"En Melilla se vive menos que en el resto de España:
sus habitantes tienen la esperanza de vida más baja del país. También
ostentan la mayor tasa de abandono escolar (29,5%). Más del 50% de sus
ciudadanos trabajan para el gobierno, pero casi uno de cada tres
melillenses está en paro (23,8%) y es pobre (29,4%).
Todo ello a pesar
de que la ciudad cuenta con un presupuesto de más de 270 millones de
euros anuales, muy por encima del de cualquier otra urbe de 85.000
habitantes, y sin contar con las partidas extraordinarias que el
gobierno central y la Unión Europea le conceden para asuntos
migratorios.
La decadencia de Melilla, principal paso fronterizo de
África con Europa, solo se entiende comprendiendo el funcionamiento de
una sociedad única en Europa. El clientelismo, el nepotismo, la
corrupción y la impunidad convierten a la Ciudad Autónoma en una
hipérbole de los grandes problemas del país, un retrato que aflora en la
experiencia diaria de los melillenses y en los sumarios de los
sucesivos procesos judiciales abiertos en los últimos años. Mientras, la
pasividad de los sucesivos gobiernos centrales prioriza la estabilidad
en la gestión migratoria frente a las arbitrariedades.
El gobierno que preside Juan José Imbroda (Partido Popular) sigue adjudicando contratos a dedo a una veintena de empresas locales y nacionales investigadas en las causas anticorrupción Ópera y Tosca, sobre las que la Guardia Civil ya ha aportado pruebas por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y falsificación documental.
El Ejecutivo melillense estaría repartiendo dinero público de manera arbitraria a estas empresas, entre las que se encuentran Eulen, Telefónica, Sacyr y varias compañías locales, que a cambio estarían contratando a familiares y personas cercanas a políticos de la ciudad, así como a ciudadanos anónimos a cambio de su voto.
En concreto, entre enero de 2015 y febrero de 2018, el Gobierno melillense adjudicó al menos 40,52 millones a 21 empresas investigadas por la Guardia Civil en Ópera y Tosca, de los que 409 contratos (por valor de 8,2 millones) fueron otorgados sin concurso público.
Melilla es un lugar especial, en el que un gramo de caramelo puede llegar a ser más caro que un gramo de plata: cinco euros pagó el Gobierno melillense por cada golosina para la cabalgata de Reyes de 2014.
También hubo espectáculos de Bertín Osborne y Arévalo que se firmaron oficialmente después de celebrarse, empresas que acuden a competir en una misma licitación con nombres distintos para asegurarse el contrato, o viajes de lujo e iPads para políticos cortesía de empresarios que obtienen encargos a dedo del Ejecutivo local... La impunidad, la falta de control en la contratación pública de Melilla y el abultado presupuesto de esta ciudad fronteriza dan lugar a un desvío de fondos públicos difícil de calcular.
El gobierno de Melilla tacha a los jóvenes inmigrantes que llegan a la Ciudad Autónoma de “delincuentes” y pide más dinero al Estado para su control y atención. Sin embargo, no habla de las violaciones, agresiones, condiciones de hacinamiento y otras irregularidades graves que denuncia el Defensor del Pueblo y que han hecho famoso al centro para menores extranjeros no acompañados de La Purísima, dotado de un presupuesto anual de más de cuatro millones de euros más gastos para dietas. Para UNICEF, La Purísima es un caso flagrante de vulneración de los derechos de la infancia.
En respuesta a los escándalos de corrupción, el Partido Popular prometió no mantener a imputados en sus filas. Pero con Melilla hizo una excepción. El gobierno de Juan José Imbroda mantiene en el cargo a seis consejeros imputados, la mayoría en los operativos anticorrupción Ópera y Tosca.
