"El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía. Los magistrados han confirmado esta semana la mayoría de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gestión de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.
En la década prodigiosa del PSOE andaluz —logró victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones autonómicas de 2004 y 2008— este partido firmó su crónica más negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.
Dos presidentes autonómicos, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupción. Unos, Griñán entre ellos, tendrán que ingresar en prisión por malversación. Otros, como Chaves, evitarán la cárcel al ser condenados solo por prevaricación.
Todos formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó durante esa década (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público que afectó a 77 empresas y a más de 6.000 trabajadores. El programa costará 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.
Pese a su abultado presupuesto, el plan benefició a un porcentaje mínimo de las empresas que en esa década sufrieron expedientes de regulación de empleo en Andalucía: casi 6.000 empresas y más de 100.000 trabajadores afectados.
El instrumento que ideó el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones públicas era tan ágil y flexible —no había concurrencia, ni publicidad— como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto —ni antes de aprobarlo ni después— convertía un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público.
Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 años ese agujero normativo para el saqueo de fondos, según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.
El diseño del fondo: una puerta abierta al fraude. “La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil de concesión de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvención. La investigación destapó numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.
Procedimiento ilegal aprobado cada año por ley. La prevaricación, según la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que incluía la partida para las subvenciones a empresas mediante “transferencias de financiación”, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, además, la aprobación a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hacía falta más dinero “actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal”. Lo extraño del caso es que el Gobierno andaluz llevó su norma prevaricadora cada año al Parlamento, que la convirtió en ley tras una tramitación transparente. Pero la oposición, según los jueces, fue inducida a error al contar con una información “críptica, confusa y equívoca”. Ni la mayoría de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.
Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervención General del Estado no encontraron en los expedientes examinados “ningún análisis económico de la Consejería de Empleo” sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, tenían capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decidía todo sobre las ayudas, contestó: “No era un elemento a tener en cuenta”.
Además, la sentencia recoge numerosas anomalías en subvenciones a otras empresas favorecidas, aunque no aprobaron ningún ERE. El dinero público sirvió en muchos casos para “abonar nóminas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de préstamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o préstamos para pago de nóminas de los que no consta su devolución”.
Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerció de acusación popular en el caso, señala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el “caso de corrupción más grave de la democracia”. El único cálculo posible se remite a lo acreditado en la investigación: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos —trabajadores que cobraron la prejubilación por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron—; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, según el magistrado Alberto Jorge Barreiro. “Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”.
¿Empresas y trabajadores socialistas? La investigación no acreditó la financiación ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupción. Tan solo hay pruebas de amaños perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se habían creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.
Las dudas de una malversación. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán. El delito de malversación castiga a quienes sustraen fondos públicos para sí o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacción los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas cantidades dadas mediante un procedimiento ilegal.
El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó el caso, escribió tras siete meses de instrucción: “Al menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor del delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.
Barreiro, ya jubilado, concluyó que Griñán sí conoció que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitación, pero no supo que al ejecutarse se “estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”. No hay pruebas en la investigación de que Griñán se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Griñán, pero dos magistradas, de los cinco que integran el tribunal, defienden su absolución.
“Cuando se trataba de dar el paso siguiente, ahí se detuvo”
José
Antonio Griñán declaró que cuando era consejero de Hacienda, su
viceconsejera no le remitió el informe del interventor de la Junta de
Andalucía donde se denunciaban las irregularidades del sistema para
otorgar subvenciones excepcionales a empresas en crisis. El magistrado
que primero interrogó a Griñán consideró que esa explicación se oponía
“a las máximas elementales de la experiencia aplicables en los juicios
de inferencia”. “Resulta inverosímil”, escribió, “que la persona de
confianza de Griñán, la viceconsejera, reciba notificaciones de un
contenido relevante durante varios años seguidos y no dé cuenta de
ninguna de ellas al superior inmediato que la puso en un cargo de máxima
confianza”.
El interventor nunca elevó su nivel de alerta sobre lo
ocurrido a través de los denominados “informes de actuación”, donde se
denuncia la existencia de fraudes y perjuicios para las arcas públicas.
Ese tipo de informes nunca llegó a los consejeros andaluces para que
tomaran las medidas oportunas.
El magistrado también tenía explicación para esta carencia: “Cuando se trataba de dar el paso siguiente que le marcaba la ley, ahí se detuvo. La omisión solo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de interventor, o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó”. (José Manuel romero, El País, 31/07/22)
"‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno.
El juicio político que hizo el PSOE sobre la sentencia del caso de los ERE confirmada por el Tribunal Supremo encendió la bronca con el PP en una reyerta dialéctica de duros reproches a cuenta de las condenas por corrupción que golpean a ambos partidos. Los principales dirigentes del PSOE salieron en defensa de los expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con una frase repetida varios días: “Pagan justos por pecadores. Griñán y Chaves no se enriquecieron”.
