El lavado de dinero de los que pagan a ETA se hace en familia, la del PNV guipuzcoano

“El diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri, ha anunciado hoy al consejo de diputados la destitución del miembro de su gabinete Rufino Eizaguirre, socio del ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo en dos empresas supuestamente empleadas para blanquear el dinero sustraído… No obstante, Txabarri comunicó al consejo la destitución del jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales dependientes del diputado general, Rufino Eizaguirre Olcoz, quien figura en la denuncia del fiscal como socio de Bravo en la empresa Roza Cabrera S.L., mientras que participaba también en Ekialde S.L., otra compañía de las que, según la denuncia, se utilizó para blanquear el dinero.

Eizagirre mantendrá su plaza de funcionario pero no seguirá desempeñando el cargo de jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales del diputado general, cargo público al que accedió por libre designación.” (Diario Vasco.com, 22-05-07)

“La corrupción sacude al PNV. Escándalos y disensiones rompen el velo de la 'virginidad' en el nacionalismo vasco

El procesamiento de José María Bravo y de algunos de sus colaboradores interpela al PNV sobre su gestión al frente de las instituciones vascas. De entrada, porque el acusado en cuestión practicó, supuestamente, la malversación de caudales públicos, la falsedad documental y el blanqueo de capitales durante sus 10 años al frente de la Hacienda local. A la vista del relato de la Fiscalía, José María Bravo ingresaba en sus cuentas particulares deudas cobradas a morosos a los que posteriormente declaraba insolventes. Cabe preguntarse cómo es posible que estas prácticas -el procesado llegó a condonar tributos a cambio de que un contribuyente le decorara una de sus propiedades- no fueran detectadas antes.

José María Bravo dirigió la oficina tributaria de Irún mientras su hermano desempeñó el cargo de director general de la Hacienda de Guipúzcoa. Y la segunda esposa de este último, Arantza Arbelaitz, presidió el Tribunal Económico-Administrativo de la Hacienda guipuzcoana, precisamente el órgano encargado de resolver las reclamaciones de los contribuyentes y de imponer sanciones. Víctor Bravo ejerció las funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras de los expedientes, caracterizados como especiales, que discurren en la Administración foral al margen de instancias inspectoras convencionales. El procedimiento especial fue ideado en su día para garantizar el anonimato de las cuentas de los extorsionados por ETA.” (El País, ed. Galicia, Domingo, 01/07/2007, pp. 8)