En la escala siguiente a la de los consejeros, el Ejecutivo melillense mantiene a dos directores generales y cuatro cargos de confianza (principalmente asesores) condenados en firme e inhabilitados para la función pública, la mayoría por el caso Abogados, así como a un total de 15 personas investigadas. No se trata de una situación nueva: solo entre 2015 y 2017, Melilla tuvo en su gobierno a al menos 31 personas investigadas por corrupción.
En Melilla el precio de un voto oscila entre 20 y 50 euros, en función de la desesperación de quien lo vende. También hay votos que se despachan a cambio de un vale de alimentos de 60 euros o un puesto de trabajo temporal. En la Ciudad Autónoma, 2.000 votos son suficientes para decidir la mayoría de gobierno y para obtener un escaño en el Congreso basta con 13.000 votos. PSOE y Coalición por Melilla, los dos principales partidos de la oposición, ya han sido condenados por compra de votos en un proceso plagado de controversias.
El Partido Popular, la formación que más denuncias acumula por compra de votos, se mantiene impune, a pesar de que varios de sus militantes y cargos fueron sorprendidos con las manos en la masa.
Dos periódicos, cuatro emisoras de radio -hasta hace poco sin licencia- y dos televisiones locales. Con 85.000 habitantes, podría decirse que Melilla es una de las ciudades con mayor pluralidad informativa de España. Pero, en realidad, es todo lo contrario. La supervivencia de los medios melillenses depende de los seis millones de euros que cada año reparte desde Presidencia y de manera arbitraria el gobierno local, lo que explica la ausencia de críticas o investigaciones sobre las irregularidades en la Ciudad Autónoma.
El último medio crítico con el gobierno de Melilla quebró en 2015, excluido de la publicidad institucional y tras años de presiones e incluso varias agresiones a sus periodistas. (...)
Al gobierno de elilla no le gustaban las investigaciones de Interviú, la revista de actualidad semanal que cerró a finales de 2018. Cada vez que sus periodistas publicaban un reportaje sobre corrupción en la Ciudad Autónoma -como el que protagonizó el campo de golf municipal-, el Ejecutivo de Imbroda se las apañaba para evitar que la revista llegara a los pocos kioscos que quedan en la ciudad. Los redactores de Interviú recuerdan que era el pan de cada día.
Para sortear esta censura enviaban copias en PDF a personas de Melilla que después las fotocopiaban y distribuían. Sin embargo, entre los episodios de censura más rocambolescos destaca el de la portada en la que posó ‘la Mimi’, conocida en Melilla por su fugaz éxito televisivo y su candidatura con el trío Venus para ir a Eurovisión, pero también por ser hija de Rafael Segura, ‘el Fali’, dueño del bar favorito de Imbroda y los miembros del PP de Melilla." (El Confidencial)
El gobierno que preside Juan José Imbroda (Partido Popular) sigue adjudicando contratos a dedo a una veintena de empresas locales y nacionales investigadas en las causas anticorrupción Ópera y Tosca, sobre las que la Guardia Civil ya ha aportado pruebas por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y falsificación documental.
El Ejecutivo melillense estaría repartiendo dinero público de manera arbitraria a estas empresas, entre las que se encuentran Eulen, Telefónica, Sacyr y varias compañías locales, que a cambio estarían contratando a familiares y personas cercanas a políticos de la ciudad, así como a ciudadanos anónimos a cambio de su voto.
En concreto, entre enero de 2015 y febrero de 2018, el Gobierno melillense adjudicó al menos 40,52 millones a 21 empresas investigadas por la Guardia Civil en Ópera y Tosca, de los que 409 contratos (por valor de 8,2 millones) fueron otorgados sin concurso público.
Melilla es un lugar especial, en el que un gramo de caramelo puede llegar a ser más caro que un gramo de plata: cinco euros pagó el Gobierno melillense por cada golosina para la cabalgata de Reyes de 2014.
