18.1.25

Ábalos y Koldo cobraron por venderse al comisionista Aldama hasta casi 1 millón y 500.000 euros, respectivamente, entre 2019 y 2022 (Ekaizer)

 "La hoja de ruta del interrogatorio del abogado José Antonio Choclán a su cliente, el imputado/investigado Vicente de Aldama, consumió 1 horas 31 minutos y los restantes 25 minutos que duró la declaración quedaron para Luis Pastor, fiscal miembro de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo tanto del procedimiento de Koldo García-Aldama-José Luis Ábalos como de la trama de los hidrocarburos, un caso de fraude fiscal de 182 millones y otros delitos que provocó 14 detenciones el 10 de octubre pasado y arrojó a Aldama a la prisión madrileña de Soto del Real por decisión del juez Santiago Pedraz.

       Choclán suele saber muy bien, por su actuación en casos mediáticos de diverso y gran calibre, lo que el mercado de noticias y de la política demandan.

Y elaboró esa hoja de ruta con ese conocimiento: pasear a su cliente ante los principales protagonistas y personajes secundarios.

Así, aparecieron en la primera parte además de sus socios presuntamente corruptos Koldo García y José Luis Ábalos, el presidente Pedro Sánchez, varios ministros del Gobierno (hasta la oportuna Teresa Rivero (sic), nombre que Choclan tuvó que corregir por el de Ribera), la exvicepresidenta Nadia Calviño, la venezolana Delcy Rodríguez, el opositor Juan Guaidó, y demás.

   Pero desde el punto de vista criminal, o penal, lo que hizo en primer lugar este jueves Aldama, el corruptor según la definición de los autos judiciales en esta causa, es echarse sobre sus espaldas el papel de creador de la organización criminal (artículo 570 del Código Penal); tráfico de influencias (artículo 428) y de cohecho (artículo 419). Es decir: declararse culpable. “Yo no soy el Banco de España”, dijo que les decía a Ábalos y a su mano derecha Aldama cuando le pedían más dinero por venderse.

    Y como creador del entramado para la concesión de negocios con las administraciones públicas Aldama ha acreditado y aportado detalles sobre la investigación que el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y el fiscal Luis Pastor, vienen desarrollando con apoyo de la policía judicial de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil desde 2022.

   “Los cohechos de Ábalos y Koldo están reconocidos y esclarecidos. Las novedades habrá que verlas”, señaló una fuente judicial muy cercana a la investigación. “Aldama ha reconocido sus cohechos, tráfico de influencias y organización criminal. Y eso es un pico de años” añadió.

     Entre esas “novedades” hay dos: la presunta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

    La Fiscalía pedirá, según ha sabido este diario, la comparecencia en calidad de imputado de Carlos Moreno a la brevedad para confirmar la información de Aldama, quien presuntamente entregó el dinero a Koldo y éste, junto con Aldama, se lo dio en mano a Moreno; misma presunta operación frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Aldama y Koldo con la entrega a Santos Cerdán de un sobre con 15.000 euros.

    El primero de los cohechos obedecería a un aplazamiento en la entrega de un aval a Hacienda por parte de una empresa de Aldama llamada Pilot Real Estate.

Koldo habla con Moreno y este le dice que primero, antes de hacer cualquier gestión, necesita consultarlo con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, segú afirma el creador del entramado.

Se hace la gestión y el aplazamiento de un embargo previsto es concedido. A los dos meses, Koldo le sugiere a Aldama que tenga un “detalle” con Moreno que está buscando un piso. Koldo le pide 25.000 euros. Quedan a tomar café debajo del Ministerio e Hacienda y Koldo y Aldama le entregan el sobre.

El segundo cohecho sería la entrega de los 15.000 euros apuntados a Cerdán por contrataciones a favor de Aldama en el País Vasco y Navarra, lo que llama el “cupo vasco”.

    Aldama dice siempre estar presente en las entregas de metálico.

También en las destinadas a Ábalos, en el ministerio y en su casa.  

    ¿Cuáles fueron las cantidades que pagó en metálico y en otros favores (inmuebles, alquileres varios) Aldama?

   Las fuentes consultadas aseguran a El Periódico de Cataluña que Aldama pagó a Ábalos aproximadamente 1 millón de euros entre primeros de 2019 y 2022, contando entregas en metálico y otros cohechos (compra de una chalé para su uso familiar en La Alcaldesa, Cadiz y el alquiler de un piso en Torre de Madrid para Jessica González García, amante de Ábalos) cantidad que en el caso de Koldo García pudo ascender a unos 500.000 euros.

   Estas cantidades salen de las pesquisas realizadas por la UCO en los múltiples dispositivos incautados a la trama Aldama-Ábalos- Koldo y examinados hasta ahora.

Es más dinero de lo que ha declarado este jueves Aldama.

     El “presupuesto inicial” que le pedían Ábalos y Koldo García era de 2 millones de euros el primero y de 500.000 euros el segundo.

     Los contratos de venta de mascarillas, que le permitieron ganar una comisión de 5,5 millones de euros a Aldama, les supuso a Ábalos embolsar 250.000 euros y a Koldo García 100.00 euros.

Ese fue el acuerdo.

     En respuesta al fiscal Luis Pastor, el creador de la trama señala:

   -Señor fiscal, yo creo que quitando [los contratos de] las mascarillas se le habrá dado al señor Ábalos unos 400.000 y pico de euros, y al señor Koldo, unos 200.000 euros más.

   -Pastor: ¿Eso en todos los conceptos o solo en metálico?

  -Aldama: En metálico. No estoy contando la casa [piso en Torre de Madrid] que se le pagaba a Jessica.

 -Usted también ha indicado pagos recurrentes [mensuales] de entorno a 10.000 euros a Koldo.

 -Sí.

    Sin embargo, según los investigadores, el seguimiento de los pagos realizado por  la UCO arroja cantidades mayores, según hemos apuntado.

    Las pretensiones de Ábalos y Koldo García, si se dan por buenos los datos ya conocidos en la investigación y las afirmaciones de Aldama indican que ambos vieron la ocasión de dar dos grandes pelotazos.

Si Aldama cobró 5,5 millones de euros por intermediar (el 10% de todos los contratos de venta de mascarillas por 55 millones de euros), ellos pretendían la mitad de esa ganancia (2 millones para Ábalos y 500.000 para Koldo). Parece que Koldo lo habría conseguido.

    Antes de terminar la declaración del pasado jueves, el fiscal Pastor hizo a Aldama la siguiente petición:

   -Usted ha declarado aquí voluntariamente. ¿Puede ratificar su voluntad de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción? Comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal.¿Manifiesta usted su disposición?

-Manifiesto mi disposición y colaboración

     Tras la declaración, el abogado Choclán solicitó la libertad al juez Pedráz, que había dictado prisión para Aldama y sus cómplices el 10 de octubre en la trama de los hidrocarburos.

El fiscal pastor, a su vez, solicitó la tarde del jueves acordar la libertad en virtud de que “la confesión de los delitos coloca al investigado [Aldama] en una nueva situación”, aunque pidió la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecer semanalmente.

    Aldama se atribuyó en la declaración a sí mismo la labor de conseguir el rescate de Air Europa, empresa a la cual asesoraba, y a Ábalos. Lo hizo de manera tajante. En ningún momento apuntó a Begoña Gómez en este asunto.

     Choclán consiguió el impacto que buscaba: es decir las múltiples referencias de Aldama a Pedro Sánchez.

Y obtuvo también lo que estaba fuera de guión: la respuesta de Sánchez a “este personaje” (Aldama); y la de su cliente a Sánchez: “No se preocupe, tendrá pruebas”."

( Ernesto Ekaizer , blog, 23/11/24)

14.1.25

La asociación progresista de fiscales atribuye al Supremo una “caza de brujas” por la causa contra el Fiscal General, García Ortiz... que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”... “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”

 "La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido este lunes un duro comunicado para denunciar el “ataque directo” contra la “institución del Ministerio Fiscal” que ha perpetrado, según su opinión, el juez Ángel Hurtado al citar a declarar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos de sus subordinados el 30 de enero y el 5 de febrero. La asociación —a la que pertenece García Ortiz y de la cual fue presidente— insiste en que la causa del magistrado instructor del Tribunal Supremo contra el máximo representante del ministerio público constituye una “auténtica caza de brujas”, que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”.

