"La corrupción empresarial aflora pero apenas despierta preocupación al respecto.
Un dicho recuerda que quien quiera derrotar a la corrupción
debe estar dispuesto a enviar a la cárcel a su familia. Abusos y
prácticas anticompetitivas forman una bestia de múltiples cabezas que
está golpeando duramente a las empresas españolas. Tanto, que hace
algunos días la CNMV se vio obligada a lanzar una advertencia pública por la cascada de irregularidades y casos de presunta corrupción ligados a importantes empresas cotizadas. Desde el BBVA e Iberdrola por las escuchas del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con el espionaje a casos vinculados a contrataciones públicas (FCC,
Indra, Isolux, OHL, ACS), escándalos financieros (Popular, Bankia) o
por crisis empresariales (Pescanova, Dia, Abengoa).
Eso por citar solo
los más sonados en un país que es, según el Foro Económico Mundial, la
economía 23 de 141 Estados evaluados que, sin embargo, baja al puesto 39
cuando se analiza su propensión a la corrupción.
Por muy enérgica que sea la reacción pública de la CNMV, ni siquiera
el regulador ha puesto sanciones por esos fallos en la comunicación que
dice detectar. En los últimos dos años ha abierto nueve expedientes
(cinco en 2017 y cuatro en 2018) por incumplimientos en la información
que las empresas tienen que divulgar al mercado (dentro de ella está la
comunicación sobre procesos por corrupción que les afecten) y no ha
concluido ninguno de esos procesos ni ha puesto sanciones.
¿Es una preocupación real en las corporaciones? Preguntada, la CEOE
remite a la Asociación Española de Compliance para más información sobre
estas cuestiones. Tampoco las Cámaras de Comercio se manifiestan. Y la
Asociación Española de Banca elude analizar si el sector está dando una
imagen negativa por no haber evitado conductas, como mínimo,
inapropiadas y se limitan a recordar que en los últimos años “se han
producido importantes cambios regulatorios en los bancos con un doble
objetivo: protección al consumidor y estabilidad financiera”.
Esta tampoco parece ser una de las principales inquietudes sociales.
Solo el 2,4% de los encuestados en el último barómetro del CIS declaran
verse afectados directamente por la corrupción (en general no solo la
empresarial) y solo un 7,7% la señala como el principal problema del
país.
La persistencia de formas de trabajar poco éticas tiene, en teoría,
numerosas barreras legales y debería estar sometida a una estrecha
vigilancia: sistemas de cumplimiento normativo —compliance—
dentro de las empresas; seguimiento del Código de Buen Gobierno en las
cotizadas; auditorías; normas que garanticen la competencia... Pero como
ilustra Joaquín Garralda, decano de Ordenación Académica de IE
University, los procesos por los que se llega a delinquir son complejos y
paulatinos. “No creo que ningún directivo diga ‘vamos a llamar a X para
que espíe para nosotros’.
En cambio, sí entran en juego las medias
palabras, los eufemismos. Le pongo un ejemplo: me imagino que el superjefazo de Volkswagen,
antes del escándalo de las emisiones, planteaba unos objetivos muy
agresivos del tipo: ‘Haced lo que sea para ganar cuota de mercado, pero
logradlo”. Eso, dice Garralda, unido a mandos que quieren demostrar una
fidelidad inquebrantable al jefe, pone en marcha la maquinaria de la
organización con resultados a veces nefastos. “Lo que se une a otro
segundo aspecto: la soberbia, el pensar que las trampas se pueden
arreglar con el tiempo. Lo hemos visto con la contabilidad creativa, que
surge esperando que posteriormente el ciclo económico mejorará y tapará
los agujeros, pero al final, como sucedió con la crisis de Enron, la
marea baja y descubre quién no tenía el traje de baño puesto”.
¿Qué papel desempeñan los auditores para parar esta ola? “Somos
actores importantes, pero no los únicos. Los órganos de gobierno de las
entidades tienen la responsabilidad de elaboración y supervisión de los
estados financieros que nosotros auditamos”, responde David Tejada,
director del Departamento Técnico y de Calidad del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas. “Ellos [los directivos] son los obligados a
establecer sistemas de control interno para evitar el fraude en las
compañías”.
