“La Generalitat rebaja un euro los contratos para burlar la ley. El 70% de los informes de asesoría externa se adjudican de forma directa.
La Generalitat de Cataluña rebajó el pasado año hasta un céntimo de euro el precio de los informes que encargó a asesores externos a la Administración para esquivar la obligación de convocar concurso público. La Ley de Contratos de las Administraciones exige tres ofertas distintas para los contratos de cuantía superior a 12.000 euros y un concurso para los que rebasan 30.000 euros. Pues bien, el Gobierno tripartito de izquierdas llegó a fijar el precio de algunos encargos en 11.999,99 euros, como uno del Departamento de Agricultura, que dirige el socialista Joaquim Llena, sobre la redacción del anteproyecto de la Ley de Suelo Agrario.
Todos los departamentos sin excepción practican esta triquiñuela legal de reducir en varios euros o menos el importe de sus contratos y burlar así la legislación. Los departamentos de Vicepresidencia (Josep Lluís Carod-Rovira), Obras Públicas (Joaquim Nadal), Agricultura (Llena) y Gobernación (Joan Puigcercós, hasta hace días) fueron los que más utilizaron este recurso el año pasado, tanto para informes técnicos como de asesoría en comunicación. El vicepresidente Carod usó ese truco para la mitad de los contratos. Agricultura y Acción Social rebajaron también en unos euros el 22% de sus contratos.
Otra forma de sortear la Ley de Contratos es licitar proyectos de menos de 12.000 euros. O trocear un mismo dictamen en dos o tres partes, con lo que el precio queda dividido y el consejero de turno puede adjudicarlo a dedo. Carod, por ejemplo, adjudicó todos, absolutamente todos sus proyectos, a dedo: ninguno superaba la barrera de los 12.000 euros. (…)
En 2007, el Gobierno catalán gastó más de 32 millones de euros por un total de 1.565 informes encargados a empresas y particulares ajenos a la Administración. El 70% de estos informes se adjudicaron de forma directa, sin solicitud de ofertas ni concurso, pues su precio fue inferior a los 12.000 euros.” (El País, ed. Galicia, España, 30/03/2008, p. 24)
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