El PSOE asumió hace tiempo que la irregular gestión de aquel programa de ayudas a empresas desencadenó un fraude multimillonario en Andalucía y recuerda que los dos expresidentes dejaron sus cargos tras conocer que el Tribunal Supremo había encontrado indicios de delito en su actuación. Pero la dirección socialista acusa de esa corrupción masiva a quienes directamente se encargaron de administrar los fondos públicos en la consejería de Empleo y en ningún caso quienes estuvieron a la cabeza de aquellos gobiernos.
El principal señalado es Francisco Javier Guerrero, quien decidió el reparto de la mayor parte de los fondos para ayudas sociolaborales como director general de Trabajo y fue condenado por la Audiencia de Sevilla a siete años, 11 meses y 1 día de cárcel en el juicio a la rama política del caso de los ERE. Esa partida multimillonaria y controvertida que gestionó era, según declaró él mismo a la Policía, “un fondo de reptiles para crisis” que la Junta “tenía que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. La sentencia de la Audiencia de Sevilla se detiene en algunas de las ilegalidades que supuestamente cometió Guerrero, fallecido de un infarto en octubre de 2020 a los 63 años de edad.
A principios del año 2006, un concejal socialista de Camas organizó la solicitud de las ayudas sociolaborales concertando citas de sus conocidos con Guerrero. El entonces director general de Trabajo incluía a estos amigos en listas de trabajadores pertenecientes a empresas que tramitaban expedientes de regulación de empleo, aunque no habían trabajado en las mismas.
“En marzo o abril, detalla la sentencia, “varios militantes socialistas se dirigieron a la entrevista concertada con Guerrero, quien posteriormente ordenaría a la mediadora de seguros Vitalia Vida que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda socio-laboral de alguna empresa; de esta forma tras los estudios hechos por Vitalia relativos a la empresa Surcolor, el referido director general de Trabajo, en fecha 28 de junio de 2006, remite una escueta comunicación a la aseguradora APRA LEVEN mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de la empresa Surcolor, sabiendo, por indicación de la mediadora Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y los dos restantes” eran los militantes socialistas a los que coló.
El regalo de Guerrero con dinero público a uno de los beneficiados consistió en una “paga mensual de 1.300 euros hasta el 31 de enero de 2010, fecha de la jubilación, prestaciones que percibió junto al subsidio de mayores de 52 años”. En el otro caso, la persona favorecida por Guerrero estuvo percibiendo algo más de “1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006″.
El ex director general de Trabajo subvencionó también con 1,4 millones de euros a una empresa que montó su propio chófer, quien a su vez le suministraba droga.
Algunos colaboradores del alto cargo de la Consejería de Empleo explicaron durante el juicio el procedimiento seguido para conceder las ayudas. Una secretaria de Guerrero detalló que “lo relativo a la partida 31L”, correspondiente al controvertido programa de ayudas sociolaborales, “lo llevaba directamente Guerrero”, quien le dictaba los convenios con distintas empresas para conceder las subvenciones, le mandaba la relación de trabajadores afectados y posteriormente se confeccionaba la orden de pago.
Al menos seis personas que participaron en el examen de los expedientes con motivo de la información reservada abierta dejaron durante el juicio innumerables ejemplos del descontrol y caos que se encontraron al revisar la documentación:
—”En algunos expedientes no había ningún acto administrativo. Ninguno de los expedientes seguía el procedimiento legalmente establecido. En algunos no había ni solicitud, ni memoria”.
—”En algunos casos no constaba el DNI de los trabajadores, por lo que no se pudo comprobar si era un intruso. No vimos el ERE, no podíamos saber si los trabajadores estaban incluidos en los ERE”.
—”No vi ningún documento contable, ni de fiscalización. La documentación era muy dispersa e incompleta. No vi ningún expediente de gasto. No había documentación de la fiscalización del gasto”.
—”En las carpetas había un desorden absoluto. No eran expedientes administrativos. Había fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Los expedientes no estaban completos, faltaban piezas clave. No había solicitudes ni resoluciones. Tampoco había expediente de gasto”.
La sentencia concluye que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se acordaban pagos multimillonarios ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, “sin sujeción a procedimiento alg uno en la asunción de dichos compromisos”. Un agujero de corrupción que se prolongó durante 10 años.
Subvenciones a empresas nuevas y sin trabajadores
La investigación judicial analizó con detenimiento la concesión de 16 subvenciones por más de 11 millones de euros a empresas radicadas en la sierra norte de Sevilla, vinculadas a municipios dominados por el PSOE, y destapó un fraude masivo. “Las empresas beneficiadas compartían accionistas y órganos de administración; los pagos de subvenciones a varias de ellas se ingresaron en la misma cuenta bancaria; se constituyeron con muy poca antelación a la concesión de las ayudas; tenían escaso patrimonio propio. “Salvo Matadero de la Sierra Morena, S.A. y su filial Al Ballut, S.L., el resto de las sociedades carece de sustancia económica y de trabajadores. No consta que haya habido solicitud de subvención por parte de las beneficiarias, ni figura ningún documento de las mismas (memoria, proyectos, presupuestos, etc.)”." (J. M. R. el País, 31/07/22)
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