El llamado caso Castro de Rei, que propició la detención del alcalde socialista Juan Valiño y de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, entre otros catorce imputados, bajo los focos de los medios de comunicación, va camino de extenderse por el resto de la provincia. La declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la institución provincial, José Antonio Mondelo, ha dado un giro a la instrucción y ha llevado al fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores, a pedir que se amplíen las investigaciones a otros siete municipios, cinco de ellos con alcalde del PP.
En su escrito incluido en el tomo cinco del sumario que ya acumula más de dos mil folios, el ministerio público advierte que se desprenden "posibles actuaciones ilícitas, indiciariamente constitutivas de delitos de tráfico de influencias y cohecho, presuntamente llevadas a cabo en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de O Vicedo, Ourol, Muras, Cospeito, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Becerreá". El fiscal entiende que "procede la remisión de los correspondientes testimonios a los juzgados territorialmente competentes" para que sigan con las pesquisas. (...)
La lista del jefe de obras de la Diputación incluyó a los alcaldes populares de O Vicedo, Jesús Novo; de Muras, Issan Algnaghn; de Cospeito, Armando Castosa; el anterior regidor de Ourol, Guillermo Salgueiro, además del regidor socialista de Castroverde, José María Arias, que es también diputado provincial, y los alcaldes de Becerreá, Manuel Martínez, y Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, ambos socialistas.
El jefe de obras contó en el interrogatorio que los alcaldes acudían a la Diputación para pedir ayuda en la configuración de presupuestos para obras. Luego engordaban esos presupuestos que llegaban a superar entre un 22% y un 28% los precios de mercado. Citó un caso, el del ayuntamiento de Muras presidido por el popular Issam Algnaghn, cuyos sobreprecios alcanzaron el 50%." (El País, ed. Galicia, Galicia, 17/06/2010, p. 3)
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