Tejada recuerda que la normativa establece requerimientos concretos a
los auditores para detectar anomalías. Pero todo se limita a que el
profesional pueda tener una “seguridad razonable” de que los estados
financieros están libres de “incorrección material” debido a fraude o
error. “Hablamos de una seguridad razonable, no absoluta. Hay unas
limitaciones propias de la auditoría que se traducen en el hecho de que,
por ejemplo, la dirección puede ocultar información”.
Un consejero de una empresa del Ibex 35 que pide anonimato admite que
sí se palpa esa preocupación, pero la achaca a garbanzos negros. “La
sensibilidad en los consejos la hay, existe. Que luego se pongan todos
los medios para luchar contra la corrupción… En cualquier momento puede
pasar algo, cualquier persona puede comprometer a una empresa”. Ese
mismo consejero señala que la información financiera a la que están
obligadas las corporaciones está perfectamente definida. Pero matiza que
es más complicado abordar la información no financiera, que debería
desgranar qué medios se utilizan para prevenir la corrupción y el
blanqueo. “La ley que los regula está muy mal escrita”, se queja.
El exministro de Justicia Francisco Caamaño
pone sobre la mesa otra discrepancia que, en su opinión, juega malas
pasadas en España. “Creo que se dan tensiones entre la asesoría jurídica
y el compliance. En la mayoría de países los responsables de
cumplimento son independientes de la asesoría jurídica, no como aquí”. Y
apunta a que, en procedimientos judiciales, el abogado de la empresa
puede tener una estrategia procesal que quizá no sea la mejor desde el
punto de vista del cumplimiento normativo, por ejemplo, presentándose en
la causa como víctima de tal o cual comportamiento en vez de demostrar
que la empresa ha sido transparente y diligente. Caamaño también plantea
otra disyuntiva: la del tamaño. En sectores como la banca, por ejemplo,
iniciativas como las normas de Basilea han servido de revulsivo como un
auténtico sistema de cumplimiento, pero a ese nivel llegan muy pocos
actores, solo las empresas más grandes.
Lo cierto es que la crisis de 2008 desató grandes males en forma de
casos de corrupción que no siempre han tenido grandes remedios. La
presidenta de Transparencia Internacional en España, Silvina Bacigalupo,
cree que asistimos a una “crisis de gobernanza de los últimos 15 y 20
años que ha generado que nos replanteemos el mundo”. Con ello se refiere
a que en España se han acometido reformas legislativas y en el marco
internacional han surgido iniciativas como los objetivos de la ONU de
desarrollo sostenible (ODS), que en el fondo tienen mucho que ver con la
corrupción. “Aunque los cambios siguen siendo lentos”, matiza.
La globalización también ha jugado su papel. A los inversores
institucionales de medio mundo les preocupan cada vez más estas
cuestiones cuando examinan los méritos de las compañías, y en especial
se fijan en el rol de los consejeros independientes. “Antes había
consejos que eran graníticos, de consenso… ahora cada vez hay más
debates saludables”, dicen en una gran consultora.
Transparencia, la clave
Por muchas normas que se aprueben, el camino hacia la pulcritud corporativa está lleno de curvas. Un ejemplo elocuente lo destapó la CNMC
este mismo año cuando impuso una sanción de 118 millones a una docena
de empresas por repartirse las obras públicas del AVE durante nada menos
que 14 años. Una de ellas, Alstom, que se acogió al programa de
clemencia —que exime de sanción al primer denunciante de un cártel—
entregó comunicaciones y correos electrónicos que demostraron
estrategias vergonzosas entre los participantes de la rapiña, como por
ejemplo un sorteo con el que fijaban un orden para que nadie se quedase
fuera del reparto de obras públicas. En ocasiones, la oferta económica
que presentaba el ganador era 50 o 100 euros superior a la siguiente en
contratos de millones de euros.
