"Concluye el caso Divar. Un caso jurídicamente no instruido, por la
obstrucción efectuada desde dentro de la propia administración de la
justicia, pero que al revelar un anómalo comportamiento institucional es
digno de figurar en la antología de los despropósitos políticos de este
país.
Es un caso que cómo síntoma y síntesis de varios inquietantes
fenómenos deja un penetrante olor a rancio. Dispensen que utilice los
olores como metáfora, pero las sociedades, los países, también huelen.
Unos huelen a dinero, otros a vitalidad y a juventud; otros huelen a
trabajo y a esfuerzo, y otros huelen a viejo.
Y España, cada día más,
apesta a naftalina. No nos abandona, como el buen desodorante, el
conocido tufo a picaresca, a corrupción, a caciquismo, a opacidad y a
sacristía.
El caso Divar expele el olor del aire viciado de los
cenáculos, de los estamentos, del incondicional espíritu de cuerpo, de
la adhesión inquebrantable, del colegueo para defender privilegios y de
la doble moral, porque muestra también la poco ejemplar conducta de un
reconocido católico practicante.
Divar ha dimitido de sus cargos de presidente del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal Supremo tarde y mal, porque no le ha
quedado más remedio. Lo que él califica de desproporcionada y cruel
campaña desatada en su contra es sólo la exigencia de responsabilidades
por un dinero público gastado alegremente en actividades que tienen poco
que ver con sus funciones institucionales, ya que los reiterados viajes
a Marbella en largos fines de semana no han podido ser justificados por
imperativos del cargo, teniendo en cuenta además que la villa malagueña
no es precisamente la cuna del derecho, ni las instituciones locales se
han distinguido por el respeto de la ley.
Divar se va sin explicar en qué y con quién se gastó 29.000 euros en
una treintena de viajes y en frecuentes cenas -¿trabajador nocturno o
empedernido noctámbulo?-, ni ha mostrado hasta ahora intención de
devolverlos. Si hubiera empezado por ahí, quizá seguiría en el cargo.
Tampoco se va arrepentido.
“No he cometido ninguna irregularidad ni
moral, ni jurídica, ni política”, afirmó ante la denuncia del vocal
Gómez Benítez, postura que ahora ratifica indicando que no tiene
conciencia de haber hecho nada malo. Es posible que lo crea. Habrá
confesado sus faltas y obtenido la absolución de su confesor (para eso
están) por unos pecadillos de nada -“la carne es débil”; “ego te
absolvo”- y por un poco de dinero público: una miseria, según
dijo, que ha resultado, de momento, de 29.000 euros, que equivalen a 45
mensualidades de salario mínimo -642 euros/mes-, que para sí quisieran
muchos parados. (...)
Preside dos órganos que representan un poder central del Estado de
Derecho, el poder judicial, que administra la justicia y vela por la
correcta aplicación de la ley. Menos para él, porque Divar no se atiene a
la ley para juzgar sus propios actos, sino que apela a su conciencia
como instancia suprema.
Antepone su particular condición de católico a
la de presidente de un poder del Estado. Como católico responde ante su
dios, al que calificó de supremo juez en un acto público, pero no ante
la ley ordinaria. Con lo cual cabe colegir que este hombre no estaba
capacitado para ejercer el cargo que ostentaba, porque tiene una
concepción medieval de la justicia y de la judicatura.
El caso revela también una sorprendente actuación corporativa. Para
los ciudadanos, que soportan en sus economías los duros planes de ajuste
para salir de la crisis, es difícil de entender el apoyo prestado por
once de los quince miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo al
archivar la querella contra Divar por no apreciar indicios de presuntos
delitos de estafa, apropiación indebida o malversación de caudales
públicos en los gastos devengados por 32 viajes a Marbella y a otros
destinos cargados al erario público.
Es muy difícil de admitir que una
persona que percibe un sueldo de 130.000 euros al año no pueda costearse
unos gastos de fin de semana -largos, eso sí- que califica, por su
importe, de “miseria”. Pues si son una miseria, los podía haber pagado
él, no los contribuyentes. Pero lo que parece un abuso para los sensatos
ciudadanos, para los vocales del Consejo no lo es.
El caso ha salido a la luz tras haberse conocido que el pleno del
Consejo General del Poder Judicial rechazó, en el mes de marzo, una
propuesta del vocal Gómez Benítez para moderar los gastos de viaje, que
rondan el medio millón de euros al año, mediante un plan de austeridad.
Considerada incluso ofensiva, la propuesta fue rechazada y los vocales
del Consejo, cuyo sueldo mensual es de 6.000 euros, seguirán cargando al
erario público los gastos de viaje a sus lugares de residencia
efectuados los fines de semana, y algunos también a diario, sin tener
que dar cuenta de ello, en virtud de una disposición de 1996. En la
misma sesión, el pleno del Consejo rechazó una propuesta para hacer más
transparente su funcionamiento, por lo cual las sanciones a los jueces
seguirán siendo secretas.
Eso explica también la reacción de Divar al
juzgar de intolerables y propias de libertinaje las críticas efectuadas
al Consejo, reacción que sólo puede causar estupor, cuando no alarma, en
una ciudadanía que ve en la judicatura una selectiva casta.
¿Es libertinaje exigir explicaciones sobre cómo gastan los fondos
públicos unos privilegiados servidores del Estado en un momento en que
se detrae dinero de los presupuestos del Estado para educación y
sanidad? ¿Es libertinaje tratar de eliminar la persistente opacidad en
los órganos que administran la justicia? ¿No es el momento de pedir más
esfuerzo a quienes dirigen el aparato judicial para desatascar los miles
de casos pendientes en los tribunales ordinarios? (...)
Por su comportamiento, da la impresión de que no saben en qué país y en
qué época viven. ¿Acaso ignoran que la justicia es una de las
instituciones peor valoradas por los ciudadanos, que la sufren y la
sufragan? Es como si la casta togada habitara en un batiscafo, con la
función de juzgar los actos de la sociedad pero sin formar parte de
ella." (José M. Roca , Attac Madrid, 29/06/2012)
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