“La UPF manifiesta su absoluta disconformidad y perplejidad por esta imputación, que supone criminalizar el funcionamiento normal de la institución del Ministerio Fiscal”, remacha la nota del colectivo, que en diciembre ya calificó como “claramente inquisitivo” el trabajo del juez. A primera hora de la mañana de este lunes, Hurtado ha fijado la fecha para interrogar formalmente como imputado a García Ortiz, encausado por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el magistrado ha señalado que tomará declaración como investigados a Pilar Rodríguez (30 de enero), fiscal jefe provincial de Madrid, que ya estaba imputada; y a Diego Villafañe (5 de febrero), teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, a quien pone por primera vez en la diana.

“La investigación del teniente fiscal de la secretaria técnica y la citación a declarar formalmente en condición de investigados del fiscal General y la fiscal jefa provincial de Madrid, lejos de argumentar indicios incriminatorios algunos, está describiendo el funcionamiento normal y ordinario de toda la institución”, prosigue el comunicado de la UPF, en referencia a la exposición que Hurtado hace en su resolución de este lunes. En su escrito, el magistrado describe el intercambio de mensajes que se produjo entre los miembros de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de marzo, después de que El Mundo publicara una información tergiversada que afirmaba que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera dos delitos fiscales para evitarle la entrada en prisión —pese a que había sido realmente al revés, ya que el pacto había partido del abogado del novio de Ayuso—.

La Fiscalía General del Estado defiende que esas comunicaciones demuestran que se pusieron a trabajar para desmontar el bulo mediante una nota de prensa que se publicó el 14 de marzo. Sin embargo, antes de la divulgación de esa nota, se filtró a la prensa un correo del letrado de González Amador (fechado el 2 de febrero de 2024) que desmontaba la mentira —que, precisamente, estaba difundiendo el PP de Madrid y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez—. La cúpula del ministerio público niega que ellos filtraran ese email, pero el magistrado Hurtado considera que existen indicios suficientes de que salió de ahí.

 “La actuación de todos los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución”, subraya el comunicado de la UPF de este lunes: “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”."

(J. J. Gálvez , El País, 13/01/25)

12.1.25

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo (Ernesto Ekaizer)

 "La inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con carné profesional número 89169 Silvia O.M. debía declarar la semana próxima, el 13 de enero de 2025, sobre su escrito aportado al juzgado (véase el escrito) en el que desveló dos operaciones de inteligencia contra Podemos en 2016: Bolívar y Venús. Pero la decisión del juez Santiago Pedraz del pasado 8 de incorporar los expedientes de ambas a la causa, según una solicitud de la acusación particular -el partido Podemos actúa en calidad de perjudicado- ha aplazado la comparecencia testifical, de Silvia. O.M, según una providencia del pasado 7 de enero.

La nueva fecha depende, ahora, de que las instituciones policiales envíen los expedientes de las operaciones Bolívar y Venus al juzgado para conocer el alcance de las pesquisas políticas, al margen de los tribunales.

Cabe señalar que Pedraz decidió el pasado miércoles 8 esa incorporación pese al informe negativo del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, quien considero desproporcionada la solicitud.

Cachondeo

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo.

En dicho texto, Cosidó se mostró pedagógico con voces disidentes -los llamados senadores sorayistas que abominaban de un pacto con el Gobierno- y destacaba la goleada que suponía el acuerdo. El mensaje fue filtrado pocas horas después de ser enviado.

“Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11 a10 sino próximasal 21-0. Y además controlando la sala segunda [la sala penal del Tribunal Supremo] desde detrás…”.

El pacto voló por los aires y el PP de Pablo Casado y Alberto Nuñez Feijóo mantuvieron el bloqueo de la renovación durante cinco años y medio, hasta julio de 2024. Se dice pronto, sí.

En cambio, como director general de la Policía (2012-2017), Cosidó estuvo al frente de una institución que puso en marcha una policía política, según se ha apuntado, sin resultar imputado, ni prestar declaración en calidad de testigo, en la operación extrajudicial Kitchen en busca de datos presuntamente comprometedores para Mariano Rajoy en poder de Luis Bárcenas, un montaje en el que intervinieron 50 policías, cuyo juicio oral se contra la mayor parte de los altos cargos de Interior en fecha todavía por determinar.

El rechazo de la judicatura de investigar la Operación Cataluña, por otra parte, también le ahorró cualquier tipo de molestias.

Por último, ha sido citado en calidad de testigo el pasado jueves 9 en la causa que investiga las operaciones políticas para acabar con Podemos en 2016 y 2017.

No conoció, según ha declarado, el llamado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) sino por los medios de comunicación cuando es lo cierto que dicho informe fue elaborado por la Dirección Adjunta Operativa, a cargo del número dos de la Policía, el subordinado de Cosidó. Esto es: Eugenio Pino.

Ahora, eso sí: usó ese mismo informe para acosar a Podemos en el Senado.

El 5 de octubre de 2018, Cosidó apuntó públicamente que hay "dudas razonables" sobre los fondos que pudieron llegar a los fundadores de Podemos desde Irán y Venezuela, y por ello ve oportuno que declaren aquellas personas que dispongan de información "relevante".

No sin ironía, en alusión velada al célebre whatsapp, de Cosidó, Pablo Iglesias dijo: “Ni [Manuel] Marchena, uno de los suyos, ha visto financiación ilegal en Podemos”. Se refería a las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2015 y 2016 en las que se rechazaban las querellas contra Podemos.

En realidad, según apuntamos, los pagos presuntamente realizados, aludidos en l informe PISA, no fueron para Podemos sino para una entidad llamada CELS y eran anteriores -de ser ciertos- a la vigencia de la nueva ley de financiación de partidos, del 1 de julio de 2015.

La inspectora jefa 89169

Silvia O.M. formó parte del trío de la bencina -con García Catalán y Fuentes Gago- para interrogar en Nueva York, en abril de 2016 -despues que el Tribunal Supremo rechazó investigar el informe PISA- al exministro de Finanzas del gobierno venezolano de Hugo Chávez, sobre el presunto apoyo a Podemos. De ahí el ocurrente nombre de Bolívar. Todas estas informaciones iban saltando a los medios ante la proximidad de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 para desgastar a Podemos.

Según el escrito de la inspectora jefe, Isea aseguró que el gobierno venezolano apoyó con 7 millones de euros a la fundación ya citada. El 14 de abril de 2016, tras la conversación con Idea, se registró la operación Bolívar para comprobar los datos. De regreso a Madrid, la inspectora consultó bases de datos para verificar si Pablo Iglesias había viajado a Venezuela.

La otra operación, Venus, buscó datos para apuntalar el desacreditado informe PISA y distintas financiaciones externas de Podemos.

Ni Bolivar ni Venus obtuvieron resultados. Y fueron desactivadas.

Ahora, esos expedientes han sido solicitados por el juez Pedraz. Una vez incorporados a la causa, Silvia O.M será citada a declarar en calidad de testigo.

Cuando una comprueba la participación de los inspectores resulta que en estas operaciones políticas siempre eran los mismos.

Fuentes Gago, por ejemplo, viajaría a Ginebra en 2017 para confirmar la veracidad de la cuenta en la Union de Banques Suisses (UBS) que el comisario Enrique García Castaño filtró a un diario en octubre de 2014, a una semana de la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Falsa, claro."

( Ernesto Ekaizer , blog, 11/01/25)

11.1.25

Condenados dos ex-viceconsejeros de la Junta de Castilla y León por corrupción urbanística en el caso ‘Perla Negra’

 "La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León (PP), Rafael Delgado, a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros nueve años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa por el caso de corrupción urbanística conocido como ‘Perla Negra’. Junto al ex alto cargo han sido penados otros nombres importantes de aquella Junta, aunque no ingresarán en prisión. La también exviceconsejera Begoña Hernández ha sido sentenciada a dos años y dos meses de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación administrativa. La sentencia, difundida este miércoles, llega meses después de que terminaran en mayo las declaraciones de la cúpula de la consejería de Economía entre 2005 y 2009, cuando se decidió y ejecutó la adquisición de una parcela y un inmueble por 20 millones de euros más de lo tasado. Los implicados apuntaron al exconsejero Tomás Villanueva, fallecido en 2017. El entonces presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, compareció ante el juez para desmarcarse del caso pese a que otro testigo declaró que le avisó de las sospechas.

