Las dádivas del general corrupto de la Guardia Civil en el ‘caso Mediador’

 ""¿Aquí qué hay? ¿Mil, no?” “Sí, coño [...]”. “Acepto, tiene 2.000, o sea 1.000, 20 billetes [de 50 euros]” “Vale, ¿cuánto tiene ahí?”. “Hay 20”. “Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez. 1.500”. “Venga, perfecto”. El 26 de enero de 2021, Marcos Antonio Navarro, integrante confeso de la trama de corrupción desmantelada en el caso Mediador, se reunía con uno de los presuntos cabecillas, el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Navarro, sin que lo supiera su interlocutor, estaba grabando con su teléfono móvil el sonido de aquel encuentro en el que, tras contar los billetes, le entregaba al alto mando del instituto armado una supuesta comisión de 1.500 euros por las gestiones que el general supuestamente había hecho para favorecer a un empresario, según destaca un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El mismo documento policial, fechado el 8 de febrero, poco antes de las primeras detenciones, destaca que aquel dinero no fue la única dádiva que presuntamente recibió el general Espinosa. Las pesquisas recogen el pago de billetes de avión, estancias en hoteles, tarjetas prepago, quesos canarios e, incluso, una caja de puros que el alto mando mandó ir a recoger al aeropuerto a uno de los agentes a sus órdenes.

El general Espinosa es uno de los 12 detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción asentada en varias islas que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. Espinosa ―ya fue investigado en 2010 en otro caso de corrupción en Canarias, el llamado caso Unión, pero finalmente se archivó la causa contra él― es el único de los arrestados al que la jueza del caso Mediador ha enviado a prisión provisional. Sobre él pesan acusaciones de cohecho y organización criminal, bajo la sospecha de haber cobrado comisiones por, entre otros motivos, el supuesto amaño de cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros financiados con fondos europeos.

Según el relato contenido en los documentos policiales, el modus operandi del general era recibir a los empresarios en su despacho oficial en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para “seducirlos” de su capacidad de influencia, para posteriormente almorzar en un restaurante cercano en el que “en ocasiones” estos le entregaban algún presente “como parte del engrasamiento hacia el funcionario [para facilitar su colaboración]”. Los investigadores destacan que a partir de ese primer encuentro los empresarios incrementaban “el gasto de los supuestos sobornos” al general que, junto al pago de vuelos, hoteles y otras comidas, incluía la entrega de dinero en efectivo y de tarjetas prepago. Las pesquisas han revelado que Espinosa pidió o recibió en tres ocasiones, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, uno de estos modos de pago que hace muy dificultoso identificar a quién la utiliza.

El informe de la Guardia Civil detalla que el alto mando se integró presuntamente en la trama en septiembre de 2020 ―cuando ya era el director del Proyecto GAR-SI Sahel, financiado por la Comisión Europea para reforzar la seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad― y permaneció en ella aproximadamente un año, hasta que “los empresarios comenzaban a advertir que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos no veían prosperar el resultado prometido”. En ese tiempo, las pesquisas lo vinculan con cuatro empresarios y, sobre todo, con el mediador de la red de corrupción, Navarro Tacoronte, también con antecedentes policiales que datan de hace 20 años. Este, tras su detención en enero del año pasado acusado de estafar 2.575 euros, comenzó a colaborar con la justicia y delató al resto de integrantes de la trama, entre ellos al general, al que situó en su epicentro al asegurar que actuaba “como mediador de las negociaciones llevadas a cabo a cambio de una comisión”. Navarro acompañó sus acusaciones con documentos, fotografías y audios de las visitas que tanto él como los empresarios hicieron al despacho que el alto mando tenía en la sede principal de la Guardia Civil en Madrid. Los investigadores recalcan en sus informes que el testimonio del arrepentido ha sido corroborado con numerosos documentos durante las pesquisas.

Navarro aseguró que el general, al que la trama se refería con los alias de Papá y Viejo, era “mucho más prudente” a la hora de recibir “regalos” que el otro presunto cabecilla de la trama, el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, aunque detalló que ello no impidió que los empresarios a los que prometía ayudar le pagaran todo tipo de regalos. También aseguró que Espinosa pidió a uno de ellos que contratase como comercial, con un sueldo de 3.000 euros al mes, a una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, y a la que el propio alto mando se refería en sus conversaciones por WhatsApp con otros miembros de la trama como “el chocho volador”. Navarro añadió que el general justificó precisamente su intervención en la trama en que “tenía que buscarse un futuro económico porque se iba a jubilar [pasó a retiro en enero de 2021] y tenía que buscar un porvenir” tanto para él como para esta mujer.

En su declaración, el mediador aseguró que él entregaba en mano al general un sobre con dinero ―entre 1.500 y 3.000 euros ― cada vez que se veían y que estos fondos eran aportados por los empresarios, uno de los cuales llegó a pagar a lo largo del tiempo cerca de 20.000 euros para entregárselo a Espinosa. El informe de la Guardia Civil destaca que Navarro aseguró ante la jueza que Espinosa llegó a prometer a uno de estos empresarios ayuda para conseguir un contrato para la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por un valor de 35 millones de euros, gestión por la que el general pretendía cobrar supuestamente un 10% “por gastos de representación”.

El mediador también afirmó ante la jueza que, en cierta ocasión, Espinosa le facilitó la numeración de una cuenta bancaria de una entidad belga para que le ingresase allí el dinero, pero que, como estaba “un poco borracho”, le mandó horas después un mensaje para pedirle que no transfiriera nada “porque faltaban números”. El mediador aseguró que, finalmente, nunca envió dinero a esa supuesta cuenta. La magistrada ha pedido ayuda a las autoridades belgas para intentar localizar esa cuenta, cuya existencia revelaría, según el informe de la Guardia Civil, “un evidente afán [...] en ocultar o encubrir las ganancias que ilegítimamente obtuviera”. La investigación también rastrea posibles bienes que Espinosa pudiera tener en los países del Sahel donde operaba el proyecto que dirigió durante casi cuatro años como general de la Guardia Civil.

Ascendido por los ministros Fernández Díaz y Zoido

El general Francisco Espinosa, al que los investigadores sitúan como cabecilla de la “rama empresarial” de la trama de corrupción, medró en la Guardia Civil durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hoy encausado en el caso Kitchen, y el de Defensa, Pedro Morenés, lo ascendieron a general de brigada en 2012 y le destinaron como segundo jefe del Estado Mayor del instituto armado. Sus sucesores, Juan Ignacio Zoido, hoy europarlamentario del PP, y María Dolores de Cospedal lo volvieron a ascender en diciembre de 2016 al nombrarlo general de división tan solo cinco días antes de que pasase a la reserva, lo que permitió a Espinosa seguir en activo, según detallan fuentes del instituto armado. Gracias a esta decisión, el general, del que algunas fuentes destacan su cercanía personal con Zoido —ambos son sevillanos—, pudo permanecer en activo hasta 2021. En esos años ocupó, primero, la jefatura de Cooperación Internacional y, desde 2017, la dirección del Proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto financiado por la Comisión Europea en esta zona de África. Pese a que pasó a la situación de retiro en enero de aquel año, en este último destino permaneció operativo unos meses más, según refleja las nóminas que recibió y que obran en el sumario. Según la investigación, la supuesta implicación del general Espinosa coincide en el tiempo, precisamente, con su permanencia en este cargo. De hecho, la jueza investiga si desde ese cargo amañó cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros."                (Óscar López-Fonseca , Guillermo Vega , El País, 24/02/23)