"Sibucu, una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000% en 2020.
Aquel año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para acceder a material sanitario para salvar vidas, esta sociedad -que controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio de algo de menos de 765.000 euros en 2019.
Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4 millones de euros -estaba en 159.000 antes de la pandemia-, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que multiplicaba por tres su facturación en 2019.
Muchas autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron
En los últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas” tras cerrar contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación contaban a ElPlural.com que elevarían la causa ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Justicia Europeo.
Hay que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño contactaran con el Consistorio. Así las cosas, Sibucu la sociedad fue la primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En total, se llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2
Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo repitieron después de que la compañía repartiera mascarillas con sellos falsos. En concreto, se vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos importados desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo.
De manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la compañía tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular, ya que estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de acreditación para ello. Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de Consumo ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían distribuido 80 millones.
En Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió medio millón de euros, tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.
Por su parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca en junio del año siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de la región.
Historia de Sibucu
Sibucu 360 S.L se constituye en 2014 como una sociedad clásica de tenencia de activos, pero más tarde iría ampliando su objeto social para incluir la inversión inmobiliaria o los servicios de consultoría, entre otras actividades de prácticamente cualquier tipo, como el comercio de productos de perfumería. Sin embargo, fue la implantación de MoonOff en China la que le permitió disponer de la capacidad para importar material sanitario en el momento de máxima emergencia.
En 2018 se convierte en administradora única de la empresa de iluminación coincidiendo con la inhabilitación por fraude fiscal de José Ramón García, fundador de Blusens e impulsor de MoonOff -de la cual sería máximo responsable hasta el momento de su condena- y conocido por Feijóo.
Respecto del entonces responsable gallego, cabe destacar que la firma llegó a ofertar mascarillas un 15% más baratas que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. Lo que es lo mismo, la Xunta llegó a adquirir mascarillas por 50 céntimos la unidad.
Versión de Sibucu 360
Tras las informaciones publicadas por ElPlural.com, la empresa ha dado su versión de los hechos y matizado algunas cuestiones que ha explicado a través de un comunicado.
Desde la entidad señalan que la compañía tiene “entre más de sus 2.000 clientes de productos sanitarios y equipos de protección individual a administraciones públicas como comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de todos los signos políticos; distribución farmacéutica, farmacias, supermercados, grandes superficies, hospitales o empresas del sector privado” y que “de los 142 millones de unidades unidades de producto sanitario y EPIs entregadas, no más de un 20% se distribuyó a administraciones públicas hasta la fecha”. Asimismo, sostienen que se trata de firmas “homologadas” a todos los niveles.
A pesar de ello, no niegan haber importado una partida de “80.000 mascarillas” entre “más de 142 millones de unidades de producto sanitario”. “En seguida comunicamos la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX para poder recuperar esas unidades”, aspotillan.
En la misma línea, aseguran que “ni Sibucu ni ninguno de sus socios han tenido ni tienen vinculación con ningún partido político” y que “ni
la Comunidad ni la Xunta se encuentran entre los clientes a los que
fueron entregadas y, posteriormente, recogidas las unidades marcadas de
forma incorrecta”, aunque ambas entidades acudieron a la firma después de conocer la incidencia." (Rubén Rozas, El Plural, 29/02/24)
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