El caso comenzó con la compra de unos terrenos y un inmueble en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para uso de la consejería de Economía. El sobreprecio, con 20 millones más de lo estipulado, propició esta causa, apodada ‘Perla Negra’ por el color negro del edificio y la sombra de sospecha sobre el proceso. Asimismo, se investigó un dislate de 3,4 millones en un polígono en Arrabal de Portillo (Valladolid) que nunca llegó a funcionar. La sentencia se centra en Rafael Delgado, el único que irá a la cárcel al recibir una condena superior a los dos años de prisión, y a Begoña Hernández, sin prisión pero con dos años y dos meses inhabilitada. Además, sanciona a parte de la cúpula de la empresa pública Gesturcal, dependiente de la consejería de Economía de Herrera, y a la empresa que gestionó la operación inmobiliaria, Urban Proyecta. La sentencia recoge estas penas en lo referido a Arroyo de la Encomienda: Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, dos años, un mes y 15 días de inhabilitación y Germán José Martín y Ángel Montes, de Urban Proyecta, 11 meses de cárcel por tráfico de influencias. En cuanto a las maniobras por el polígono de Arrabal de Portillo, los siguientes empresarios condenados por tráfico de influencias reciben siete meses de prisión, por lo que no serán privados de libertad, y una multa de 1,47 millones de euros: Francisco Esgueva, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Valladolid no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En concepto de responsabilidad civil, Rafael Delgado, Germán José Martín y Ángel Montes deberán pagar 4,5 millones de euros a la Administración autonómica. Por otro lado, Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González habrán de indemnizar con 2.026.198,37 euros a la Administración autonómica

El 8 de mayo, tras tres meses de desfile ante el tribunal, concluyeron las citaciones en la Audiencia Provincial de Valladolid, con una tónica: los acusados señalando a Tomás Villanueva, quien fue exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta, muerto en 2017. El origen del caso está en un conjunto de edificios en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que costó 60,5 millones de euros, 10,5 más de los tasados. Además, la consejería abonó otros 10 millones correspondientes a la promotora, Urban Proyecta. También se investigó la compra de unos terrenos para la construcción de un polígono industrial inoperativo en Portillo (Valladolid), con un posible desvío de 3,4 millones. La Fiscalía pedía 70 años de cárcel y multas millonarias para los 12 encausados; el PSOE, como acusación particular, lo elevó a 221 años.

La estrategia de los principales sospechosos coincidió en apuntar a quien no se podía defender, el exconsejero Villanueva, fallecido por causas naturales en 2017, al día siguiente de conocerse que Hacienda le investigaba 83 cuentas bancarias internacionales. Delgado y Hernández aseguraron ante el juez que las decisiones las tomaba el político difunto, figura de máxima importancia en la Junta durante dos décadas. También compareció el expresidente Herrera, que testificó algo nervioso al principio, pero salió silbando de los juzgados, tras alegar que “tenía sentido” la compra del inmueble y despejando responsabilidades sobre la eficacia posterior de la operación: “No soy quién para juzgar si fue un acierto”. El exmandatario, ahora al mando del Consejo Consultivo de Castilla y León con 80.000 euros de sueldo anual, ha admitido que fue avisado de los sobrecostes que se rumoreaban sobre La Perla Negra, apodada así por el color y las corruptelas piratescas comentadas al respecto, mote siempre reprobado por Herrera.

“Yo tomo conocimiento del interés y las gestiones en torno al edificio de Arroyo por un comentario casi confidencial de Pablo Trillo, que me transmite su inquietud personal”, señaló. Trillo, actual procurador del PP en las Cortes autonómicas y entonces cargo en la empresa pública que gestionaba la operación, reiteró también en la Audiencia que los informes sobre los precios le parecían “muy altos, costosísimos o elevadísimos”. Por responsabilidad, decidió acudir al despacho del jefe. El presidente le respondió que “se informaría”, pues afirmó desconocer los indicios, y habló con su “amigo personal” Villanueva, si bien nunca se tomaron medidas y la operación culminó con el citado sobrecoste. El proceso judicial se ha dilatado durante años, tras comenzar en 2013, con suspensiones derivadas de la falta de documentación y diversos retrasos."    (Juan Navarro , El País, 08/01/25)

9.1.25

Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

17.12.24

Didier Reynders, excomisario de Justicia de la UE, investigado por presunto blanqueo de capitales... La Fiscalía de Bruselas investiga al político belga por el uso de grandes sumas de dinero en efectivo para comprar boletos de lotería durante una década

 "El excomisario de Justicia de la Unión Europea y figura destacada de la política belga, Didier Reynders, está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales vinculado a la compra masiva de boletos de lotería, tal y como ha informado este miércoles el Financial Times. La Fiscalía de Bruselas confirmó que las propiedades del político fueron registradas y que Reynders fue interrogado por la policía el martes.

Según la portavoz de la Fiscalía, An Schoonjans, la investigación se inició tras informes presentados por la Lotería Nacional y la Unidad de Procesamiento Financiero (CTIF). Aunque los detalles son limitados, los medios belgas Le Soir y Follow the Money informan que Reynders habría comprado boletos de lotería con valores de entre 1 y 100 euros durante aproximadamente diez años, transfiriendo posteriormente las ganancias a sus cuentas personales.

El operativo se produjo apenas dos días después de que Reynders perdiera su inmunidad como comisario europeo. Este veterano político, que fue ministro de Finanzas entre 1999 y 2011, desempeñó también un papel en la supervisión de la Lotería Nacional durante parte de su carrera. No obstante, las acusaciones se refieren a un período posterior a su gestión en el Ministerio de Finanzas.

La investigación actual se suma a acusaciones previas de corrupción y blanqueo de dinero en la República Democrática del Congo, realizadas en 2019 por un exmiembro de los servicios de inteligencia belgas, aunque dichas acusaciones no fueron corroboradas en su momento. Reynders, quien buscaba renovar su puesto en el equipo de Ursula von der Leyen, ha sido sustituido recientemente por Hadja Lahbib, quien ahora ocupa el cargo de comisaria de Igualdad en la Comisión Europea."               (Diario Socialista, 04/12/24)

2.12.24

Prisión provisional y sin fianza para el jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife por trata de seres humanos

"El juzgado de guardia en Santa Cruz de Tenerife ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional sin fianza para el jefe de Protección Civil de la capital tinerfeña, Santiago Carlos Martín, como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre.
 
El jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife fue detenido el pasado miércoles, y este viernes, tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 5 en calidad de investigado, también ha sido acusado de favorecer la inmigración clandestina y de cometer delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha indicado que la autoridad judicial se ha inhibido en el conocimiento del caso a favor del Juzgado de Instrucción número uno de San Cristóbal de La Laguna, que es el órgano que dirige la investigación.

El juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife sólo ha intervenido porque el investigado fue detenido en ese partido judicial, y la causa sigue bajo secreto de sumario, ha añadido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias."    (eldiario.es, 15/11/24)

23.11.24

Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo... la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero... La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española... Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad... Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería (Juan Carlos Monedero)

 ""Sigue el dinero", recomendaba la serie The Wire, truco infalible para acabar con los verdaderos delincuentes. Resulta que Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la unidad policial encargada de, ni más ni menos, hacer la pregunta esencial en los delitos económicos, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo. Por traducirlo al castellano, la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. 

Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero. Supongo que metes la pasta en las paredes porque te desborda el dinero y no se lo quieres perdonar a tus socios. Sabes que son unos delincuentes y no les van encima a regalar dinero. Así que todo a las paredes. Es otra versión de la España del ladrillo. El PP sabe a qué me refiero.

La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española. No era solo la llamada policía patriótica que, además de a los independentistas catalanes, ha investigado a toda la gente de Podemos "a ver qué encontráis". Es como una tupida red que, no vendría mal, debiéramos saber hasta dónde llega. Igual sale el Emérito. En un audio, el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, hablaba enfadado con un policía de su misma cuerda porque no encontraba nada contra Podemos. Le gritó sorprendido: "¡Pero algo tendrán". Pues eso, diez años investigando de todas las maneras posibles a ver si encontraban algo. Sin éxito. 

