""Como empleada de un Ayuntamiento
durante dos décadas, Ana Garrido tenía uno de los trabajos más seguros
que se pueden encontrar en España. Pero, después de que intentara
destapar la corrupción oculta en las adjudicaciones de contratos del
consistorio, su vida descendió a lo que ella describe como mis siete años de calvario".
Así comienza el reportaje que el The New York Times publicó en su edición dominical del pasado 15 de mayo, titulado "Destapar la corrupción es un esfuerzo arriesgado en España".
El prestigioso periódico estadounidense, ganador del Premio Pulitzer en 108 ocasiones, toma así a Garrido,
ex empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), como
ejemplo para explicar la senda que se ven obligados a recorres aquellos
ciudadanos que deciden denunciar los casos de corrupción en España. "Ese
camino la llevó de ser acosada por sus jefes y colegas en Boadilla, a
la depresión y la baja por enfermedad, desempleo, e incluso a recibir
amenazas de muerte", relata el medio estadounidense.
Como señala el Times
citando un informe de Transparencia Internacional, España es parte del
"puñado de naciones europeas sin leyes que amparen a los whistleblowers
(denunciantes o filtradores)", al contrario que países como EEUU, Reino
Unido, Francia, Bélgica o Irlanda, que desde el 2010 han impulsado
leyes para proteger a aquellos que revelan irregularidades o casos de
corrupción, un problema particularmente acuciante en España: "Más de 200 casos han salpicado a todos los partidos políticos mayoritarios desde 2008", recalca el periódico.
A la cárcel por denunciar
Desde que denunció, Garrido se ha enfrentado a varias represalias, algunas en forma de denuncias ante los juzgados.
En este momento se encuentra imputada por "infidelidad en la custodia
de documentos" del Ayuntamiento de Boadilla, como facturas o
diligencias, "de carácter reservado, dado su naturaleza",
recoge la denuncia de la concejal de Hacienda, Comercio y Economía y la
cuarta teniente alcalde del municipio, ante la Guardia Civil.
Sin embargo, hay otros denunciantes
que se enfrentan incluso a penas de cárcel por su revelación de actos
ilícitos. Es el caso de Roberto Macías, acusado del "robo de archivos
digitales" que ayudaron a descubrir el fraude sistemático de las ayudas
al empleo provenientes de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía
por parte de la federación de UGT en la comunidad autónoma.
Casi dos
millones de euros que terminaron convertidos en cenas con barra libre en
la Feria de Abril y diversos regalos para la cúpula del sindicato.
Ahora, UGT pide cuatro años de cárcel para
Macías y 60.000 euros por el "daño moral" que sus revelaciones han
producido al sindicato. "El sistema español está diseñado para
perseguir, más que para proteger, a aquellos que denuncian la
corrupción", denuncia ante el Times Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad,
asociación ciudadana que intenta ofrecer apoyo a los filtradores y de
la que forman parte tanto Ana Garrido como Roberto Macías, así como
otros denunciantes como el ex teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura.
Invitados a la Comisión Anticorrupción del Congreso
La Plataforma por la Honestidad impulsa la Ley Integral para la protección de los denunciantes de corrupción,
que asemeje la protección que reciban aquellos que den el paso de
denunciar a la que ampara a las víctimas de violencia de género: opinan
que medidas como asegurar su puesto de trabajo, asistencia jurídica
gratuita o la creación de un Observatorio de la Corrupción plenamente
independiente ayudarían a que "las denuncias se multipliquen", y no
dependan solo de "personas valientes como Ana Garrido o Luis Gonzalo
Segura", defiende la Plataforma.
"La implicación en esta materia no entiende
de signos políticos. Se trata de un punto verde que debe unir a todos
los partidos", defienden los activistas, que se han reunido con
representantes de todos los partidos con representación en el Congreso
en esta efímera XI legislatura, a excepción del PP.
La convocatoria de elecciones para el 26-J ha impedido que la ley de
protección a los denunciantes comience a ser desarrollada, pero los
activistas han recibido diferentes compromisos de los partidos,
como la promesa de incluirla de ésta en sus nuevos programas
electorales o la invitación a participar en la Comisión Anticorrupción
del Congreso." (Carlos del Castillo, Público, 16/05/16)
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