"Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha destapado las prácticas corruptas de una supuesta red delictiva que
opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra.
El auto,
fechado el pasado día 3, aparta a los administradores concursales José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón
por "deslealtad" y "falta de imparcialidad" en el concurso del Grupo
Inmobiliario Luxender, al que han arrastrado al límite de la liquidación
por autorizar el pago de facturas falsas, consentir el cobro de cheques
manipulados y fijar honorarios desorbitados para sus propios peritos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial,
ya está en poder de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que desde hace
varios meses investiga una presunta trama corrupta formada por abogados, economistas, peritos y administradores concursales, que
actúa supuestamente en connivencia con jueces de lo mercantil. Las
pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada en octubre de
2013 por Antonio García, presidente de la promotora Luxender, que a finales de 2008, ahogada por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores.
La
investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red
corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que
presuntamente forman parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los
administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del corporativo circuito de los concursos de acreedores, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.
La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores
en los que han intervenido los mismos administradores concursales de
Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido
idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario.
De los cerca de 10.000 procedimientos concursales que hubo en España en
2013, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10
millones de euros. Éstas son las piezas más codiciadas del circuito, ya que la retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios.
De ahí que aquéllos cortejen
habitualmente a jueces de lo mercantil con conferencias muy bien
remuneradas en congresos sobre derecho concursal, que generalmente se
celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total, a cambio de la adjudicación de los concursos más jugosos.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante repasa de forma
detallada las corruptelas e irregularidades presuntamente cometidas por
Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales más
activos del circuito. Ambos autorizaron pagos de 222.919 euros a su socio Iván Cristóbal por unos supuestos trabajos de auditoría nunca realizados;
falsearon el informe concursal al afirmar que Cristóbal realizó la
auditoría contable de Luxender correspondiente a los ejercicios de 2008 y
2009, y maniobraron para incrementar de forma irregular los honorarios
de su socio a 381.401 euros.
Ramos Fortea y García Gascón
avalaron, además, el pago de 220.820 euros al perito García Llorens,
también presuntamente vinculado a la trama, que éste trató de justificar
mediante facturas falsas emitidas por sociedades fantasma.
Los
dos administradores concursales también se apropiaron, presuntamente,
de un cheque de 294.212 euros contra una cuenta de Luxender en Caixa
Galicia, cantidad que fue sustraída de la masa activa del concurso.
El talón, cuyas firmas fueron falsificadas, se ingresó en una cuenta
del despacho de abogados Orfila Cinco, cuya conexión con la red corrupta
investiga la UDEF.
Los tres magistrados que firman la sentencia -Enrique García Chamón, Luis Antonio Soler y María Teresa Serra-
resaltan que Ramos Fortea y García Gascón actuaron de forma
"absolutamente reprochable", vulneraron repetidamente "el deber de
lealtad del administradior concursal para con el interés del concurso" y
quebrantaron el artículo 37 de la Ley Concursal, que "se constituye en
la cláusula general anticorrupción de nuestra legislación concursal". (José L. Lobo
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