"La Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha ordenando al
Reino de España que investigue e intervenga en el fraude a gran escala
en los cursos de formación para parados que se realizan con los fondos
transferidos por la UE y que gestionan las comunidades autónomas. La reclamación parte de las informaciones reveladas por eldiario.es entre el 31 de marzo y el 3 de abril
en las que se acreditaba que numerosas academias de formación de toda
España cobran 'mordidas' a los profesores a cambio de trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón inició una investigación en noviembre de 2018 tras
una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude y media docena de
docentes sobre una práctica ilegal que se habría cometido en comunidades
autónomas como Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía,
Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, según reveló este
periódico. Esas pesquisas han sido remitidas a las distintas fiscalías
provinciales para que prosigan y en casos como Alicante ya se han puesto
en contacto con la Generalitat Valenciana para recabar información.
Pero la petición de la OLAF es una intervención paralela a
la de la justicia penal. De hecho, la Oficina de Lucha contra el Fraude
de la Comisión Europea ha pedido al Ministerio de Trabajo, que gestiona
el Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Hacienda, responsable del
gasto de los Fondos Feder y de Cohesión, que investiguen las diferentes
informaciones que publicó eldiario.es. Y es que en las noticias
publicadas el pasado mes de abril se acreditaba que en la actualidad, las 'mordidas' a los sueldos de los profesores se continúan practicando.
Por
parte del Ministerio de Hacienda ha tomado cartas en el asunto el
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que ya ha mantenido
reuniones para tratar de recabar información sobre las prácticas
irregulares de numerosas academias que reciben fondos de la UE. En este
sentido, sería interesante, plantean fuentes conocedoras de la
investigación, que los centenares de profesores afectados por estas
prácticas acudieran a la SNCA a denunciar a las academias que les estén
obligado a reembolsar parte de su sueldo, bien sea a través de servicios
ficticios o con dinero negro.
La SNCA depende de la
Intervención General del Estado, por lo que su intervención puede ser
clave en esta macrocausa que se perpetúa en el tiempo, aunque son en
última instancia las autonomías las que deben actuar contra una práctica
muy extendida y que hasta la fecha, por inacción, omisión o
colaboración, se sigue produciendo.
La otra
administración a la que la OLAF ha pedido cuentas es el Ministerio de
Trabajo, que gestiona las ayudas del Fondo Social Europeo. En este caso,
el departamento que dirige Magdalena Valerio ya se ha puesto en
contacto con varias autonomías para reclamar información sobre el
presunto fraude en los cursos de formación. De momento, los diferentes
departamentos autonómicos se han puesto a confirmar las denuncias
realizadas por eldiario.es. Hay casos certificados en la Comunitat
Valenciana, Extremadura o Catalunya, donde existen incluso denuncias en
una juzgado de instrucción.
El fraude se
fundamenta en la propia legislación del Estado y que asumen las
Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de
18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de
acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados.
Y
concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de
formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la
resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de
retribuciones de los formadores internos y externos contemplados
representará un coste mínimo del 40% de los costes totales de la
subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40
deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de
locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas
Y
es ese 40% el foco de la controversia. Como ya contó este periódico el
pasado 31 de marzo, Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura,
explicaba a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario
al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial
acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa
que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50
euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros
presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En
un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirmaba este
docente.
En otra información se reproducía un audio en
el que un empresario directamente planteaba al docente la manera en que
debía cometer el fraude: "Pagamos autónomos, más 17 euros brutas la hora, pero facturas 45 o 50 euros la hora".
Este periódico continuará revelando audios y documentación que
demuestra que, lejos de acabarse, las "mordidas" a profesores
continúan. " (Sergi Pitarch
/
Adolf Beltran
, eldiario.es, 19/06/2019)
"La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de
noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión
Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para
desempleados por parte de centros privados de formación, según la
información en poder de eldiario.es.
El modus operandi consiste, según
la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia
Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a
los profesores y profesoras autónomos.
"Se justifican
formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al
personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda
vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de
esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana
del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con
varios profesores y técnicos de la administración que relatan los
diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven
obligados a hacer a los centros de formación.
A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial
Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas
y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus
salarios a las academias en las que prestan sus servicios como
autónomos. La investigación del fraude, que se oculta a la
administración en las justificaciones que presentan las empresas,
implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad
Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía,
Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de
certificación y varios de los centros denunciados consultados por este
periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos
negros".
El fraude se fundamente en la propia
legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa
en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación
para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la
justificación de gastos derivados de la realización de acciones de
formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados.
Y concretamente en dos
puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un
beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los
costes directos imputables en concepto de retribuciones de los
formadores internos y externos contemplados representarán un coste
mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es
decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y
el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben
justificar o provocan la devolución de las ayudas
Un 40 % para salarios de docentes como mínimo
Y
es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de
Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de
su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista
inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay
una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que
cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y
nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura
posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros",
afirma este docente.
Pero la contrafactura no es el
único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los
centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi
es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia
en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. Se
lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en
los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa
cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado,
pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración,
algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros".
Gandía,
que ha trabajado durante más de una década en formación para parados
asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya
propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos
240.000 euros".
Carlos Martínez fue durante años
técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos
momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de
departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención
les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que
facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a
validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me
sacaron de mis funciones", argumenta.
¿Y qué consigue
la administración no entrando a fondo en este tema? "Consigue la paz
social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante
años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra
manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o
el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director
del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta
como profesores. Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones
desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero
ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan
al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora.
Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este
antiguo inspector.
¿Qué dicen en la administración?
Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat
Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre
este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con
estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede
denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma.
"Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están
correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura.
Añade
Briones: "la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de
centros privados cobran menos que los que trabajan para la
administración por las mismas ayudas europeas para la formación de
desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos
hacer nada", afirma.
La información presentada en la
Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la
provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de
Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la
misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y
centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia,
Extremadura, Castilla y León o Andalucía. De hecho, ese es el motivo por
el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la
Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a
la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una
denuncia similar de un particular.
Los centros no desmienten estas prácticas
Jordi
Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de
Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante
(Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la
patronal CEOE. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una
manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos
de las remuneraciones", alega.
Vicente Piñuel Cabedo
ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la
Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de
Alicante(CECE). En unas delaraciones a Interviu en
2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a
docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si
hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A
mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio
tiene que salir para que coman nuestras familias".
En
esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno
que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos
ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna
manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A preguntas de
eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la
mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. "Yo ya estoy jubilado",
afirma.
Una respuesta llamativa, porque a Vicente
Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio
valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14
cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso
competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de
subvenciones de la Generalitat Valenciana.
Vicente
Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las
empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de
Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. "Siempre ha habido
garbanzos negros, pero no es la tónica global", defiende. "¿Cómo se
pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha
llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.
Dos
profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de
Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a
las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a
perder el trabajo. "Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el
máximo. Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te
puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros", afirma uno de ellos, aunque
recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año
siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.
El
otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo
vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en
acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo
devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero
en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que
supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia.
A
cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar
en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los
hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la
práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta
investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes
acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos
años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los
desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario." (Sergi Pitarch
/
Adolf Beltran
, eldiario.es, 31/03/2019)
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