"(...) El contrato de la M30 se fraguó durante dos años hasta que, de una forma cuando menos dudosa, resultó adjudicataria una UTE formada por Ferrovial y Dragados. El contrato es muy extenso, con detallados anexos sobre las tareas a ejecutar para conservar la vía y con un farragoso modelo económico que les voy a resumir en una frase: la empresa mixta (80% de capital público) Madrid Calle30 está obligada a generar beneficios todos los años para que las empresas privadas ganen una cantidad fija cada año. ¿Jugoso verdad?
Ese fue uno de los primeros filones mientras se perfilaban otros tantos en la adjudicación de las obras de soterramiento y sus posteriores modificados de obra, liquidaciones, obras complementarias y toda una ristra de herramientas jurídico administrativas para generar sobrecostes del 40%. Flexibilidad contractual, dirán algunos.
El gran filón llegó en 2007, cuando, a instancias del Ayuntamiento de
Madrid, se tramitó un modificado del contrato de conservación para
elevar el coste de la misma de 12 millones de euros a 23 millones de
euros. Nada mal. Sobre todo porque gran parte de los compromisos ahí
adquiridos no se ejecutaron entonces, sino a partir de 2016, cuando
hicimos una profunda auditoría de todo cuanto allí sucedía. Para ellos,
los contratos no son ese ente robusto y riguroso que hay que cumplir
sino un trámite para otros fines muchos más lucrativos.
Y, saltando de filón en filón, llegamos a Filomena. A todas luces una importante nevada que obligó a movilizar recursos materiales y humanos para intentar restablecer la normalidad en la vía. Permítanme expresarlo con palabras sacadas del contrato con las empresas mantenedoras: “Con carácter de urgencia la Sociedad Adjudicataria [EMESA]” tuvo que acometer “las tareas que resultaron necesarias para solventar las incidencias y emergencias planteadas” –prosigue el texto– para así “lograr la reanudación inmediata del servicio en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad”.
Parece evidente que, ante una emergencia como la acaecida, la empresa formada por Ferrovial y Dragados debería movilizar cuantos recursos fueran necesarios para solventar la incidencia en el menor tiempo posible. Es más, el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas en 2005 para estudiar quién debía conservar la M30 recalcó las enormes ventajas que conllevaba contratar a estas dos empresas en UTE por su dilatada cartera de maquinaria y personal especializado: grúas, máquinas quitanieves…
Pues bien, llegó Filomena. Y el Ayuntamiento de Madrid, a través de
Madrid Calle 30, decidió adjudicar a dedo a EMESA (empresa ya
adjudicataria del mantenimiento de la M30), y por vía de emergencia,
tres contratos para la retirada de coches, árboles y restos vegetales.
Un contrato por cada uno de estos conceptos y 100.000 euros por cada uno
de ellos. Si revisáis la Ley de Contratos del Sector Público veréis
cómo esta modalidad de contratación está justamente limitada a esos
100.000 euros. Pero no seáis malpensados.
Los dos primeros contratos fueron regalados a finales de enero de 2021, concretamente el 23 y el 24. Por su fecha, cercana a la borrasca Filomena de la que ahora se cumple un año, podría antojarse lógico. Sin embargo, cada uno de los conceptos descritos en los contratos estaban ya incorporados en el contrato de 30 millones de euros anuales (precio actualizado de los 23 millones que eran en 2007) que EMESA (Ferrovial+Dragados) firmó en 2005. Pero ya hemos dicho que, si cuentas con un contrato en la M30, con el Partido Popular de por medio, no tienes nada de qué preocuparte.
El tercero de los contratos es el más sangrante de todos. Tramitado y adjudicado en noviembre, 10 meses después de Filomena, utiliza la borrasca para generar el último filón de 100.000 euros y poder adjudicar a dedo y por vía de urgencia (sí, habéis leído bien) un nuevo contrato, otra vez, a EMESA. Es decir, tres contratos para tres conceptos que EMESA debe prestar desde 2005.
Estos tres últimos regalos son una clara prueba de cómo funciona la connivencia entre la derecha política y el oligopolio de las constructoras. No es ninguna sorpresa: es la tónica general que pudimos encontrarnos cuando, en la legislatura anterior, auditamos y exigimos el cumplimiento de todos y cada uno de los documentos contractuales. Pero esta cadena de favores se perpetúa desde hace décadas bajo el paraguas del dinero público. Para ellos, los contratos son sábanas blancas a explorar con el único objetivo de aumentar su cuenta de resultados. (...)"
(Samuel Romero Aporta es exconsejero delegado de Madrid Calle 30. Ingeniero y miembro de Ecologistas en Acción. CTXT, 25/01/22)
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