La primera jornada del juicio en la Audiencia de Vizcaya contra el ex jefe de la Inspección Fiscal, el primero en Euskadi contra un cargo de estas características (el responsable de controlar que los contribuyentes paguen lo que les corresponde), sentó también en el banquillo a otros tres funcionarios de Hacienda por presunta colaboración. Ibarra, quien se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel y una multa de más de 80.000 euros por los delitos de falsificación, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y desobediencia, se esforzó en explicar que el listado creado por él con casi 170 contribuyentes no servía para evitar ser inspeccionados como ha concluido la investigación judicial. (...)
Ibarra negó la acusación de la fiscalía de que el sistema informático creado con el listado de 170 contribuyentes, que bloqueba el acceso al mismo al resto de funcionarios de Hacienda, impidiera cualquier inspección sin la autorización del entonces máximo responsable de la Inspección Fiscal. (...)
Como ejemplo para validar sus tesis, Ibarra dio los nombres de cinco contribuyentes del listado que sí fueron inspeccionados con posterioridad. La fiscalía, en cambio, incluye en su acusación a una veintena de empresas y personas a las que se archivaron las inspecciones iniciadas.
El supuesto soborno de 337.000 euros motivó una incisiva intervención de la fiscal sobre la procedencia del dinero. Ibarra relató que se lo dio su padre en billetes "a lo largo de cuatro o cinco años", porque lo tenía guardado en su casa, y que desconocía "de dónde lo sacó". "Tenía manía a los bancos", afirmó después. (...)No hay otras acusaciones ya que la Diputación de Vizcaya se retiró en marzo pasado tras siete años en el proceso." (El País, 18/01/2011)
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