"Hablar de Edward Snowden es hablar de alguien famoso: del informático
que reveló el espionaje masivo practicado por Estados Unidos a escala
mundial. Hablar de Raphael Halet, Rudolf Elmer y Jonathan Sugarman es
hablar de personas casi anónimas, perseguidas judicialmente y condenadas
al ostracismo laboral.
Como Snowden; Halet, Elmer y Sugarman son whistleblowers. En
castellano les llamaríamos soplones, delatores o chivatos. Sus
informaciones han descubierto prácticas de evasión fiscal de
multinacionales, fraudes bancarios que costaron cientos de millones de
euros al contribuyente europeo o el blanqueo de dinero en paraísos
caribeños. Tras hacer sonar el silbato, sus vidas
laborales están arruinadas.
Ninguna empresa de sus sectores
profesionales los quiere contratar. La Europa que se escandaliza cuando
EEUU persigue a Snowden es igual de implacable con sus propios
informantes de delitos económicos. Y es en Bruselas, junto al Parlamento
Europeo, donde tiene lugar la conversación de estos tres informáticos.
Luxemburgo defiende a sus evasores fiscales
Un tribunal de Luxemburgo volverá a juzgar dentro de unos días a
Raphael Halet por filtrar anónimamente al periodista Edouard Perrin
documentos internos de PriceWaterHouseCoopers (PWC), que mostraban la
ingeniería fiscal con la que cientos de multinacionales evadían miles de
millones de euros en impuestos. Perrin y otro antiguo trabajador de la
consultora, Antoine Deltour, también deben comparecer ante el tribunal.
La Fiscalía de Luxemburgo recurrió los nueve meses de cárcel a Halet y
los doce meses a Deltour. Perrin fue absuelto, porque no acepta una
sentencia que reconoce la “innegable contribución en favor de una mayor
transparencia” en cuestiones fiscales de estas tres personas. Los miles
de documentos de PWC son la base del gran escándalo de evasión fiscal
conocido en 2014 como LuxLeaks. Y muestran que, entre 2002 y
2010, hasta 340 multinacionales firmaron con la hacienda luxemburguesa
cientos de acuerdos fiscales, tax rulings, para pagar pocos impuestos.
La maquinaria evasora ocurrió cuando el actual presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el primer ministro del país.
Halet trabajaba entonces en el Departamento de Fiscalidad de PWC y por
su ordenador pasaron miles de páginas de esos pactos. “Los documentos
los tenía delante de mí todos los días, los fotocopiaba todos los días
porque eran de trabajo, los intercambiábamos entre los compañeros”,
explica el antiguo empleado de la consultora, que desmiente cualquier
“tipo de acceso fraudulento”.
Raphael Halet era un administrativo sin responsabilidad en el
engranaje fiscal pero un día vio en la televisión el reportaje de Perrin
sobre “la evasión fiscal practicada por Luxemburgo, en general, y
particularmente por PWC”. A partir de ese momento, explica, “es cuando
tomo conciencia de que algunos departamentos de la empresa, como el mío,
son los que hacen la evasión”.
Se inicia así un contacto anónimo entre Halet y Perrin que termina
con el envío de cientos de acuerdos fiscales de multinacionales. El
reportero trabaja con la documentación y finalmente el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación desentraña en otoño de
2014 la gran evasión practicada en Luxemburgo. Para el ciudadano Halet
comienza una pesadilla.
Apenas unos días después del estallido de LuxLeaks, “la
policía vino a mi casa para registrar mi ordenador, mi iPad, a
realizarme un interrogatorio privado pero de apariencia oficial”,
describe el extrabajador de PWC. Halet ya estaba en el punto de mira. El
interrogatorio resultó ser ilegal, la autorización era sólo para
requisar su ordenador. Investigadores privados de PWC acompañaron a la
policía y les indicaron qué requisar.
Posteriormente, en un interrogatorio de casi 12 horas, representantes
de la consultora ofrecen a Halet, afirma, “mi silencio a cambio de no
reclamarme diez millones de euros y no quedarse con mi casa”. El acuerdo
evitaba a Halet una denuncia ante la justicia. Pero PWC se salta el
acuerdo de confidencialidad y en enero de 2015 un tribunal luxemburgués
inculpa a Halet, que también es despedido. Casi dos años después sigue
desempleado.
Banqueros de la piratería caribeña
La lucha de Rudolf Elmer es más prolongada pero también muestra la
connivencia de las grandes empresas con el sistema judicial de otro
paraíso fiscal, Suiza, donde bancos y banqueros son los reyes. Entre
1994 y 2002, él fue uno de ellos, el número dos del banco suizo de
inversión Julius Baer en las Islas Caimán.
