ahora no consigue sacar adelante en el CGPJ la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías. “Yo no sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si lo ha dicho ha mentido, porque en el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato del Tribunal Constitucional. Lo saben porque se lo he puesto yo del manifiesto”, ha asegurado visiblemente molesto. “Sería indecente que yo me prevaliera del cargo para obtener un cargo en el Constitucional, y quien diga otra cosa miente interesadamente”.
Preguntado por quién cree que puede estar detrás de esas filtraciones, ha afirmado no saberlo. “Son personas que quieren mediatizarme en mi posición institucional para evitar que haga nombramientos”. Sobre la posibilidad de que esas informaciones provengan de personas vinculadas al PP por el rechazo que ha mostrado este partido a que se renueve el Constitucional, el presidente del Consejo no ha querido pronunciarse. “No sé quién es, pero creo que la finalidad es que yo me tambalee. Pero no me voy a tambalear. Las leyes hay que cumplirlas”, ha zanjado.
A dos días de su discurso en el acto de apertura del año judicial, Lesmes ha adelantado que centrará gran parte de su comparecencia en exigir la renovación del CGPJ y denunciar que la situación en la que se encuentra la justicia española como consecuencia de ese bloqueo es “insostenible e inaceptable”. Hasta ahora, cada vez que ha sido preguntado en público por la renovación del Consejo, el presidente del órgano se había mostrado confiado en que esta se consumaría más pronto que tarde. Pero este lunes, ha dado muestras de haber perdido la fe. “A día de hoy no albergo ninguna esperanza, y me parece lamentable”, ha asegurado Lesmes, quien ha lamentado que este retraso ha dejado al alto tribunal en una situación “desoladora”, en referencia a las 14 vacantes que ya acumula debido a que las plazas que quedan vacía por jubilación, fallecimiento o marcha voluntaria de algún magistrado, no pueden cubrirse mientras el Consejo no se renueve. “Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir”, ha advertido Lesmes, quien se ha quejado de las consecuencias de la reforma legal aprobada en 2021 para impedir que se hagan nombramientos discrecionales mientras el Consejo se encuentre, como ahora, con el mandato caducado.
“La situación de la justicia es lamentable”, ha dicho antes de responder a una pregunta sobre quiénes cree que son los responsables de que no se aborde el cambio institucional pendiente en el Poder Judicial: “¿Los responsables? El Congreso, el Senado y los partidos que tiene capacidad para hacerlo”.
En el Gobierno se evitan las declaraciones públicas sobre este asunto para no añadir más presión porque entienden que es una cuestión que debe resolver el Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo está preocupado por la presión que atribuye al PP y su entorno sobre los vocales del sector conservador, e incluso algunos progresistas, para que no renueven a los dos miembros del Constitucional que les corresponden antes del 13. El Gobierno está convencido de que el PP moverá hasta el final sus hilos para intentar que el CGPJ no cumpla con su obligación de nombrar, pero a la vez cree que hay un grupo importante de vocales conservadores y todos los progresistas que, en la línea marcada por Lesmes en sus declaraciones, quieren renovar el Constitucional como les exige la ley. En el Gobierno recuerdan que lo que debería pasar ahora no es nada extraordinario, es lo habitual, lo que se ha hecho siempre: que el CGPJ nombre dos miembros del Constitucional de forma acordada, uno conservador y otro progresista, y después el Ejecutivo renueve los dos que le corresponden, como se ha hecho con todos los Gobiernos anteriores, informa Carlos E. Cué.