Juan Luis Jiménez, del departamento de Análisis Económico Aplicado de
la Universidad de Las Palmas, critica que el regulador “se rasgue las
vestiduras” por varios casos de corrupción que ocupan ahora las portadas
de los periódicos y no haya levantado más la voz cuando se han
destapado prácticas anticompetitivas como esta. “Se es condescendiente
con un tipo de corrupción que debería visibilizarse mucho más. Los
acuerdos para restringir la competencia son muy numerosos y muy graves”.
A menudo, el problema está en la falta de medios de la policía.
En su
departamento llevan tiempo estudiando la efectividad de la política
anticompetencia y creen que esta decayó tras la reforma de 2013, cuando
la antigua Comisión Nacional de Competencia fusionó seis organismos de
control regulatorio dando lugar a un macroorganismo hoy llamado CNMC.
“Se debería crear un marco de sanciones realmente disuasorio”, añade,
porque muchas veces las multas no compensan más que una pequeña parte
del daño. También apunta que es “una mala señal” que los dictámenes de
Competencia tengan a menudo votos discordantes fruto de la división
interna en el propio organismo.
Son problemas propios de un país que, como apunta David Velázquez,
director del Máster Universitario en Abogacía de Esade, arrastra un
déficit de muchos años en cultura para frenar el fraude, ya que a la
falta de tradición se une la introducción tardía de cambios normativos
importantes. Aún así, cree que “cada vez hay mayor concienciación”, a
menudo porque las corporaciones se toman en serio el hecho de que un
escándalo las pueda dejar fuera del mercado si no aplican medidas o con
su presidente sentado en el banquillo de los acusados.
Los cambios deberían empezar por las palabras. La figura anglosajona del whistleblowing,
un denunciante interno, se ha asumido aquí como el “chivato”, con
connotaciones negativas, y no como una persona cuya acción va a ayudar a
mejorar las cosas. Tampoco hay un esfuerzo por la transparencia más
allá de que a menudo se divulga información plagada de lugares comunes
que no permite evaluar si los órganos de gobierno de las compañías hacen
lo que deben: velar por el tono ético de su organización.
Muchos le
echan la culpa a estilos de dirección personalistas más propios de otras
épocas. ¿Mejorarán las cosas las nuevas generaciones? Garralda es
pesimista por algo muy humano: a menudo los dueños o los gestores acaban
convencidos de que todo va bien gracias exclusivamente a ellos.
“Piensan: ‘La empresa c´est moi’, como diría Luis XIV”. Aunque
sí es cierto que, gracias a las redes sociales, asumen que tendrán que
ser mucho más transparentes. “No se atreverán a decir eso de que ‘este
comentario no salga de aquí”.
La respuesta penal
Gürtel, el caso de los ERE, Púnica, tarjetas black... En
2014 arreciaban los escándalos y ese año se registró la mayor
preocupación ciudadana por esta cuestión en las encuestas del CIS.
Cuatro años antes el Código Penal recogía por primera vez la
responsabilidad de las personas jurídicas (empresas), algo que, como
recuerda la presidenta de Transparencia Internacional, Silvina
Bacigalupo, Estados vecinos habían plasmado en su legislación décadas
antes.
Poco después, en 2015, arranca el compliance penal, con la ley orgánica 2/2015 y, siguiendo las directivas de la UE, se amplía el catálogo de ilícitos penales de determinados delitos por los que puede ser condenada una empresa. Ello unido a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno añade piezas a este puzle para aumentar la responsabilidad corporativa. “Es un escenario bastante complejo cuyos frutos no se ven de un día para otro”, lamenta." (María Fernández, El País, 09/12/19)
Poco después, en 2015, arranca el compliance penal, con la ley orgánica 2/2015 y, siguiendo las directivas de la UE, se amplía el catálogo de ilícitos penales de determinados delitos por los que puede ser condenada una empresa. Ello unido a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno añade piezas a este puzle para aumentar la responsabilidad corporativa. “Es un escenario bastante complejo cuyos frutos no se ven de un día para otro”, lamenta." (María Fernández, El País, 09/12/19)
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