La operación judicial ordenada el 6 de febrero de 2009 por el juez Baltasar Garzón contra la trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP frustró un gran negocio que preparaba Álvaro Pérez, El Bigotes, con la connivencia del Gobierno valenciano de Francisco Camps.
Se trataba de cobrar 20 millones de euros, a través de instituciones valencianas como la Feria, la Generalitat o la televisión autonómica, por organizar un año después los Grammy Latinos en Valencia, cuyo coste de producción estaba en torno a los 11 millones de euros. El Gobierno de Camps conoció y facilitó las gestiones de El Bigotes con los responsables de los Grammy, según prueba el sumario cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Pedreira.
La pieza de conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta, correspondiente a los últimos días del mes de enero, previos a la detención de los cabecillas de la red, revela cómo el Ejecutivo valenciano dejó que El Bigotes negociase la celebración en sedes institucionales como la Feria y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de los premios Grammy de 2010." (El País, ed. Galicia, España, 08/04/2010, p. 11)
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