Por las de sus socios Enrique Maestre Cavanna –del despacho de Joaquín Arespacochaga– y Adrián de la Joya circularon 7,2 millones más, con idéntica procedencia.

Y a través del negocio con los navieros Ángel (administrador de Ángel Pérez CIA S.L.) y Álvaro Pérez Maura viajaron en total 14,7 millones de euros (12,2 millones sin IVA) desde abril de 2016 hasta noviembre de 2017, cuando se dio el primer golpe a la presunta organización criminal de Villarejo. 

Actualmente, la Audiencia Nacional indaga sobre la naturaleza de los servicios prestados a los Pérez Maura por este entramado presuntamente criminal de Villarejo, así como sobre el destino de lo ingresado, que indiciariamente es constitutivo de delito de blanqueo de capitales.

El circuito del blanqueo de capitales

Se sospecha que el dinero de presunto origen ilícito se lavaba realizando compras e inversiones en negocios legales y de forma legal (vía factura, escritura, contrato, etc). Medio millón se destinó a un instrumento de inversión creado por el Grupo Avellanar y llamado Monte Fuji S.L., propiedad de la familia Iranzo –descendientes de uno de los padres de Alianza Popular, Julio Iranzo Domínguez– y administrado por José Julio Iranzo Méndez. Según el contrato incautado en el registro a Villarejo, querían comprar y vender 122 apartamentos en el complejo urbanístico de Estepona Sunset Golf. 




Dos vehículos de inversión administrados por José Julio Iranzo Méndez (Avellanar Inversiones S.L. y Madrid Town Inversiones S.L.) adquirieron 34 viviendas del paquete de 1.860 inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) en época de Ana Botella; las restantes 1.826 se vendieron a dos fondos Fidere gestionados por Blackstone. 

La venta de las 1.860 viviendas municipales constituyó una operación que se instruye actualmente en el juzgado 38 de Madrid. El caso fue reabierto la pasada semana por la Audiencia Provincial.
Pero además, el 27 de diciembre de 2018 fue objeto de una contundente sentencia por parte del Tribunal de Cuentas. Según esta sentencia, la venta de las 34 viviendas a las dos empresas del Grupo Avellanar se realizó "sin aplicar los requisitos de procedimiento exigibles por la normativa de derecho público que, junto con la mercantil, regulaba esas compraventas y, además, se hicieron por un precio inferior (2.072.246,32 €) al mínimo jurídicamente exigible, hasta el punto de ser inferior incluso a su valor catastral cifrado en 3.138.331,95, lo que provocó un menoscabo en los fondos públicos que asciende a 1.063.085,63 euros”. En otro apartado añade que “incluso se prescindió en la venta de las 34 viviendas del precio de subasta aprobado anteriormente para 17 de estas viviendas por el Consejo de Administración”.

El subterfugio financiero para invertir en Monte Fuji

De acuerdo con la memoria de Monte Fuji S.L. de 2017, la sociedad es propiedad en un 91,25% de Julio Iranzo Domínguez y en un 8,75% de Ana Méndez, siendo administrada por su hijo José Julio Iranzo Méndez. La sociedad se dedica a adquirir participaciones o activos de desarrollos inmobiliarios, principalmente en la Costa del Sol junto con otros inversores, a los que da entrada con un sistema de cuentas en participación. A 31 de diciembre de 2017 sus cuentas muestran 16 millones de euros aportados por terceros por esta vía.

La inversión de Villarejo en Monte Fuji S.L. fue de medio millón de euros y se centró en solo una de las promociones inmobiliarias en las que la sociedad invirtió: 122 apartamentos en el desarrollo urbanístico Sunset Golf de Estepona. En la misma aventura empresarial le acompañó su socio Juan Carlos Escribano a través de Grupo SH Vilamoura S.L. con otro medio millón de euros. Escribano fue detenido junto con Villarejo en noviembre de 2017 en la causa Tándem y puesto en libertad con cargos.




Es remarcable la forma en que Villarejo y Escribano articulan la inversión, según la información incautada en los registros: en lugar de comprar acciones en la sociedad promotora de Sunset Golf, lo que hacen es invertir en Monte Fuji vía cuentas en participación, un sistema frecuente en operaciones de blanqueo de capitales. El contrato de cuenta en participación está a medio camino entre el préstamo y la inversión vía adquisición de acciones: no se asume responsabilidad accionarial, pero en lugar de estar sujeta a un interés fijo, la recuperación y rentabilidad de la inversión dependen del éxito del negocio participado.

Una de las principales características de los contratos de cuentas en participación radica en que pueden realizarse privadamente y de palabra o por escrito, lo cual permite ocultar a terceros la identidad de los inversores (“cuenta-partícipes”) y que estos deriven responsabilidades a los gestores. El “cuenta-partícipe” es propietario del negocio en la práctica, pero no desde un punto de vista legal/mercantil. El único propietario a efectos legales y mercantiles es el “gestor”.    (Patricia López, Pilar L. González, Público, 05/06/19)