"Tal y como hemos publicado en Diario16, son cientos las ciudadanas y ciudadanos españoles que han presentado denuncias contra España ante la Comisión Europea por, precisamente, la corrupción judicial existente en el país. El verdadero problema para España no es el número de denuncias, sino que cada mes que pasa se van incrementando.
En concreto, existen dos denuncias, a las que ha tenido acceso Diario16, en las que se ponen como ejemplo de esa corrupción judicial los casos, causas, demandas, procedimientos o querellas más importantes en las que el Banco Santander se ha visto favorecido por las decisiones judiciales, incluso creando doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que los miembros de la familia Botín, altos directivos, consejeros o la propia entidad cántabra fuera condenada.
Uno de los elementos que fundamentan la puesta como ejemplo del Santander en la denuncia por corrupción judicial se halla en la impunidad que parece tener el banco presidido por Ana Patricia Botín: «las cesiones de crédito y la doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón Real coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario» se afirma en una de las denuncias que agrega «los 7.000 millones de euros de Valores Santander y el diferente trato que se dio a dicho producto tóxico del Banco Santander respecto a las preferentes de Bankia, judicial y mediáticamente».
Otra de las denuncias indica la perfecta complicidad entre Santander y el despacho Uría y Menéndez, uno de los grandes bufetes que forma parte del lobby que controla a la Justicia española y que, en este caso, podría estar garantizando esa presunta impunidad tanto del Santander como de la familia Botín.
Esta denuncia hace referencia a un hecho que estos lobbies realizan, no sólo con el banco cántabro, sino con todos los representantes de las élites que ejercen su poder oculto en contra de los intereses del pueblo. Esta actitud es la referida a que trabajan «con Dios y con el diablo», es decir, saltándose la deontología y la buena praxis profesional al obviar conflictos de intereses: «la familia Pérez Dolset ganaba los pleitos hasta la entrada en escena de Uría y Menéndez con su abogado estrella, Jesús Remón Peñalver, ante el Tribunal Supremo».
Además, se hace referencia a la supuesta endogamia entre el Santander y su bufete de cabecera, donde ya trabajan «Marta Ríos Estrella socia de Uría y mujer de Javier Botín y a Francisco Javier Illescas que pasó de socio de Uría a lo más alto de la asesoría jurídica del Santander». Además, no hay que olvidar cómo Manuel Echenique Sanjurjo, hijo del exvicepresidente del banco cántabro, Rodrigo Echenique, también es socio de Uría y Menéndez.
La connivencia que la ciudadanía ve entre la banca y la Justicia llega a su punto máximo cuando es el Santander el que tiene que dar cuentas ante los tribunales. Hay juzgados en España en los que todas las causas que llegan de la entidad cántabra son archivadas, desestimadas o sobreseídas.
La Audiencia Nacional, en concreto el juez Fernando Andreu, archivó el caso de los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, lo que era un claro ejemplo de evasión fiscal. Baltasar Garzón, archivó la querella de Rafael Pérez Escolar por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas en relación de la compra de Banesto y que fue calificada como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española». Todo esto ocurrió tras el escándalo de los cursos de Baltasar Garzón en Nueva York que fueron patrocinados por el Santander.
El último ejemplo de estas decisiones favorables al Santander se ha dado en la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa del blanqueo de capitales de HSBC a través del banco cántabro y del francés BNP. En el auto se declara taxativamente que, a pesar de que el informe pericial del Banco de España muestra claras evidencias de estos hechos, tanto la Fiscalía como el propio juez indican que no son suficientes para iniciar proceso penal contra los directivos del Santander imputados.
Las puertas giratorias de la Justicia también favorecen a la banca. Hablamos mucho de la transferencia de cargos políticos a la empresa privada pero pasa desapercibida cómo jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dejan sus puestos para trabajar como abogados en bufetes privados defendiendo a las entidades que, precisamente, fueron juzgadas por ellos mismos. El caso del exjuez Gómez Bermúdez es uno de los más paradigmáticos porque en su momento intentó ser presidente de sala en la querella de Pérez Escolar o fue el ponente de la doctrina Botín y fue el encargado de defender a Jaime Botín en el caso del contrabando del cuadro por el que, por cierto, fue condenado.
En la denuncia se incluye una frase con la que finalizaba el reportaje de la revista La Clave sobre los lobbies de la Justicia que es muy esclarecedora: «Estos nuevos letrados, lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales, se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su agenda de contactos desempeña un papel estelar».
La influencia de estos lobbies en favor del Santander son el mejor ejemplo de que las denuncias presentadas ante la Comisión Europea están fundamentadas en hechos. No hay más que ver a los asistentes de la presentación del libro Se vende banco por un euro de Manuel Medina, asesor y lobista del banco cántabro, en el que se encontraban miembros de todos los poderes de la democracia mano a mano con los representantes de las élites económicas, financieras y empresariales de este país.
¿Hay corrupción judicial en España?
Son muchas las denuncias interpuestas por la sociedad civil y por
ciudadanos que así lo muestran. Estas son dos más y sólo se podrá
revertir la situación con una revolución absoluta del tercer poder
que busque de una manera definitiva la absoluta independencia de los
tribunales respecto a los intereses de los poderes financieros o de las
grandes familias. Sólo así en España se logrará que la Justicia sea
justa." (José Antonio gómez, diario16, 10/02/21)
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