"Las finanzas del cielo suelen ser un atajo al infierno. Mafiosos,
banqueros ahorcados, conspiraciones, secuestros y demás hitos de la
crónica negra en torno al dinero de Dios confirman que nadie es capaz de
ponerlas en orden.
Tras casi siete años de pontificado de Francisco, los problemas siguen sin resolverse: los números están en rojo, la Secretaría Económica permanece descabezada —su responsable, el cardenal Pell está encarcelado por abusos a menores y no ha sido sustituido—
y la bola de nieve formada alrededor del último escándalo de inversión
en Londres, calificadas por el propio secretario de Estado, Pietro
Parolin, de “opaco”, ha hecho emerger una guerra sucia que lleva años
librándose entre distintos departamentos del Vaticano.
La onda expansiva
ha alcanzado, entre otros, al jefe de seguridad del Papa, Domenico
Giani (obligado a dimitir), a varios cardenales en torno a los que se ha
organizado una cacería y al primer ministro, Giuseppe Conte, consultor en la operación cuando todavía era un abogado. Y acaba de empezar.
Francisco anunció al comienzo de su pontificado que la primera
reforma, pese a no ser su preferida, sería la económica. Siete años
después, la Secretaría que creó sigue descabezada; el auditor que contrató para revisar las cuentas fue despedido, intimidado y amenazado con ser encarcelado si no dimitía;
el vicedirector del IOR (Instituto para las Obras de Religión), Giulio
Mattietti, memoria histórica de la entidad, se encontró en la calle sin
poder entrar en la oficina de un día para otro y el Consejo para la
Economía, que preside el cardenal Reinhard Marx, sigue sin renovar pese a
haber expirado su mandato el pasado febrero.
La pregunta que casi nadie
es capaz de responder —y ninguno de los consultados quiere comentar al
teléfono por temor a tenerlo intervenido—, es quién está al frente de
las finanzas. “Nos gustará o no, pero es la manera de comandar de este
Papa. Él funciona así”, señala un alto cargo de la curia.
El núcleo de la explosión, que generó esta semana un insólito cruce
de acusaciones entre el secretario de Estado y quien fue su segundo, el
carismático cardenal Angelo Becciu (ambos resolvieron luego la
cuestión), se encuentra esta vez en el llamado Óbolo de San Pedro: el
instrumento de la Santa Sede para recoger las donaciones del mundo
católico (actualmente unos 150 países).
El organismo fue impulsado en
1870 cuando el Papa perdió los Estados Pontificios y las naciones
católicas tuvieron que contribuir a la supervivencia del Vaticano: una
parte se dedica a la caridad y la otra —hoy es el 70%— a pagar gastos de
funcionamiento y demás asuntos sin especificar. Pero la importante
caída de la recaudación, ligada en los últimos años a los escándalos de
abusos en EE UU y al descenso de fieles —ha pasado 101 millones de euros
en 2006 a 51 en 2018— invita a aumentar el riesgo de las operaciones de
inversión para rentabilizar las exiguas ganancias. Aquí empezó una
situación “muy delicada”, según explica uno de los protagonistas.
El Óbolo de San Pedro depende de la Secretaría de Estado, cada vez
más desposeída de atribuciones (dejó de controlar la comunicación tras
la última reforma) y sujeta permanentemente a rumores (el último sitúa a
su titular como nuevo patriarca de Venecia). Tras los escándalos del
IOR, conocido como Banco Vaticano, a principios de los años ochenta con
la quiebra del Banco Ambrosiano, se decidió disminuir el riesgo
diversificando la gestión de los ingresos entre la entidad —cuyos
réditos han caído también a la mitad— y la Secretaría de Estado. Pío
XII, como recordó Becciu en su defensa esta semana, ya abrió la puerta a
las inversiones inmobiliarias. De modo que este organismo decidió
hacerlo en 2013 entrando en el capital de un fondo de inversión que
había comprado un lujoso inmueble en el barrio londinense de Chelsea.
