"Un señor impecablemente trajeado entra en la sucursal de un banco en
Valencia. Lo acompaña su abogado, que lleva la voz cantante. Pide ver al
director de la oficina y le da órdenes para crear una serie de cuentas
bancarias y realizar transferencias.
El empresario no habla. Está a la
espera de una reconstrucción maxilofacial y no le queda ni un solo
diente, según le explica el abogado al encargado de la oficina bancaria.
El asesor se encarga de todos los detalles y entretiene al director
cuando el empresario firma con dificultad los documentos.
En realidad,
el empresario es un indigente al que una organización criminal ha sacado
de un centro social de la capital valenciana. Le ha dado de comer y un
baño y le ha puesto traje caro para usarlo como testaferro de una de las
múltiples empresas que usan como tapadera.
El relato lo describe con
profusión de detalles un inspector de la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (Onif) gracias a las
conversaciones telefónicas pinchadas por la policía durante un año.
Cuando agentes de esa unidad de élite de Hacienda irrumpieron en la
oficina de esta organización, situada en un piso de la calle Gran Vía
Marqués del Turia de Valencia, hallaron una estantería repleta de
teléfonos móviles perfectamente clasificados con etiquetas con nombres
de empresas.
En un armario de la oficina encontraron varios trajes,
camisas y corbatas con las que vestían a los hombres de paja que
utilizaban para dar veracidad a su entramado empresarial. La sociedad se
dedicaba a comprar y vender componentes informáticos a un precio
sospechosamente bajo.
La operación, desarrollada en 2010, fue bautizada como Revival.
Concluyó con 16 detenidos, la investigación de más de 50 cuentas
bancarias y la identificación de medio centenar de testaferros y
sociedades de Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta. Fuentes de la Agencia
Tributaria calculan que el fraude cometido supera los 60 millones de
euros. Se trata de una de las operaciones contra el fraude organizado
del IVA, conocido como fraude carrusel, más importante hasta la fecha.
Este tipo de delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido es
uno de los que más preocupa a las autoridades de Hacienda. “Es un
problema serio que podría alcanzar miles de millones de euros”, explica
una fuente de la inspección de la Agencia Tributaria que sitúa el inicio
de esta práctica a principios de la década pasada.
El fraude carrusel en el IVA consiste en la creación de una
estructura empresarial para aprovechar que las entregas
intracomunitarias están exentas de dicho impuesto.
El mecanismo comienza con una venta exenta del impuesto entre una
empresa radicada fuera de España (A) y otra constituida en territorio
nacional (B). Ambas forman parte de la organización.
La sociedad que
recibe la mercancía (B), conocida en la jerga del fisco como trucha, la
vende a su vez a otra sociedad (C) de la organización a la que repercute
el IVA. Sin embargo, no lo ingresa a Hacienda. Habitualmente este tipo
de empresas (B) desaparece sin dejar rastro.
Es frecuente que sean
sociedades constituidas mediante despachos de abogados que se dedican a
crear sociedades en cascada. El fraude se agrava cuando la tercera
empresa (C) que recibió la mercancía reclama la devolución del IVA por
haberlo soportado.
En este caso, la Agencia Tributaria no solo no cobrará el IVA de la
operación, sino que pagará la devolución. En realidad, supone un
vaciamiento de las arcas de Hacienda. La trama se complica cuando se
crean más empresas ficticias con las que dificultar el rastro de la
mercancía, que en ocasiones ni siquiera existe y se sustituye por la
circulación de facturas y albaranes falsos.
La Agencia Tributaria ha estrechado el cerco sobre este tipo de
tramas organizadas, que se centra en algunos sectores concretos como los
componentes informáticos, telefonía móvil, bebidas alcohólicas,
hidrocarburos o automóviles de ocasión. La Onif se ha convertido en la
unidad más eficaz contra la desarticulación de estas actividades.
Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que España solo existen
cerca de una docena de grupos de este tipo. Pero también advierten:
“Actúan a través de cientos o miles de empresas.
Se han profesionalizado
y han creado estructuras complejas y jerarquizadas. Los que financian
el carrusel no suelen estar en España”. Por eso, piden estrechar la
colaboración entre los diferentes departamentos involucrados en la
investigación de este delito (inspectores, Onif, aduanas, policía,
Guardía Civil...).
Detrás de estas organizaciones suele haber grupos criminales, admiten
en Hacienda. Estos actúan como si invirtieran en una operación
financiera: pagan la primera compra de mercancía, si existe, y la hacen
circular —a través de sus sociedades interpuestas— a un precio inferior
al de mercado, con márgenes muy estrechos porque buscan beneficiarse del
descuento del 21% del IVA que no pagan.
Hacienda se ha propuesto acabar con estas organizaciones y limitar
esta práctica. “Quiere dar una respuesta tajante”, según explicó la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando presentó
la reforma del Código Penal y la Ley contra el fraude para introducir
algunos cambios que dificulten esta actividad ilícita.
Entre ellos, se
facilita la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de
evasión. Además, se crea un tipo agravado de delito cuando el fraude
haya sido cometido dentro de una organización criminal.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés
Pérez-Boga, admite que este tipo de fraude trae de cabeza a Hacienda.
Señala que una de las medidas que se podrían tomar para limitar esta
actividad consiste en ampliar la inversión del sujeto pasivo.
Esta
medida, aprobada por el Gobierno para determinadas operaciones
inmobiliarias, obligaría a la primera empresa interviniente a pagar el
IVA a Hacienda en lugar de repercutirlo a otra de las sociedades de la
trama. Es decir, les obligaría a demostrar que se ha ingresado el IVA en
la Agencia Tributaria para pedir la devolución del impuesto.
La Ley antifraude también prevé un paquete de medidas preventivas
para evitar el vaciamiento de estas empresas cuando se inicia la
investigación o se presenta la denuncia. Fuentes de la Onif explican que
en los últimos años han logrado reducir el número de fraudes de este
tipo. Aunque admiten que en cuanto desarticulan una de estas
organizaciones, enseguida otra ocupa su lugar.
Hace unas semanas, la Agencia Tributaria desmanteló en Sevilla una
organización que defraudaba con el IVA de los de hidrocarburos en
algunas gasolineras. Aseguran que poco a poco todas van cayendo.
Hacienda está en pesca de truchas." (El País, 25/11/2012)
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