También hubo espectáculos de Bertín Osborne y Arévalo que se firmaron oficialmente después de celebrarse, empresas que acuden a competir en una misma licitación con nombres distintos para asegurarse el contrato, o viajes de lujo e iPads para políticos cortesía de empresarios que obtienen encargos a dedo del Ejecutivo local... La impunidad, la falta de control en la contratación pública de Melilla y el abultado presupuesto de esta ciudad fronteriza dan lugar a un desvío de fondos públicos difícil de calcular.
El gobierno de Melilla tacha a los jóvenes inmigrantes que llegan a la Ciudad Autónoma de “delincuentes” y pide más dinero al Estado para su control y atención. Sin embargo, no habla de las violaciones, agresiones, condiciones de hacinamiento y otras irregularidades graves que denuncia el Defensor del Pueblo y que han hecho famoso al centro para menores extranjeros no acompañados de La Purísima, dotado de un presupuesto anual de más de cuatro millones de euros más gastos para dietas. Para UNICEF, La Purísima es un caso flagrante de vulneración de los derechos de la infancia.
En respuesta a los escándalos de corrupción, el Partido Popular prometió no mantener a imputados en sus filas. Pero con Melilla hizo una excepción. El gobierno de Juan José Imbroda mantiene en el cargo a seis consejeros imputados, la mayoría en los operativos anticorrupción Ópera y Tosca.
En la escala siguiente a la de los consejeros, el Ejecutivo melillense mantiene a dos directores generales y cuatro cargos de confianza (principalmente asesores) condenados en firme e inhabilitados para la función pública, la mayoría por el caso Abogados, así como a un total de 15 personas investigadas. No se trata de una situación nueva: solo entre 2015 y 2017, Melilla tuvo en su gobierno a al menos 31 personas investigadas por corrupción.
En Melilla el precio de un voto oscila entre 20 y 50 euros, en función de la desesperación de quien lo vende. También hay votos que se despachan a cambio de un vale de alimentos de 60 euros o un puesto de trabajo temporal. En la Ciudad Autónoma, 2.000 votos son suficientes para decidir la mayoría de gobierno y para obtener un escaño en el Congreso basta con 13.000 votos. PSOE y Coalición por Melilla, los dos principales partidos de la oposición, ya han sido condenados por compra de votos en un proceso plagado de controversias.
El Partido Popular, la formación que más denuncias acumula por compra de votos, se mantiene impune, a pesar de que varios de sus militantes y cargos fueron sorprendidos con las manos en la masa.
Dos periódicos, cuatro emisoras de radio -hasta hace poco sin licencia- y dos televisiones locales. Con 85.000 habitantes, podría decirse que Melilla es una de las ciudades con mayor pluralidad informativa de España. Pero, en realidad, es todo lo contrario. La supervivencia de los medios melillenses depende de los seis millones de euros que cada año reparte desde Presidencia y de manera arbitraria el gobierno local, lo que explica la ausencia de críticas o investigaciones sobre las irregularidades en la Ciudad Autónoma.
El último medio crítico con el gobierno de Melilla quebró en 2015, excluido de la publicidad institucional y tras años de presiones e incluso varias agresiones a sus periodistas. (...)
Al gobierno de elilla no le gustaban las investigaciones de Interviú, la revista de actualidad semanal que cerró a finales de 2018. Cada vez que sus periodistas publicaban un reportaje sobre corrupción en la Ciudad Autónoma -como el que protagonizó el campo de golf municipal-, el Ejecutivo de Imbroda se las apañaba para evitar que la revista llegara a los pocos kioscos que quedan en la ciudad. Los redactores de Interviú recuerdan que era el pan de cada día.
Para sortear esta censura enviaban copias en PDF a personas de Melilla que después las fotocopiaban y distribuían. Sin embargo, entre los episodios de censura más rocambolescos destaca el de la portada en la que posó ‘la Mimi’, conocida en Melilla por su fugaz éxito televisivo y su candidatura con el trío Venus para ir a Eurovisión, pero también por ser hija de Rafael Segura, ‘el Fali’, dueño del bar favorito de Imbroda y los miembros del PP de Melilla." (El Confidencial)
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