"Los cursos de formación con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) y a las
arcas públicas tienen una serie de controles que, en mayor o menor
medida, permiten conocer si se da un buen uso del dinero de todos los
ciudadanos. Pero no es difícil burlar ese control. (...)
El método empleado es el de un doble
contrato que permite desviar los fondos públicos que, en principio,
están destinados exclusivamente a los “gastos subvencionables” que
contemplan las órdenes con las que el Gobierno de Cantabria realiza las
convocatorias. Según la documentación a la que ha tenido acceso este
diario, un profesor tuvo que firmar dos contratos casi idénticos para
poder trabajar impartiendo un curso de idiomas.
La única diferencia
está, precisamente, en el sueldo, así como en pequeños detalles que dan
cuenta del carácter de cada uno de los contratos.
Ambos tienen la misma fecha, afectan a
las mismas partes y tienen exactamente las mismas cláusulas. Sin
embargo, aquel que fue presentado al Servicio Cántabro de Empleo
estipula un importe de 45 euros por hora de impartición de clases, y
recoge los datos concretos del curso, la orden del Gobierno regional a
la que hace referencia y una duración del contrato de menos de dos
meses, que coincide con la duración del mencionado curso.
Pero junto a este contrato ‘oficial’ se
llevó a cabo otro de corte privado en el que el centro de formación
indica que “el importe del presupuesto del contrato es de 25 euros la
hora”.
Asimismo, la duración del contrato se extiende durante más de
nueve meses, de marzo a diciembre, a pesar de que la relación laboral,
dado que es un autónomo quien la imparte, comienza y finaliza con el
propio curso. Una diferencia de 20 euros que, para el Servicio Cántabro
de Empleo, está destinada al profesorado, pero que en realidad nunca
llega a manos de los que imparten los cursos de formación.
Más de 1.000 euros desviados
El modo en que se desvía este capital
público queda justificado en todo momento de forma documental, lo que
facilita seguir su rastro. Así, la factura que el profesional de la
enseñanza, autónomo, presenta al centro de formación específica un total
de 2.250 euros por las 50 horas impartidas del curso de idiomas, a lo
que se resta la correspondiente retención de IRPF.
Pero si el profesor del curso de
formación se atiene al contrato en el que se detalla un salario de 25
euros/hora, la cuantía desciende hasta los 1.250 euros, lo que arroja
una diferencia de 1.000 euros que necesita argumentarse. Pero, ¿de qué
modo puede el centro de formación ocultar dicha diferencia?
La respuesta hay que buscarla en los
cursos que estos profesores reciben como complemento a su contrato, y
que ni siquiera llegan a cursar. El precio de estos cursos, como se
detalla en las facturas emitidas por el propio centro de formación, es
de 1.000 euros, que coincide con la diferencia entre los contratos.
El
resultado es que el profesional autónomo recibe un ingreso oficial de
2.250 euros menos el IRPF, pero al mismo tiempo debe devolver a la
empresa 1.000 euros en concepto de un curso que ni siquiera está
relacionado con su especialidad, como es el caso del titulado “Ergonomía
y ambiente físico del lugar de trabajo”, de una duración de 50 horas en
la modalidad formativa presencial. Dicha devolución se produce por
transferencia bancaria.
El resultado final para el profesor es
que debe pagar una parte de su salario por poder trabajar; para el
Servicio Cántabro de Empleo, es un desvío de fondos destinados a la
formación de desempleados, cuyo destino se desconoce. Esta práctica,
aplicada a todos los contratos con los profesores, da como resultado
miles de euros desviados.
Poco control público
La asistencia de los alumnos a clase, la
justificación de gastos determinados como subvencionables y la
publicidad de las acciones cofinanciadas por el FSE son las únicas
herramientas que el Servicio Cántabro de Empleo utiliza para controlar
el destino de su financiación.
Sin embargo, no existe ningún tipo de
supervisión de lo que se destina al profesorado, salvo el propio
contrato que el centro de formación debe presentar para solicitar el
curso, y que debe ajustarse a las condiciones de la Orden.
De hecho, la propia Orden ni siquiera
contempla acciones concretas con respecto al profesorado. Según ha
podido saber este diario, el proceso para pedir las subvenciones se
desarrolla por “concurrencia competitiva”, y se otorgan en función de la
“puntuación obtenida para cada especialidad”. “La suma total del coste
de las acciones adjudicadas deberá ajustarse al importe convocado”, han
asegurado fuentes de la Consejería de Economía y Empleo.
La forma de justificar la recepción de
estas ayudas es siempre documental en los “términos establecidos en un
Manual elaborado al efecto”, han explicado esas mismas fuentes, aunque
en ningún caso se plantea la posibilidad de una justificación de los
profesores, que como autónomos también la necesitan.
Por otro lado, la puntuación se otorga
en función de aspectos como la “inserción de alumnos en anteriores
ediciones formativas”, “especialidades prioritarias en función del
mercado laboral”, la “localidad de impartición”.
El pago de esta subvención, si es con
cargo al FSE, se realiza de forma fraccionada. Primero se ingresan dos
anticipos, uno del 25% “una vez que hay resolución a favor”, y otro del
35% “al inicio de la acción formativa”. El resto, un 40%, se abona “una
vez finalizada y justificada la acción formativa”.
Según detalla la Consejería, los centros
formativos tienen tres meses de plazo para justificar la relación de
gastos de la acción subvencionada, así como los gastos generados. Uno de
ellos es la realización de estos cursos a los que los profesores deben
acceder si quieren poder trabajar." (Álvaro Sáenz , eldiariocantabria, 30/12/15)
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