Otro máximo responsable de la UDEF fue José Luis Olivera. Pasó de la jefatura de la unidad anticorrupción en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) a policía de máxima confianza del Ministro Jorge Fernández Díaz (PP). Este máximo responsable de la UDEF fue el que dijo, en una charla con el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals, que "tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen", a lo que apostilló el también presente comisario Villarejo, con maneras de poeta romántico alemán (perdonen que insista en recordarlo): "eso te lo hacemos con el rabo". Diez años de mentiras con total impunidad. Y muy castizo, que para eso mandan, como buenos cristianos viejos, con el rabo. (Villarejo, se quejaba, en términos parecidos, de lo mucho que le debía el PP al Comisario Olivera: "es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores, macho, a esta gente, joder (...) Que la Gürtel los podía haber [al PP], vamos, los podía haber mandado todos a tomar por el culo si no llegar a ser por este... y eso no se puedo olvidar en la puta vida, eh". Luego, que cómo es posible que al PP lo dirija un tipo que tiene un álbum de fotografías veraneando con un narco en Galicia. 

No sé si alguien le podrá pedir cuentas a los policías que hacen informes falsos para instruir causas que se archivan. Cuánto dinero tirado. ¿Qué se hace con tanto informe falso? (Quizá están entrenados para meter luego en los muros de las comisarías, ocultos con mampostería, todos esos informes falsos que solo tenían una intencionalidad política. Bueno, política contra Podemos, aunque para gente como Óscar Sánchez Gil, que al parecer llevaba  al menos cinco años trabajando con los narcos,  le ha brindado grandes emolumentos).

Dicen las noticias que este pollo Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería, como a aquel otro gran político de Valencia al que en el Partido Popular siempre han tenido en tan alta estima. Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad. ¿Por qué se le ha terminado ahora? Eso nos lo dirán los buenos periodistas.

La UDEF, dirigida con esta gente, lleva muchos años inventándose pruebas contra políticos y activistas de izquierda, contando a menudo con la colaboración de jueces a los que no les parecía que lo que decían esos policías olía a pescado podrido. No tengo que irme muy lejos a buscar ejemplos. Me han acusado de financiar ilegalmente a Podemos, de financiar a la guerrilla latinoamericana (no es broma), de cobrar comisiones ilegales, de inventarme facturas, de blanquear dinero, de manipular "con intenciones delictivas" unas fotocopias que yo mismo había presentado al juez -había tachado en documentos entregados también a la prensa el final de mi dirección de correo electrónico para evitar que los trolls saturaran mi mail (donde, es lo que les molestaba, se demostraba que la UDEF mentía. Quizá por eso tardó el juez Escalonilla 4 años en abrirlos), de tener 92 cuentas, de llevar bolsas de dinero, maletas de dinero, contenedores de dinero y de formar parte de la banda inicial de la casa de papel (mi nombre clave era Heidelberg). Todo, por supuesto, mentira, tras mentira tras mentira. Pero les daba igual. Ahora vemos que la gente responsable de que se inventaran esas mentiras para intentar matarnos (como se jactaba Ferreras, el de La Sexta) son unos redomados sinvergüenzas. No creo que salga la gente del PP ni los jueces y periodistas que trabajaron con ellos a decir nada. 

La pregunta siempre es ¿alguien nos devuelve el daño causado? Porque han sido diez años con acusaciones, telediarios, tertulias, portadas, columnas, editoriales gritando: "¡Culpables! ¡Culpables! ¡Culpables!" Todos sabemos que, en nuestra sociedad saturada audiovisualmente, basta la acusación para que la descalificación, el estigma, la sospecha hagan su trabajo. Todo, además, bien engrasado, de manera que cuando terminaba un juicio, siempre empezaba otro. A los odiadores profesionales y los tertulianos en nómina nunca les ha faltado nueva munición. En España, las cloacas, como pasa cuando las herencias de las dictaduras no se revierten, siguen muy activas. Hay lugares en el Estado español a donde no es que no llegara el 15M: es que no llegó la Transición 

¿Cómo hacer pagar por el daño personal causado y cómo devolverle a España el hurto de una posibilidad política a la que no se confrontó con argumentos y con ideología, sino con aparatos del Estado, medios de comunicación y redes que se comportaron como corruptos? Supongo que una posibilidad es decidirse ir a vivir en los tribunales y poner decenas de querellas. Llevar ante la justicia a todos aquellos y aquellas -Dolores de Cospedal estaría imputada si el Juez García-Castellón no la hubiera exonerado- que han participado en el daño. Es una posibilidad.  

La otra es entender que a España le siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo. Que en España puede gobernar la extrema derecha -como acaba de pasar con Trump en EEUU- sin que se hayan limpiado las instituciones de franquismo. Ahí está estos días de luto en Valencia la policía compadreando con los fascistas y aporreando a los desahuciados. Y a partir de ahí, que cada cual saque las conclusiones apropiadas."  

(Juan Carlos Monedero , Público, 10/11/24)    

25.10.24

Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, reclamó a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de su vivienda... a cambio de de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló

 "Buenos días, Paco". Así arranca Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, un correo electrónico enviado desde su cuenta personal al empresario Francisco Roselló, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Arroyomolinos durante las casi dos décadas en las que la dirigente del PP de Madrid escaló puestos en el organigrama del consistorio hasta llegar a la alcaldía.

Más allá del "beso" con el que despide el correo electrónico, y que también es relevante para la investigación, el asunto ('Ático'), y el contenido del mismo, en el que Millán reclama a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de la vivienda, convierten el email en una de las principales pruebas en las que se apoya la Guardia Civil para sustentar una investigación que llevará a ambos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un caso de presunta corrupción.

En él se investigan los supuestos pagos en forma de sueldos, ingresos en efectivo y transferencias que habrían recibido entre Ana Millán, su hermana y su pareja sentimental, además del pago de alrededor de 50.000 euros entre hipoteca y gastos de un ático en pleno centro de la localidad.

A cambio, sostiene la investigación, y siempre bajo la presunción de inocencia, de unas adjudicaciones a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló. En total, los informes que obran ya en manos del magistrado Francisco José de Goyena apuntan a que sus sociedades recibieron del Ayuntamiento de Arroyomolinos más de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, aunque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue desenmarañando el caso.

Un 'email' que demuestra "cercanía"

La casualidad, sin embargo, fue la que permitió que este correo electrónico y parte de la documentación del caso llegasen a manos de la Guardia Civil. A pesar de que el Partido Popular ha gobernado prácticamente de forma continua en Arroyomolinos durante las últimas décadas, un breve paso de la oposición por el gobierno permitió que, el día que se iba a tomar posesión de la concejalía en la que estuvo Millán, descubriesen que se estaba destruyendo documentación.

Solo llegaron a tiempo de salvar tres bolsas de basura que quedaban en un despacho, y, entre los papeles, encontraron una copia escrita de este correo electrónico que supuso una de las primeras piedras sobre las que se erigió la denuncia presentada por Carlos Ruipérez, que tomaba posesión de la alcaldía por Ciudadanos.

En ese 'email', Ana Millán, que ahora es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, reclama a Francisco Roselló los pagos atrasados por el supuesto alquiler de un ático en la plaza mayor de Arromolinos justo durante los años en los que se intensificó la contratación del empresario con el ayuntamiento.

En su declaración en sede judicial, Millán explicó que, al comprarse ella otra vivienda en 2008, Roselló le ofreció alquilarle su ático e incluir una opción a compra, aunque no hizo la gestión personalmente, sino a través de una tercera persona que administraba Neverland, una de sus sociedades.

Un contrato que la actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid cree recordar que firmaron en "un bar del pueblo" y que establecía que "el alquiler era la letra de la hipoteca, y, como ya hacía uso de él como si fuera suyo, asumía todos los gastos de comunidad, contribución, seguro...". El precio de una hipotética compra futura sería, dijo ella, lo que restase de la hipoteca en ese momento.

El "Buenos días, Paco" con el que arranca, pero, sobre todo, el "Un beso y nos vemos" con el que cierra ese correo electrónico al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, denotan, según la Guardia Civil, "cercanía" entre ambos.

La investigación ahonda en esa idea al explicar, en base a un interrogatorio de una testigo que trabajaba con ella, que se "destaca la diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y la forma de interactuar" con las sociedades de Francisco Roselló. Además, "esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán resulta significativa, más si se tienen en cuenta" los supuestos retornos que tuvo.

Respaldo del PP

La postura del Partido Popular a la hora de enfrentar el caso ha sido, desde el primer momento, respaldar a Ana Millán, considerada muy cercana a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, de hecho, la incluyó en sus listas para las últimas elecciones y mejoró su posición dentro del partido a pesar de que ya se había hecho pública la investigación contra ella por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción.

