"Los partidos tienen de margen hasta las 12.00 de este lunes para registrar sus conclusiones de la comisión de investigación de la Operación Kitchen en el Congreso sobre la utilización irregular de fondos y recursos del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para tapar escándalos del PP.
Luego, y hasta el miércoles, apurarán las negociaciones ya en marcha, entre la coalición en el Gobierno y sus aliados, para encajar un dictamen común de esa comisión, del que por ahora solo se da por desmarcado el PP. Tras 23 sesiones y decenas de comparecientes, y después de examinar cientos de folios de documentación, la mayoría de los partidos concuerdan en que el PP usó de manera ilegal personal y fondos económicos reservados de ese ministerio sobre todo para ocultar la existencia de una caja b en ese partido, que manejó durante años su entonces tesorero, Luis Bárcenas.
También consideran “lógico” que la organización de una trama parapolicial de esa naturaleza no se impulsara sola por mandos policiales y ni siquiera por órdenes expresas del entonces ministro, el ahora imputado Jorge Fernández Díaz, sin el conocimiento del presidente, Mariano Rajoy. Estas son las conclusiones más relevantes del PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, Vox, PNV y EH Bildu.
¿La comisión Kitchen ha servido para clarificar alguna responsabilidad política?
Felipe Sicilia, el portavoz del PSOE, responde: “Los testimonios y respuestas de los comparecientes han dejado muy claro y sin lugar a dudas que hubo una operación que llegó a utilizar un número de agentes y recursos que era imposible ocultar a los mandos policiales y por ende a los responsables políticos. El exsecretario de Estado de Interior ha apuntado al ministro y este al PP al advertir de que sería este partido quien tendría un verdadero interés en eliminar cualquier prueba en posesión de Barcenas que demostrara la caja b, es decir apunta de forma evidente a Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy”.
Ismael Cortés, de Podemos, remacha que los testimonios de los mandos policiales implicados, investigadores de la UDEF y el cajero pagador de los fondos reservados de la Policía han certificado irregularidades y mal uso. Y también que algunos comisarios, como el polémico José Manuel Villarejo y el responsable de la UCAO, Enrique García Castaño, han ratificado que la operación la conocían Rajoy, Fernández, Francisco Martínez y Cospedal.
Gabriel Rufián, de ERC, se declara firme defensor de estas comisiones, y resalta que en algunas comparecencias “importantísimos cargos policiales” reconocieron que desde Interior se les mandó “espiar y difamar para favorecer al PP, tapar la agresión de Villarejo a la doctora Elisa Pinto”, y a ese comisario admitir que “la Casa Real fue un dolor de cabeza para el Estado muchos años”.
Mikel Legarda, del PNV, argumenta que la comisión ha delimitado “el perímetro de unos hechos de gravedad política de los que se deriva una responsabilidad política directa en unos casos y en otros in vigilando”.
Jon Iñarritu, de EH Bildu, sí ha visto constatado que los mandos y agentes afectados “reportaban a responsables del ministerio, lo que evidencia que había un mandato político”. Macarena Olona, de Vox, ha mantenido desde el inicio que la comisión iba a ser “una estéril e inútil inversión de recursos públicos” por coincidir en el tiempo con la investigación judicial, que facilitó a “los comparecientes más relevantes” no declarar para no perjudicar su derecho constitucional de defensa.
Luis Santamaría, del PP, determina que tras las sesiones realizadas “no se pueden dar por probados hechos que están siendo investigados y sobre los que no se han pronunciado los tribunales” y, sobre todo, que no hay ni un solo dato o testimonio que relacione esa situación con el actual líder de su partido, Pablo Casado.
¿Ha quedado demostrado quién ordenó la organización de esa trama, quién es la X de Kitchen?
Sicilia tira de la “lógica” para razonar quién podía impulsar una operación irregular de ese calado: “El presidente del Gobierno, que sí tiene un verdadero interés, porque no solo aparece en los Papeles de Barcenas, y es que se sospecha que existe un vídeo que mostraría a Rajoy destruyendo documentos de la caja b del PP”.
Rufián amartilla: “A tenor de las grabaciones, mensajes y declaraciones es evidente que no se trataba de tiradores solitarios sino que había una jerarquía política conocedora de todo. Y con toda seguridad más allá del ministerio y por encima del ministro”. Iñarritu: “El operativo se realizó y fue supervisado por cargos políticos del ministerio y del Partido Popular. La X fue el PP”.
Los populares no entran en esas disquisiciones, porque sostienen que Kitchen como tal ni existió. Santamaría, en todo caso, acepta que lo que hubo fue “un despliegue policial puntual en dos momentos para recuperar el dinero de Bárcenas, al que los responsables del operativo dieron otro nombre”.
Olona, de Vox, sí apunta muy arriba: “El propio exministro imputado, en su recurso de apelación, ya dice claramente que no tiene la menor lógica que los máximos responsables políticos sean él y su exsecretario de Estado cuando el objeto era descubrir y sustraer documentación en poder de Bárcenas que podía perjudicar al PP y altos cargos de ese partido sobre su probada hasta en tres sentencias contabilidad paralela”.
¿Que el expresidente, el exministro y los cargos de Interior en aquella etapa digan que no sabían nada les exculpa?
Sicilia: “Lo grave no es decir que no se conoce un hecho, es mentir como hizo Rajoy ante la comisión, diciendo de manera reiterada que el PP no tenía una caja b y que no había ninguna sentencia que condenara al PP. Rajoy ya dijo que no sabía nada en el juicio Gürtel en la Audiencia y el tribunal en la sentencia calificó su testimonio de no suficiente creíble”. Rufián: “No es creíble que no supieran nada. O eran unos negligentes o bien estaban en el ajo. Ninguna de las dos posibilidades les deja en buen lugar”.
Olona: ”Sus alegatos de desconocimiento no tienen ninguna lógica y lo que desvela el expresidente si no es una culpa directa es una culpa máxima como máximo responsable de su partido in vigilando”. Legarda insiste: “A efectos políticos en ningún caso pude suponer una exculpación; la responsabilidad vicaria o la culpa in vigilando son ejes clave de la responsabilidad política”.
Cortés destaca la gravedad de que esos comparecientes hayan mentido ante la comisión o en su etapa en Interior incurrieran en “irresponsabilidad de funciones al no haber sido capaces de ser conocedores de una trama delictiva de muy alto alcance dentro de su propio Ministerio”.
Por
su parte, Santamaría denuncia lo grave de que se vulnere “la presunción
de inocencia” imputando hechos aún pendientes de sentencia." (Javier Casqueiro, El País, 20/12/21)
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