En la dirección del PP rehusaron comentar las declaraciones de Lesmes e insistieron en que su planteamiento sobre el CGPJ es conocido, ya que hicieron público un documento con su propuesta a finales de julio, informa Elsa García de Blas. Fuentes del equipo de Feijóo sostienen que le corresponde al Gobierno moverse si quiere un acuerdo, pero insisten en advertir que la designación solo de los magistrados del Constitucional por parte del CGPJ supone una “voladura de puentes” con el PP. Además, este lunes el líder del PP dio pábulo a la información publicada por El Mundo sobre que el Gobierno habría presionado a Lesmes para que propiciara los nombramientos en el Constitucional, y acusó al Ejecutivo de llevar a cabo “amenazas y chantajes”, que calificó de “inadmisibles”, tanto “al Consejo General del Poder Judicial, a algunas compañías, a la oposición”. El líder del PP ha argumentado que ha puesto mucho de su parte para alcanzar un acuerdo sobre el CGPJ, hasta el punto de que el PP, dijo, “renunció a sus principios”, por haber dejado de lado su exigencia de un cambio en el método de elección de los vocales. En el Ejecutivo están desconcertados con esta actitud del PP, porque esta fórmula para renovar el Constitucional es la que se pactó con la anterior dirección de los populares y es lo habitual, renovar por bloques cuando toca, en este caso ya con tres meses de retraso.
Antes de que Lesmes compareciera ante los medios, el protagonismo del día estaba centrado en Álvaro García Ortiz, que ha tomado este lunes posesión de su cargo como fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Después se ha desplazado a la Fiscalía general, donde se ha dirigido por primera vez a los fiscales y otras autoridades convocadas en la sede del ministerio público. En un breve discurso, García ―cuya designación para sustituir a Dolores Delgado ha sido muy criticada por sectores conservadores precisamente por su proximidad a su antecesora― ha defendido la “legitimidad” de su elección. “Es al Gobierno, al poder ejecutivo, a quien corresponde proponer al candidato o candidata a fiscal general del Estado”, ha subrayado.
García Ortiz, consciente de lo que está en juego esta semana, ha lanzado otro recordatorio que parecía dirigido directamente al PP por sus reticencias a renovar el Consejo General del Poder Judicial: “Quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que no se elige el cómo ni el cuándo y que el cumplimiento de la ley no se condiciona”, ha señalado García Ortiz, para quien “ante los mandatos constitucionales” para la renovación de las instituciones, “no hay alternativas, bien se trate de nombramientos discrecionales, bien sometidos a otros sistemas de designación”. (Reyes Rincón, El País, 05/09/22)
"Lesmes amenaza con dimitir si el Poder Judicial no se renueva en las próximas semanas: “Si persiste, habrá que tomar decisiones que ni queremos ni nos gustan”.
El presidente del Supremo exige ante el Rey que Sánchez y Feijóo se reúnan “con urgencia” para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Asegura que la parálisis ha provocado “un estropicio” en la justicia.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que se reúnan “con urgencia” para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció en diciembre de 2018. Lesmes ha apelado directamente a los dirigentes de los dos principales partidos políticos (sin cuyo acuerdo no es posible la renovación) en presencia del Rey, que con gesto serio ha asistido al acto de apertura del año judicial sentado entre Lesmes y la ministra de Justicia, Pilar Llop. “Es por ello, señor, que en esta ocasión y ante vuestra majestad (...) solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición y máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo sea renovado en las próximas semanas”, ha reclamado Lesmes, cuyas palabras han sido escuchadas desde la propia sala por Feijóo, sentado entre los invitados al acto. El presidente del CGPJ ha descartado dimitir de su cargo por ahora, pero, ha dejado la puerta abierta a “otro tipo de decisiones”, que ha dicho, “ni queremos ni nos gustan”, si los partidos no cumplen con su obligación. Tras su discurso, Lesmes ha aclarado en conversaciones informales con periodistas que su dimisión “es una posibilidad”.
Es la cuarta vez que Lesmes pronuncia el discurso de inauguración del año judicial con el mandato prorrogado. En las tres anteriores, había exigido también con contundencia ante Felipe VI la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero la cita de este miércoles ha llegado en el peor momento posible: con las negociaciones entre el PSOE y el PP rotas y a 24 horas del pleno en el que el Consejo debería elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, una votación que previsiblemente no saldrá adelante en este pleno por el rechazo de un grupo de vocales conservadores.
En este escenario, el presidente del CGPJ ha elevado el tono de reproche hacia los partidos y, por primera vez, ha amenazado con medidas drásticas si no se desbloquea la renovación del Consejo “en las próximas semanas”. “De no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”, ha señalado Lesmes, quien, momentos antes, ha descartado la posibilidad de que los miembros del Consejo dimitan de forma colectiva (como se les reclama desde algunos sectores) por considerar que sería “un comportamiento irresponsable e inaceptable desde la perspectiva ciudadana”.