Una protección por parte del partido que se materializó en su condición de aforada y que se hizo evidente ayer, por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que abría la causa contra ella.

“Es inocente de aquello de lo que se le está acusando”, sostuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicitado que ofrecía su “apoyo”. Y ha subrayado: “Quiero mandar un mensaje a Ana Millán, desde luego, de confianza (...), respeto total y absoluto al procedimiento judicial, pero que estoy seguro de que Ana Millán, desde luego, es inocente”.

Un sentimiento que también ha plasmado este miércoles Miguel Ángel García, portavoz de la Comunidad de Madrid, al asegurar que "no es casualidad" la atención mediática que se le está dando al supuesto caso de corrupción de Ana Millán, pues todo se debe a una cortina de humo orquestada desde el PSOE para intentar tapar la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por el llamado caso ITV."              (Alberto Muñoz , epe, 04/09/24)

18.10.24

Ábalos, Koldo y Aldama extendieron una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (Ernesto Ekaizer)

 "(...) Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel -según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos, decíamos, se puso al servicio del rey de las coimas o mordidas, Victor de Aldama.

Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-, valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.

       La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela-  a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

Aldama ignoraba que esa presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela, siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.

 El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.

   Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y se cubrió las espaldas.

¿Cómo?

    Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp, como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.

Sánchez contestó con un lacónico “bien”.

Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”- porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro, por así decir.

    Aldama consiguió a través del asesor para todo, el jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario: mascarillas y  pruebas de PCR para detectar el virus. 

     Para el rey de las coimas era solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios, según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis (Claude Rains)

    Su primera operación de venta de mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4 millones para suministrar material a Correos), porque contó con información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro Koldo García.

Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.

De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180 millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo fuera de España.

   Otro eslabón del informe solicitado por el juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia de la situación creada por la pandemia.

Según señala, Aldama, que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también obtuvieron inyecciones de fondos públicos.

Eso sí, si la UCO tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.

     Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso traido y llevado rescate de la aerolínea.

El reciente auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales, indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir la causa”, señala una fuente judicial.

      La doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García, se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.

    Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del 17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez, campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del informe de la UCO)

    El juez Moreno, según información recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado Ábalos.

La Sala tendrá que pasarla por el proceso de admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.

    ¿Adónde nos lleva esto?

A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.

    Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).

¿Por qué?

Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado, lleva su tiempo.

    Y esto no era inevitable.

Porque el informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.

    Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe. 

    Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.

    Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.

Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.

Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo renunciar a el como le exigía el PSOE.

    Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?

     No deberíamos estarlo."                 (Ernesto Ekaizer , blog, 12/10/24)

9.10.24

Tres grandes fortunas vascas de la lista Forbes controlan la compañía propietaria de la fábrica de papel instalada en la ría de Pontevedra. Presionaron para aplicar el modus operandi, basado en conexiones políticas y puertas giratorias, utilizado por el Gobierno Vasco en el desarrollo de la filial de Repsol en la marisma de Muskiz

"Cuenta la prensa local que el recién investido como presidente de la Xunta en 2009, Alberto Núñez Feijoó, acudió en ese mismo momento a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, “donde había muchos empresarios”. “Dos buscaron de manera especial” al ahora líder del PP, indica el Faro de Vigo. Uno era Ignacio Sánchez Galán, recién nombrado presidente de la energética vasca Iberdrola. El otro era un empresario vasco, Juan Luis Arregui Ciarsolo, vicepresidente de la compañía eléctrica y presidente de Energía y Celulosa SA (ENCE). Ambos habían hablado antes con Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, y después con Mariano Rajoy. El objetivo: convencerles de replicar el modelo vasco de desarrollo de los combustibles fósiles de Petronor en la marisma de Muskiz, pero en Lourizán.

El mallabitarra había alcanzado la presidencia de ENCE en 2006, cuando era vicepresidente de Iberdrola, de la que también fue el máximo accionista individual, con un 2% de las acciones. Durante algunos años, el grupo se mantuvo bajo el control de la entidad pública Instituto Nacional de Industria (INI), pero como tantas otras empresa públicas terminó completamente privatizada en 2001.

Tras comenzar su internacionalización en Argentina y Uruguay pasó a convertirse en líder europeo en fabricación de celulosa de eucalipto gracias a sus fábricas de Pontevedra (Galicia) y Navia (Asturias). En la actualidad es el principal gestor forestal privado del Estado español y cuenta en la Península con plantas de energía renovable con biomasa agroforestal y energía solar térmica.

Para defender la permanencia de su fábrica en el municipio gallego de Lourizán, ENCE puso siempre como ejemplo a Petronor en Euskadi, “que ha conseguido garantizar la permanencia futura de su planta de Muskiz gracias a la implicación directa de las Administraciones, a pesar de estar afectada igualmente por la Ley de Costas” y esperaba “el máximo apoyo político para solucionar su permanencia”. El Correo Gallego apoyó la idea con una editorial en 2011 donde afirmaba que el “precedente” de Muskiz “se podría aplicar” en Lourizán, ya que Petronor “se mantuvo en su ubicación gracias a la implicación de las administraciones“. Añadía que “sería bueno que la Xunta se mirara en el ejemplo del Gobierno vasco, que supo conjugar intereses empresariales y medioambientales”.

Puertas giratorias del PNV replicadas por el PP

La fórmula empleada por el millonario vasco que preside ENCE para tratar de garantizar la permanencia de la planta en Lourizán consistió en mantener las puertas giratorias bien engrasadas, es decir, ir incorporando a la compañía de cargos públicos del PP, al igual que el modelo del PNV con la planta de Petronor en Muskiz. En este caso, el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco alcanzó la presidencia de Petronor en 2008 para consolidar la estrategia fósil vasca.

Tambien fue el caso de José Ignacio Zudaire, Director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz, y ahora Director de relaciones institucionales de Petronor, filial de Repsol, o José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria, después consejero de Repsol y Petronor. El mismo Gualber Atxurra, exalcalde del PNV en Muskiz, donde opera el gigante fósil, se convirtió en Técnico de relaciones institucionales de Petronor.

Exactamente de igual modo pasó en Galicia con Juan Luis Arregui, cuyas relaciones se intensificaron rápidamente con el PP, llegando incluso a incorporarse como patrono en la Fundación Fraga en 2007. Ya desde 2009, con Arregui en la presidencia de ENCE, en el consejo de la compañía comenzó a participar un antiguo cargo del Gobierno de Manuel Fraga, José Carlos Del Álamo, consejero de Medio Ambiente en la Xunta desde 1997 hasta 2003. Del Álamo renovó en 2018 su cargo de consejero de ENCE hasta 2001.

Con el tiempo, las puertas giratorias se fueron afianzando. En 2013, Arregui fichó como consejera de ENCE a Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente del Gobierno del PP entre 1996 y 2000, cuando comenzó la privatización de la compañía papelera. Tocino fue reelegida como consejera de ENCE en 2016, una fecha clave para la permanencia de la compañía en Lourizán.

Por último, entre los fichajes de Arregui cabe destacar a un consejero de ENCE Biogas, el exmiembro del PP vasco Marcelino Oreja, exconsejero del Ente Vasco de la Energía (EVE) del Gobierno Vasco. E incluso Antonio Casal, quien fuera director de la planta pontevedresa de ENCE y en la actualidad ejerce de director territorial de ENCE en Galicia, está casado con María José Echevarría, Directora General de Calidad Ambiental en la Xunta.

La portavoz de la formación gallega BNG, Ana Pontón, llegó a denunciar en 2017 que las puertas giratorias entre Ence y el PP ponían la política forestal “al servicio” de la compañía papelera, “hipotecando” el futuro de Galicia al “imponer” el monocultivo del eucalipto. Frente al modelo denunciado, el apoyo político y las puertas giratorias copiado por ENCE para buscar influencia en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quiso mostrarse contundente en el reportaje “La casa del papel”, emitido en el programa Salvados en 2021, al afirmar que “no hay ningún miembro del PP de la Xunta relacionado” con la empresa. Y matizó, no obstante, que “si lo hubiera, no sería incompatible”.