Elmer estaba contratado por la filial caribeña, dentro de la estructura del holding bancario pero al margen de la entidad con base en Zúrich. Trabajaba para una trust company o
sociedad especializada en los fondos que emplean las grandes fortunas
para sortear las haciendas nacionales. “Sólo en la división bancaria,
hablamos de 100 millones de francos suizos no declarados”, calcula
Elmer, pero “la evasión real entre los clientes es muy difícil de
cuantificar porque también tienen joyas, casas, oro, obras de arte. Y
estos activos son comprados por sus sociedades de inversión y se pasaban
por nuestro trust durante décadas y generaciones”.
Despedido en 2002, Elmer guarda en su propia casa copias de la
información de los clientes y de los fondos gestionados y durante unos
años las envía a medios suizos e internacionales para denunciar la trama
caribeña. Por primera un banquero suizo cambia de bando y explica cómo
las grandes entidades colaboran con la evasión fiscal. La primera
represalia que sufre es pasar 30 días en prisión, acusado de vulnerar el
secretario bancario suizo.
Durante años, Elmer y su familia fueron espiados por detectives
privados de Julius Baer. Estos llegaron, incluso, a entregar un pequeño
juguete a su hija cuando volvía del colegio. Fueron prácticas mafiosas
que llevaron a Elmer a un centro psiquiátrico varias semanas, durante
las cuales analizó la información en su poder. Así, descubrió el
blanqueo de dinero del narcotráfico por parte de policías mexicanos, la
fortuna de armadores griegos o las cuentas de políticos brasileños. En
total, más de 1.300 clientes con cuantiosos fondos, cientos de ellos
suizos.
Wikileaks y el periódico The Guardian publicaron
esa información pero, en vez de investigarla, la justicia suiza abrió
dos nuevos casos contra Elmer por vulneración del secreto bancario y
falsedad documental. Elmer pasó otros 180 días encarcelado y su entorno
fue investigado. “Tuvimos que romper la comunicación con nuestros
familiares porque sus trabajos podían estar en peligro. La persecución
era tan alta que hasta mi mujer fue juzgada por vulnerar el secreto
bancario”, señala Elmer.
Once años después del primer juicio, ha sorteado el delito de
vulneración del secreto bancario gracias a los propios documentos y
contratos de Julius Baer, que prueban que él no estaba sujeto a las
leyes suizas. Aun así, la Corte Federal suiza todavía estudia un nuevo
recurso suyo contra la sentencia de 14 meses de prisión condicional por
falsedad documental y amenazas.
Ley del silencio en Irlanda
“A mí me hubiese encantado un juicio porque el caso habría sido yo
contra el Banco Central de Irlanda y Unicredit por sus fallos en el
cumplimiento de las leyes”. Lo dice Jonathan Sugarman al conocer la
lucha judicial de su colega. Sin embargo, él sufre un intento deliberado
de las autoridades bancarias irlandesas de silenciar los graves errores
de supervisión que permitieron la quiebra bancaria de la isla.
Sugarman se incorporó a Unicredit Irlanda en 2007 como gestor de
riesgos. Al brillante economista le bastaron cuatro meses para descubrir
que el banco no estaba cumpliendo las reglas de liquidez irlandesas:
las entradas de cash, o dinero, debían cubrir el 90% de las
salidas en la actividad diaria. Sugarman acudió a sus jefes. “Ojalá
supiese hoy si era una práctica deliberada de Unicredit o si ocurría
porque no tenían ni idea de que lo que estaba pasando”.
No le escucharon y la situación de liquidez del banco empeoraba así
que Sugarman se negó a firmar las cuentas bajo su supervisión.
“Estábamos vulnerando las leyes, mi nombre iba a aparecer en ese informe
y era algo que no podía aceptar”, explica. En Irlanda, incumplir las
reglas de liquidez de manera deliberada o por omisión suponía penas de
cárcel de hasta 5 años.
El exbanquero denuncia la pasividad del Banco Central de Irlanda y de
los reguladores financieros, a los que también informó sin éxito sobre
el grave agujero. Él se pregunta si “tiene algo que ver que el
presidente de mi banco en Irlanda, después de que yo denunciara un
agujero de miles de millones de euros, fuese nombrado director” de la
institución.
Sugarman abandonó su empleo en septiembre de 2007, el mismo mes que
en el vecino Reino Unido se producía la primera quiebra bancaria de la
crisis europea. Northern Rock caía por sus problemas de liquidez y a
finales de 2008 el sistema financiero irlandés se resquebrajaba hasta
llevarse por delante al país. “Ningún regulador o banquero ha ido a la
cárcel por incumplir las normas”, denuncia Sugarman, que se pregunta
“¿cuántos tenéis en España?”.
Quizás, como dice Rudolf Elmer sobre Suiza, “el sistema judicial y
los bancos están en el mismo barco. Es un sistema que está moralmente
corrupto y sólo lo puedes combatir si lo expones internacionalmente a
todo el planeta”. (Alexandre Mato, CTXT, 30/11/16)
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