Separación de poderes e independencia judicial en España

"Algunos hechos y dictámenes judiciales siembran dudas sobre la justicia en España. ¿Es la propia de un Estado democrático con separación de poderes e independencia judicial?

Para empezar a responder cuestión tan preocupante cabe referirse a la reciente decisión del Tribunal Supremo de hacer recaer el impuesto sobre las hipotecas sobre los hipotecados y no a los bancos prestamistas. 

Una marcha atrás del Supremo que se ha desdicho de su primer dictamen: que ese impuesto debía pagarlo la banca. Tal viraje difícil de comprender ha provocado que el sábado 10 de octubre haya habido en España más de cincuenta concentraciones ciudadanas desde A Coruña a Málaga, desde Gijón a Sevilla y desde Girona Huelva con el sarcástico lema de ‘gana la banca’. 

Esas cívicas concentraciones protestaban contra la citada decisión del Supremo que en finalmente hizo recaer el impuesto que grava los préstamos hipotecarios en los ciudadanos solicitantes del préstamo, no en los bancos. Juristas y entidades jurídicas no ligadas a la banca manifiestan que, según la regulación de ese impuesto, aplicando el principio fiscal de progresividad, el que establece que paga más quien más tiene y menos el que de menos dispone, los receptores del préstamo no deben pagar el impuesto.

Por otra parte, el pasado mes de abril, una recientemente creada Asociación Atenas de Juristas por los derechos civiles se querelló contra todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un presunto delito continuado de prevaricación por la “ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de imparcialidad y la independencia judicial” (…) para el que “propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y postura ideológica” (…) para “garantizarse el enjuiciamiento con magistrados afines al Partido Popular” en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes. (...)

Algunos hechos y dictámenes judiciales siembran dudas sobre la justicia en España. ¿Es la propia de un Estado democrático con separación de poderes e independencia judicial?

Para empezar a responder cuestión tan preocupante cabe referirse a la reciente decisión del Tribunal Supremo de hacer recaer el impuesto sobre las hipotecas sobre los hipotecados y no a los bancos prestamistas. Una marcha atrás del Supremo que se ha desdicho de su primer dictamen: que ese impuesto debía pagarlo la banca. 

Tal viraje difícil de comprender ha provocado que el sábado 10 de octubre haya habido en España más de cincuenta concentraciones ciudadanas desde A Coruña a Málaga, desde Gijón a Sevilla y desde Girona Huelva con el sarcástico lema de ‘gana la banca’. 

Esas cívicas concentraciones protestaban contra la citada decisión del Supremo que en finalmente hizo recaer el impuesto que grava los préstamos hipotecarios en los ciudadanos solicitantes del préstamo, no en los bancos. Juristas y entidades jurídicas no ligadas a la banca manifiestan que, según la regulación de ese impuesto, aplicando el principio fiscal de progresividad, el que establece que paga más quien más tiene y menos el que de menos dispone, los receptores del préstamo no deben pagar el impuesto.

Por otra parte, el pasado mes de abril, una recientemente creada Asociación Atenas de Juristas por los derechos civiles se querelló contra todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un presunto delito continuado de prevaricación por la “ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de imparcialidad y la independencia judicial” (…) para el que “propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y postura ideológica” (…) para “garantizarse el enjuiciamiento con magistrados afines al Partido Popular” en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes. (...)

Por otra parte, el Grupo de Estados Contra la Corrupción y el Crimen Organizado (GRECO), que depende del Consejo de Europa, ha enviado al Gobierno de España en cuatro ocasiones denuncias y advertencias por la “total parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española designados por un órgano tan politizado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

En su Informe sobre prevención de la corrupción con parlamentarios, jueces y fiscales, el GRECO reclamó a España ya en enero de 2014 que evaluara “el marco legislativo que rige el CGPJ y sus efectos sobre la independencia de este órgano”, y que “se estipularan por ley los criterios objetivos y requisitos de evaluación para nombrar altos cargos de la judicatura como presidentes de las Audiencias Provinciales, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y garantizaran que esos nombramientos no ponen en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso”.

Dar la callada por respuesta

Tres años después, en octubre de 2016, el GRECO, en su Informe de Cumplimiento, lamentaba que España no hubiera aplicado ni una sola de las recomendaciones hechas al gobierno, denunciando como “globalmente insatisfactorio” el comportamiento del gobierno español para garantizar la independencia de la Justicia. (...)

Visto lo anterior, no cabe duda de que en el Reino de España hay una situación preocupante en la administración de justicia. Inquietante porque una justicia independiente e imparcial es requisito imprescindible de un país democrático. ¿Lo es en el Reino de España?"               (Xavier Caño, El Viejo Topo, 23/11/18)