Millonarios vascos al frente de ENCE

Considerado por el diario jeltzale Deia como un “búho” por su vista para los negocios, trás recibir apoyo en su etapa de fundador de Gamesa con millonarias ayudas públicas concedidas al su firma por los consejeros de Industria Jon Azua y Josu Jon Imaz, el presidente de honor de ENCE se ha convertido en el segundo vasco más rico de la lista Forbes. Juan Luis Arregui, también galardonado por el Gobierno Vasco y la Cámara de Comercio de Araba, ejerce de accionista mayoritario en ENCE, así como de Presidente de Honor, manteniendo una participación activa en la compañía desde el Consejo, y también participa en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Sostenibilidad. En el consejo de la compañía figuran tres hijos de Arregui: Gorka, Oscar y Javier. Pero además, la familia cuenta con apoyos en el consejo por parte de dos millonarios vascos de la lista Forbes.

El quinto vasco más rico de la lista Forbes, Víctor de Urrutia, es a su vez consejero de ENCE, segundo mayor accionista con el 8,9% del capital. Es el exvicepresidente de Iberdrola, de ascendencia vasca pero nacido en Madrid, y durante muchos años la conexión de ENCE con el grupo de comunicación vasco El Correo y la fábrica embotelladora de Coca Cola en Galdakao. El tercer mayor accionista de ENCE, con el 6,3% del capital, es José Ignacio Comenge, a su vez el tercer vasco más rico de la lista Forbes. Conocido como “el águila” por su relación empresarial con la conocida marca de cerveza, es de origen vasco pero reside en Valencia."            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 05/10/24)

27.9.24

POLITICO: La presidenta del Parlamento Europeo y su marido, un lobista... Las nuevas normas de la cámara sobre conflictos de intereses no se aplican a su miembro más poderoso... su marido, Ukko Metsola, es el principal lobista de la UE para Royal Caribbean Group, con sede en Miami, la segunda mayor compañía de cruceros del mundo y una de las principales empresas contaminantes

 "Después de que el escándalo del Qatargate de 2022 causara conmoción en el Parlamento Europeo, la presidenta de la institución, Roberta Metsola, decidió que la mejor manera de luchar contra la corrupción era exponerla a la luz desinfectante de la transparencia.

Impulsó un nuevo código ético que exigía, entre otras cosas, que los altos cargos del Parlamento declarasen los conflictos de intereses, incluidos los que «afecten a su familia, su vida afectiva o sus intereses económicos».

Pero según esas nuevas normas, una persona clave quedaba fuera: la propia Presidenta.

Si hubiera estado obligada a hacer tal declaración, podría haberse planteado notificar al público que su marido, Ukko Metsola, era el principal lobista de la UE para Royal Caribbean Group, con sede en Miami, la segunda mayor compañía de cruceros del mundo y una de las principales empresas contaminantes.

En cambio, el trabajo de Ukko pasó prácticamente desapercibido, incluso mientras trabajaba para influir en una legislación ecológica histórica que su esposa acabaría convirtiendo en ley. (En este artículo, se hace referencia a los Metsola por sus nombres de pila para evitar confusiones).

«No hay ninguna razón por la que el Presidente Metsola -o cualquier presidente- deba estar exento de presentar una declaración de este tipo», afirmó Nicholas Aiossa, director de Transparency International EU.

«Yo diría que si uno tiene un cónyuge que participa en cualquier actividad, remunerada o no, que pretenda influir en la elaboración de las políticas de la UE, el eurodiputado debería declararlo», añadió Aiossa.

No hay indicios de que los Metsola hayan encubierto nada. Ukko rellenó los correspondientes registros de grupos de presión, que estaban a disposición del público. Tampoco hay indicios de que Roberta infringiera las normas del Parlamento -que, después de todo, no se le aplicaban en este caso- ni pruebas de que utilizara sus poderes oficiales para influir indebidamente en la legislación en nombre de Ukko.
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Sin embargo, no se puede negar que la ausencia de una declaración formal ha protegido del escrutinio público la relación entre el presidente del Parlamento y una miembro de un grupo de presión, incluso cuando Ukko acompañó a su esposa en visitas oficiales, incluida la coronación del Rey Carlos III de Gran Bretaña, y Roberta habló en al menos dos ocasiones a favor de una postura compartida por el Parlamento y la industria naviera.

En un comunicado, el portavoz del Presidente, Jüri Laas, negó que el papel de Ukko fuera algo que Roberta tuviera que revelar.

«Intentar clasificar el empleo del Sr. Metsola como planteamiento de cualquier posible conflicto de intereses -real o percibido- es erróneo», dijo. «Estar casado con alguien con empleo no constituye un posible conflicto de intereses según las normas del Parlamento».
Ukko y Roberta Metsola, en el centro, con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib, y la Reina Matilde del país, en enero de 2023. | Benoit Doppagne/Belga via AFP/Getty Images

Roberta es «diferente de los titulares de cargos mencionados» en las normas éticas, que se aplican a los 14 vicepresidentes de la cámara, a los cinco cuestores -diputados responsables de asuntos administrativos y financieros- y a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones parlamentarias.

«El Presidente representa los intereses del Parlamento Europeo como institución», declaró Laas. Las nuevas normas iban dirigidas a los cargos «vinculados a una cartera o expediente específico» y, por tanto, con «mayor riesgo de posibles conflictos de intereses».

El ejemplo de las Metsolas pone de manifiesto las limitaciones de las normas de transparencia del Parlamento, que en gran medida dejan en manos de los legisladores la gestión privada de sus asuntos y conflictos.

Roberta es una de las personas más influyentes de Bruselas, la cara política del Parlamento y su centro de poder administrativo. A lo largo de su carrera se ha presentado como una defensora de la transparencia, exigiendo mayores esfuerzos para curar la opinión pública de Bruselas. Pero cuando se trata de sus propios asuntos, se ha negado a predicar con el ejemplo.

En los casi cuatro años en que Metsola ha ejercido de presidenta o vicepresidenta, apenas ha habido cobertura mediática que mencionara el trabajo de Ukko. Menos aún que suscitara preocupación. De los 14 eurodiputados, funcionarios de la UE y activistas anticorrupción con los que POLITICO habló para este artículo -personas que posiblemente deberían haberlo sabido- sólo dos eran conscientes de que el primer caballero del Parlamento trabajaba en nombre de la industria del ocio.

Ninguno de ellos se había percatado de la exención presidencial en el código de conducta que los funcionarios parlamentarios se comprometieron a seguir.

El Icon of the Seas de Royal Caribbean, anunciado como el crucero más grande del mundo. | Joe Raedle/Getty Images

La exención era «una laguna que tendríamos que cerrar», dijo Tiemo Wölken, eurodiputado del grupo socialista que rivaliza con el Partido Popular Europeo (PPE) de Roberta, cuando se le señaló.

A pesar de la afirmación de Laas de que el trabajo de Ukko no creaba ningún conflicto potencial, la pareja era muy consciente de que tenían que tomar medidas para abordar la cuestión, dijo Ukko a POLITICO. 

Las Metsolas tenían una «muralla china» respecto al trabajo de la otra, dijo. Desde que Roberta llegó a la presidencia, Ukko ha dejado de presionar directamente a los eurodiputados «para evitar incluso la percepción de incorrección», dijo, y añadió que Royal Caribbean ha contratado ahora a una persona más para que se comprometa con el Parlamento.

«Me gustaría pensar que lo hemos gestionado muy bien», dijo Ukko.

El ascenso al poder de Roberta Metsola

El ascenso de los Metsola a la cima del árbol de Bruselas duró dos décadas, pero el objetivo estaba claro desde el principio.

Ambos tenían una formación de élite en el gobierno. La futura Presidenta se formó en el Colegio de Europa, la escuela de Brujas que alimenta la maquinaria de Bruselas. Ukko, originario de Finlandia, estudió en la Kennedy School of Government de Harvard y sigue escribiendo periódicamente para actualizar la sección «dónde están ahora» de la revista de antiguos alumnos.

Se conocieron en Malta en 1999, en un acto juvenil del movimiento político conservador. Como Roberta es católica, se casaron por la iglesia maltesa en 2005 y celebraron una recepción en el Hotel Juliani, en la localidad costera de St.

Se trasladaron a Bruselas, donde Roberta trabajó en las oficinas del gobierno maltés y luego en la sección diplomática de la UE. Ukko, que antes había trabajado en política en Finlandia, consiguió un puesto de consultor en Royal Caribbean Group en 2007.