Tras reclamar a Sánchez y a Feijóo que lleguen a un pacto, el presidente del Consejo se ha dirigido de nuevo al Rey para explicarle su ultimátum. “Este emplazamiento urgente se lo debemos, señor, a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la justicia entera. Por respeto a la dignidad de las instituciones, resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable”.
Las palabras de Lesmes han centrado las conversaciones en el cóctel informal celebrado en el salón de los pasos perdidos del Supremo al acabar el acto. Allí se ha visto hablar a Feijóo y a Lesmes a solas, a los que más tarde se ha unido Llop. Han estado charlando unos minutos y, más tarde, se les han unido Enrique López (consejero de Madrid y exportavoz de Justicia del PP), la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde (quien sustituía al fiscal general, enfermo con covid), y, finalmente, el Rey. La ministra de Justicia ha explicado después que ella misma ha pedido al líder de la oposición que desbloquee la situación y le ha dado “garantías” de que el PSOE podría presentar mañana mismo los nombres de sus candidatos, pero este solo se remite al plan que presentaron en verano y no le ha dado “ninguna respuesta”. Llop ha lamentado que los populares, a los que considera únicos “responsables” de la situación, descarguen sobre Lesmes toda la presión, hasta el punto de poderle hacer dimitir. Llop no se ha sentido directamente apelada por la petición del presidente del CGPJ. “Esto se debe exclusivamente a que el PP no renueva el Consejo. No hay otra causa”, ha dicho.
Núñez Feijóo, preguntado por los periodistas, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno para abordar la renovación cuando Sánchez le llame. Pero la negociación tendría que ser a partir de las condiciones que fijó el PP, es decir, introduciendo cambios legales para que, entre otras cuestiones, un ministro no pueda pasar directamente de la Fiscalía General del Estado o que para ser juez del Supremo sea necesario llevar 25 años de ejercicio real. Respecto a la amenaza de dimisión de Lesmes, Feijóo le ha restado credibilidad y ha señalado que “no sería sensato” que renunciara “el capitán del barco”.
Feijóo ha insistido en las condiciones planteadas por el PP pese a que, minutos antes, Lesmes había exigido en su discurso que la renovación del órgano de gobierno de los jueces se acometa “de conformidad con la legislación vigente” y “sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimineto del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”, en una referencia clara a las exigencias planteadas por los populares en los ultimos años.
El presidente del Consejo y del Supremo ha dado como alternativa a Sánchez y a Feijóo a la renovación inmediata del Consejo, la restitución plena de la competencia para realizar nombramientos discrecionales que le fueron retiradas al CGPJ mientras siga con el mandato vencido. Esa reforma legal (que ha dejado 14 de las 79 plazas del Supremo vacías), es, según Lesmes, el mayor “estropicio” que se ha producido en la cúpula judicial en toda la historia de la democracia española. A su juicio, el bloqueo está causando daños a la justicia que pueden ser “irreparables” y “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española“.
Además, ha abogado por reformar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pero una vez cambiado el actual Consejo, en cumplimiento de la Constitución. “Es indudable que la elección parlamentaria proporciona el Consejo una especial legitimidad. Pero no es menos que cierto que dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente los últimos años precisamente por la circunstancias que rodean a la no renovación. La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible”, ha señalado Lesmes.
Las consecuencias del bloqueo institucional ha acaparado la mayor parte de la intervención del presidente del Consejo, pero este ha abordado también otros asuntos, entre ellos lo que ha llamado “la desjudicialización” del procés, en referencia a uno de los objetivos anunciados por el Gobierno y la Generalitat para la mesa de diálogo. Lesmes ha admitido que la acción política precisa a veces adoptar medidas “excepcionales” para solucionar problemas, “en especial los de naturaleza territorial”. Pero, a su juicio, “existe el riesgo de que de materializarse esa anunciada desjudicialización lo que se acabe produciendo es una huida de la ley, o lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos”.
Lea el discurso de Lesmes: Si no puede verlo, pinche aquí." (Reyes Rincón, El País, 07/09/22)
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