El vértigo de una operación en la que participó como consultor el
actual primer ministro, Giuseppe Conte un mes antes de ser elegido
(según publicó el Financial Times), cristalizó a
finales de 2018, en pleno Brexit. La Secretaría de Estado tuvo que
solicitar la salida de más dinero —unos 150 millones de dólares— para
hacerse con el edificio completo y no perder una inversión que
peligraba. El IOR, supuestamente alarmado por la elevada suma, terminó
denunciando la situación al fiscal del Vaticano, que comenzó una
investigación que ha desatado una elevada psicosis entre algunos
miembros de la curia.
Hubo registros en las dependencias de la Secretaría de Estado y se
filtraron los nombres, apellidos y foto de los investigados, incluido el
de Tommaso Di Ruzza, director del AIF, el organismo que se ocupa de
prevenir el blanqueo de capitales en el IOR. “Ese es parte del problema.
El AIF y el banco andan siempre a la gresca. Y puede que hubiera una
investigación en curso que hayan tratado de camuflar con la denuncia”,
señala un alto cargo vaticano que conoce al detalle las finanzas de la
Santa Sede en su oficina.
El jefe de la Gendarmería —y de la seguridad personal de los tres últimos papas—, Domenico Giani, dimitió por la filtración de L’Espresso, que retrotrajo a la Santa Sede a los tiempos de Vatileaks.
Francisco, aunque luego le haya condecorado, aseguró que se trataba de
un “pecado mortal” y aceptó su cese al instante. Todo ello mientras se
afronta por primera vez el fantasma de la quiebra, según ha detallado a
través de 3.000 documentos clasificados el periodista Gianluigi Nuzzi en
el libro Juicio Universal. Una proyección algo apocalíptica
teniendo en cuenta el descomunal patrimonio inmobiliario de la Santa
Sede, pero muy útil para evidenciar una cierta incapacidad para
gestionarlo.
El APSA, la empresa que controla todas las propiedades del Vaticano
(unos 4.400 inmuebles por un valor de unos 2.700 millones) y que se ha
convertido en un banco paralelo, cerró 2018 con un resultado operativo
del -27%: la primera vez en su historia que se sitúa en números rojos.
El argumento es que tuvo que rescatar con 25 millones de euros el
hospital Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) en quiebra (también
por distintos fraudes) y se situaron todas las pérdidas del préstamo
concedido por el APSA en un mismo año para no arrastrarlas al siguiente.
Pero nadie en la Santa Sede se fía ya de la gestión de un ente que se
cobró el arresto de su anterior director, monseñor Nunzio Scarano, por
blanqueo de capitales. “Hay inmuebles que no rinden nada porque están
alquilados para hacer favores que luego podrán cobrarse de una manera u
otra, pero que perjudican a la economía”, explica un exresponsable de
las finanzas de la Santa Sede. Concretamente, el 15%, según el libro de
Nuzzi, y la mitad a precios de favor. El valor medio del alquiler es de
ocho euros por metro cuadrado, una reducción respecto al precio del
mercado que va del 20% al 80% en algunos casos.
Nadie duda, sin embargo, de que la crisis abierta en las últimas
semanas va más allá de lo económico y toca de lleno la capacidad de
servicio a la Iglesia de un nutrido grupo de sus empleados. El Papa ha
contratado a un nuevo fiscal, Giuseppe Pignatone, magistrado que decidió
archivar en 2012 el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi, que
siempre se vinculó a una oscura trama en torno al IOR y a la quiebra del
Banco Ambrosiano. Un tipo duro, eso sí, acostumbrado a lidiar con los
asuntos de la mafia en Sicilia, Calabria y Roma. Una señal inequívoca de
la naturaleza del problema que arrastra la Santa Sede en el que
Londres, como lo fue ya en tiempos de Roberto Calvi, vuelve a ser una
ciudad maldita." (Daniel Verdú, El País, 03/11/19)
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