Compartían el sueño de ser elegidos diputados al Parlamento Europeo. Pero, teniendo en cuenta las exigencias de la paternidad, la pareja pactó que si alguno de los dos lo conseguía, el otro aparcaría para siempre sus ambiciones políticas. Ambos hicieron campaña en la década de 2000, pero ninguno tuvo éxito.

Roberta ganó su escaño en 2014. «Al final salió elegida la Metsola adecuada», dijo Ukko a POLITICO. Y mientras criaban una familia de cuatro hijos en Bruselas, ella ascendía por las comisiones y oficinas del Parlamento. En 2022, se convirtió en la presidenta más joven de la historia de la cámara y en una de las favoritas del Partido Popular Europeo, el grupo conservador paneuropeo que engloba a los democristianos alemanes y a Forza Italia.

En Malta, su país de origen, también se la considera futura Primera Ministra y, en vísperas del cambio de guardia en la UE este año, se rumoreó su nombre como posible sustituta de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. En julio fue fácilmente reelegida para un segundo mandato de dos años y medio.

No ha sido una hazaña fácil para una política del país más pequeño de la UE, una nación tristemente célebre por su corrupción política, que normalmente no se tiene en cuenta cuando se trata de los puestos más altos de la UE.

Roberta se ha definido como contraria a la corrupción y la delincuencia. Formó parte de una comisión parlamentaria que investigó las sociedades offshore utilizadas por políticos corruptos, también en Malta; se encargó de limpiar la mancha que el Qatargate dejó en la única institución de la UE elegida directamente; y exigió responsabilidades a los políticos malteses implicados en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, una cruzada contra la corrupción que murió en un atentado con coche bomba en 2017.

«Hizo tanto por la causa de la justicia para mi mamá», dijo el hijo mayor de la periodista, Matthew Caruana Galizia, un reportero de investigación. «Roberta vino a visitar a mi abuela al hospital y a su casa, etcétera», dijo, elogiando sus esfuerzos por impulsar una directiva de la UE conocida como “ley Daphne” para proteger a los periodistas del acoso legal.

De presencia atractiva, la Presidenta inspira sentimientos cálidos, incluso entre sus adversarios políticos. Se ha ganado la admiración, incluso la lealtad, de los defensores de la lucha contra la corrupción y de los eurodiputados, que afirman que sus esfuerzos por ampliar la transparencia en la Eurocámara han sido auténticos.

«Fue una gran defensora de muchas, si no de la mayoría, de nuestras políticas», dijo Aiossa, director de TI.

Las reformas conseguidas tras el Qatargate -redactadas por la comisión de asuntos constitucionales del parlamento y aprobadas por toda la cámara- fueron, según admitió el propio Metsola, un primer paso. Pero Aiossa echó la culpa a los legisladores de todos los partidos que, según dijo, lucharon amargamente contra sus esfuerzos por obligarles a contar más a la opinión pública sobre sus intereses personales.

«El Presidente y otros hicieron lo que pudieron, pero... durante muchos años ha habido una cultura de impunidad en esa cámara», dijo. «Los eurodiputados son nuestro mayor defensor institucional cuando se trata de integridad y ética y Estado de derecho en los 27 Estados miembros. Y nuestro mayor oponente cuando les pedimos los mismos estándares [a ellos]».
Ukko Metsola: «Un lobista muy eficaz

Incluso mientras Roberta cultivaba una reputación de estafadora con tolerancia cero, Ukko ascendía hasta convertirse en vicepresidente corporativo de Royal Caribbean, un puesto ejecutivo de primer nivel en una de las mayores empresas del sector.

En septiembre de 2020, asumió temporalmente el cargo de director general de la rama europea de la Cruise Lines International Association, el organismo de presión más poderoso del sector. Su mandato terminó un año después, aproximadamente un mes antes de que Roberta fuera nombrada presidenta del Parlamento.

Estar bien relacionado es vital para un lobista. Que te vean bien conectado es aún mejor. Y Ukko podría confeccionar un álbum de recortes que sería la envidia de cualquier traficante de influencias.

Su lista real incluye a los reyes de Bélgica, a quienes fue presentado el año pasado junto a su esposa y von der Leyen en una recepción de Año Nuevo 2023 en el Palacio Real de Bruselas.

En mayo del año pasado, el Hanoi Times publicó una fotografía de un evento exclusivo para los asistentes a la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña. En primer plano, el entonces presidente vietnamita Võ Văn Thưởng posaba agarrado y sonriente con su homólogo francés Emmanuel Macron. Al fondo, los dignatarios se arremolinaban luciendo fascinators y zapatos incómodos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, miraba por encima del hombro izquierdo de Thưởng. Sobre el hombro derecho de Thưởng, con gafas y la mirada perdida, estaba Ukko.

En 2022, Roberta viajó a Borgoña (Francia) para alojarse en el Hôtel Le Cep y asistir a una cena en la que fue nombrada «dama» honoraria de una hermandad de bebedores de vino llamada Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Ukko la acompañó.

Roberta declaró al podcast EU Confidential de POLITICO en 2022 que se relajaba intentando «hacer una distinción entre mi trabajo y mi vida privada».

Otros sugirieron que la línea era más borrosa.

La pareja ha celebrado con regularidad fiestas en el jardín de su casa, en el frondoso barrio de Ixelles, en el centro de la ciudad, para la «alta sociedad bruselense», dijo una persona con conocimiento del asunto, a quien se concedió el anonimato para hablar de los eventos privados. «No eran extravagantes. A menudo incluían barbacoas y comenzaron antes de que se convirtiera en Presidenta. «Ella quería ascender en la escala política y así es como se hace».

(Ambos Metsolas negaron que la agenda de contactos de Ukko hubiera aumentado con los compromisos sociales presidenciales, señalando que su invitación a algunos actos era un protocolo diplomático. Ukko dijo que su lista de contactos se había construido mucho antes de que Roberta alcanzara un alto cargo y afirmó que su vida social se había vuelto «bastante limitada» debido a la apretada agenda de su esposa).

Puede que los colegas y aliados pro-transparencia de Roberta no supieran nada de la profesión de su marido, pero en los círculos navieros de Bruselas todo el mundo sabía que cuando Ukko entraba en la sala, no se trataba de un lobista más, dijo Jacob Armstrong, activista de la ONG Transport & Environment, que se ha enfrentado regularmente a Ukko y a otros grandes contaminadores con buenos recursos en la mesa de negociaciones.

«Siempre es problemático que una industria tan contaminante y tan mala como la de los cruceros... tenga un acceso tan claro a las instituciones europeas y a los puestos de poder», afirmó.

Pero, dijo, así son las cosas en una ciudad donde los negocios y la política se solapan, a veces en torno a la misma mesa de la cocina. «Es lo que pasa en Bruselas».

La semana pasada, Roberta nombró jefe de gabinete a su cuñado y asesor personal Matthew Tabone. Ya había intentado ascender a Tabone a ese puesto, pero dio marcha atrás ante la cobertura mediática que insinuaba que estaba convirtiendo el Parlamento en un negocio familiar.

Uno de los mayores retos de Ukko como lobista ha sido el impulso de la UE para acabar con la contaminación industrial y ser neutra en emisiones de carbono para 2050, un rasgo legislativo definitorio del primer mandato de Roberta.

El Parlamento aprobó proyectos de ley que introducen por primera vez un precio para las emisiones marítimas de carbono -se calcula que sólo el sector de los cruceros recaudará 600 millones de euros al año- y exigen a los buques que utilicen combustibles más sostenibles y se conecten a la red eléctrica terrestre cuando estén en puerto.

Esto supuso un serio reto para el Royal Caribbean Group, que es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica local en las ciudades portuarias. Ukko calificó en una ocasión el paquete de leyes climáticas de la UE de «tsunami normativo».

En reuniones y correos electrónicos con funcionarios de los departamentos de Transporte y Cambio Climático de la Comisión obtenidos a través de solicitudes de libertad de información, así como en declaraciones públicas, Ukko expresó su apoyo a la transición ecológica, calificándola de «oportunidad» para que Europa reforme un sector de construcción naval que se mantiene a flote gracias a los pedidos de cruceros. Pero también buscó el apoyo de la UE para la transición.

Abogó por que los ingresos del impuesto sobre el carbono se devolvieran a la industria para invertirlos en la limpieza de sus operaciones, un uso habitual de los fondos en otros sectores. El año pasado, Royal Caribbean solicitó financiación de la UE para la investigación de pilas de combustible.

