"En el fútbol los amigos me comentaron que la Junta daba ayudas individuales y a empresas. Y me acerqué a pedir una porque estaba en el paro". José Antonio García, exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), explica con pasmosa tranquilidad cómo entró a formar parte del grupo de 70 intrusos descubiertos hasta ahora en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía.
Estas personas figuran como prejubilados en los ERE que acometieron empresas gracias a las subvenciones de la Junta andaluza, pese a que nunca trabajaron en estas compañías que redujeron personal. (...)
El fraude consistió en incluir a ediles, sindicalistas, intermediarios y amigos de todos ellos como beneficiarios de las pólizas de los ERE gracias a la connivencia de las aseguradoras, las consultoras y altos cargos de la Consejería de Empleo, que autorizaba los pagos.
La casuística de estas 70 personas es muy diversa y hubo trabajadores de una empresa prejubilada en otra y familiares y vecinos desempleados ajenos por completo a las compañías.
Durante nueve años, entre 2001 y 2008, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero manejó un fondo para empresas en crisis de 647 millones de euros de manera discrecional. Esas ayudas públicas fueron definidas por el propio Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se desdijo.
Estas ayudas sirvieron para un roto y un descosido; para cientos de prejubilaciones ante el cierre de grandes firmas como Santana Motor o Delphi, y para incluir a la suegra de Guerrero como prejubilada en el grupo Sos Cuétara, presente en Jaén, pese a que la señora reside en El Pedroso (Sevilla), municipio del que Guerrero fue alcalde durante cuatro años.
La policía ha desarticulado al núcleo duro de los intrusos, una trama que se lucró a través de la consultora Vitalia y el conseguidor Juan Lanzas, incluido en dos ERE junto a su mujer y su cuñada. Por ahora han sido detenidas 12 personas que a continuación fueron puestas en libertad.
Mientras, la Junta ha identificado 70 intrusos en una investigación interna, lo que supone el 4,4% de los 1.569 trabajadores examinados. Sin embargo, el goteo de intrusos seguirá, porque 6.096 empleados están recibiendo estas ayudas públicas.
Pero el capítulo del fondo más espinoso fueron las subvenciones directas a empresas: 87 millones para un auténtico cajón de sastre repleto de sospechosos pagos. La contabilidad del fondo revela cómo este sirvió para ayudar a empresas en dificultades pero también contentar, de manera discrecional, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones a través de 130 ayudas.
La provincia de Sevilla acumula la gran mayoría de abonos y concentra 10 de los 13 Ayuntamientos beneficiados." (El País, 06/03/2011, p. 18)
Hoy acumula 12 detenidos, un fraude de al menos cuatro millones de euros y cuya dimensión está aumentando.
La Junta andaluza reconoce que de momento ha encontrado 39 falsas prejubilaciones -correspondientes a 14 empresas- de las 6.096 que aún se están pagando, gracias a un fondo de ayudas públicas que el Ejecutivo ha dotado desde 2001 con 647 millones. El 90% del dinero financió expedientes de regulación de empleo y el 10% se destinó directamente a empresas.(...)
La policía ha detenido hasta el momento a 12 personas que operaban en dos de las empresas investigadas. A través de intermediarios incluyeron en los ERE los nombres de personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas. La red está acusada de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Entre ellos destaca el conseguidor Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT. Todo apunta a que los miembros implicados en la red seguirán aumentando.
Esta nueva línea de investigación surgió tras el análisis de los dos ERE que atravesó Mercasevilla y sus irregularidades. A continuación, la magistrada del caso amplió la investigación a todas las ayudas públicas concedidas desde 2001.
La Intervención General de la Junta envió tres informes a la Consejería de Empleo desde 2005 en los que cuestionaba el procedimiento administrativo utilizado para financiar las ayudas a empresas en crisis, pero sus recomendaciones cayeron en saco roto." (El País, 14/02/2011, p. 13)
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