En los últimos meses también presionó a la Comisión Europea para que flexibilizara las normas del fondo de la UE para nuevas tecnologías limpias con el fin de dar cabida a los cruceros que salen de aguas de la UE. La Comisión dijo a POLITICO que estaba estudiando la petición. En mayo, funcionarios del Royal Caribbean Group, cuyos nombres fueron redactados por la Comisión, presionaron para que se destinaran fondos públicos a cubrir la diferencia de precios entre los combustibles tradicionales y los combustibles limpios, más caros.

En resumen, uno de los principales objetivos de Ukko ha sido conseguir ayudas de los contribuyentes para que la industria cumpla los objetivos ecológicos de la UE. (En declaraciones, Ukko y Royal Caribbean Group destacaron el apoyo del sector a la «necesaria» transición ecológica).

«Es un lobista muy eficaz», dijo Armstrong, el activista de Transporte y Medio Ambiente. «He estado en reuniones con él en las que me ha pedido dinero... Sabe cómo funciona el juego. Sabe qué decir. Con quién hablar».

La UE presiona para acabar con la contaminación industrial y ser neutra en carbono en 2050. | Pau Barrena/Getty Images

Como muchos representantes de empresas, cuando Ukko se dirigió a la Comisión Europea -el organismo que elabora la política de la UE- estaba empujando una puerta abierta.

Según un correo electrónico, publicado en virtud de las leyes de libertad de información, Ukko escribió a la oficina del Comisario Europeo Margaritis Schinas, miembro destacado del PPE de Roberta, el 22 de enero de 2020, solicitando una reunión para el CEO de Royal Caribbean Group. La respuesta llegó en apenas 44 minutos, proponiendo una reunión una semana después.
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Los representantes de las ONG dijeron a POLITICO que a menudo tardaban meses en organizar reuniones con los comisarios. Pero los correos electrónicos de Ukko a los funcionarios de la UE, incluido el dirigido a Schinas, a menudo contenían una flexión que ninguna ONG podía hacer.

«Actualmente tenemos 17 nuevos buques encargados a los astilleros europeos de Alemania, Francia, Finlandia e Italia. (Esta cartera de pedidos supone una inversión de más de 15.000 millones de euros en la economía europea)», recordaba al empleado de Schinas.

Otras flexiones llegaron de forma más sutil.

En una reunión reciente, defendió un cambio de normativa que permitiría que una máquina de captura de carbono a bordo pudiera recibir financiación de la UE.

Se explayó con un chiste sobre el enfoque doctrinario de las normas en el norte protestante de Europa, en comparación con el sur católico, más mutable. Luego recordó que él era un finlandés frío e inflexible de nacimiento: «Soy católico de matrimonio».
Las declaraciones de Roberta Metsola sobre el transporte marítimo

La gestión del trabajo de Ukko no es la primera vez que Roberta llega a la conclusión de que el cargo de presidente debe recibir un trato diferente al de otros legisladores. Después de que el año pasado no cumpliera el plazo para declarar los regalos que le habían hecho, su equipo argumentó que iba en contra de la «costumbre» de los anteriores presidentes publicar los regalos que le habían hecho a su cargo.

La presidenta dijo que nunca cruzó ninguna línea ética para ayudar a su marido.

POLITICO se puso en contacto con eurodiputados y funcionarios de la UE que trabajaban directamente en la legislación sobre la que Ukko ejercía presión. Ninguno recordaba que Roberta hubiera hablado con ellos sobre el expediente o que hubiera intervenido en el proceso de formulación de políticas. Como Presidenta, firma las leyes, pero normalmente no interviene en su modificación a medida que avanzan en la cámara. Durante su primer mandato, se abstuvo voluntariamente de votar en el pleno.

Pero la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, que investiga las malas prácticas en las instituciones de la UE, afirma que los conflictos de intereses no tienen por qué aprovecharse para ser un problema. Incluso algo que parezca mal al público debe tratarse con seriedad.

O'Reilly dijo en una declaración enviada por correo electrónico: «He dejado claro que las instituciones de la UE no sólo tienen que considerar si han abordado los conflictos de intereses reales, sino también los percibidos, que pueden ser igualmente perjudiciales para la confianza pública.»

Pocos argumentarían que un miembro de un grupo de presión que vive sin ser reconocido junto a un poderoso legislador pasaría esa prueba.

Aunque las normas no obligan a la Presidenta a revelar las actividades de su marido, nada le impide hacerlo voluntariamente. Tampoco que ofreciera una declaración pública sobre cómo gestionaba el solapamiento de los intereses corporativos de Royal Caribbean y la labor del Parlamento que dirigía.
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(Laas, portavoz de la presidenta, dijo que «las normas del Parlamento Europeo no contemplan esta forma de divulgación voluntaria»).

En el Reino Unido, todos los diputados deben declarar cualquier relación familiar con un grupo de presión registrado. El Parlamento francés también obliga a los diputados a registrar sus intereses familiares. Pero el reciente cambio de norma es la primera vez que la UE exige a un eurodiputado que revele sus vínculos familiares.

Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes y uno de los más firmes defensores de la transparencia en la Eurocámara, dijo que no había notado la exención para el Presidente. Freund, que trabajó anteriormente con Aiossa en TI y ha colaborado con Roberta en su campaña de ética, no quiso hacer comentarios sobre el trabajo de Ukko. La familia era un tema delicado, dijo.

Otra peculiaridad de las nuevas normas es que todas las reuniones de los eurodiputados con grupos de presión relacionadas con los asuntos del Parlamento deben declararse públicamente. Pero si el presidente del Parlamento vive con un lobista, las normas no dicen nada.

Eso puede llevar a algunas conclusiones absurdas, dijo Richard Corbett, ex eurodiputado y autor de un manual sobre el Parlamento. «¿No tiene que declararlo cada mañana?», preguntó.

Como parte de su esfuerzo por mantener separadas sus vidas profesionales, los Metsola acordaron que el presidente no haría ninguna declaración pública sobre la industria naval, dijo Ukko a POLITICO.

«Incluso antes de que mi esposa se convirtiera en presidenta, como eurodiputada desde hace más de 11 años, nunca ha dicho nada sobre el transporte marítimo, y mucho menos sobre cruceros», dijo.

Pero como presidenta rompió ese acuerdo en dos ocasiones.

«La importancia de la industria marítima para el bienestar y la prosperidad de Europa no puede ser exagerada», dijo en un mensaje de vídeo oficial para celebrar el Día Marítimo de la UE este mes de mayo.
En Malta, su país de origen, también se apunta a Metsola como posible futura Primera Ministra. | Frederick Florin/AFP vía Getty Images

«La ambición climática es esencial», añadió. Hablando a la cámara con el hemiciclo del Parlamento difuminado en el fondo, continuó la Presidenta, el progreso de la industria naval depende de que la UE «establezca objetivos alcanzables y ... ofrezca incentivos financieros». Lo mismo dijo en su discurso de apertura de la conferencia marítima de Malta en 2022.

«Estoy sorprendido», dijo Ukko, cuando POLITICO le informó de las direcciones. «Sinceramente, no estaba al corriente».

Aunque las declaraciones de Roberta se hacían eco de las peticiones de Ukko al sector, su portavoz dijo que se limitaba a exponer la posición general del Parlamento, ya que sus miembros habían votado y no habían hecho nada fuera de lo normal. «Se espera que el Presidente del Parlamento hable de todos los temas relacionados con el trabajo del Parlamento y más allá», dijo.
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«La Presidenta siempre ha utilizado su cargo por la única razón de representar los intereses del Parlamento Europeo», añadió. «Refutamos, en los términos más enérgicos posibles, cualquier conjetura que alegue lo contrario».

Pero Vicky Cann, activista de Corporate Europe Observatory, una ONG de vigilancia de la transparencia con sede en Bruselas, dijo que las declaraciones públicas de la presidenta sobre la industria de su marido eran innecesarias, desacertadas y no cumplían con la obligación de la presidenta de establecer un estándar más alto.

«En Bruselas existe la cultura de cumplir el nivel mínimo en lugar de aplicar buenas prácticas», afirmó. «Y aquí es donde realmente deberíamos mirar a los líderes y a las personas prominentes para dar un mejor ejemplo»."                

( KARL MATHIESEN, EDDY WAX and ELISA BRAUN, POLITICO, 04/09/24,traducción DEEPL, enlaces en el original)